En el Día de los Derechos Humanos

La Convención de desplazados arranca en África

Desde el pasado día 6- y como un anticipo bienvenido del Día Internacional de los Derechos Humanos que hoy se celebra- África puede contar ya con la Convención de la Unión Africana para la protección y asistencia de personas desplazadas internas como un instrumento de referencia para atender a uno de sus importantes problemas humanitarios y de seguridad. Basta con recordar que, según las cifras que aporta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el continente se localizan no menos de 9,7 millones de personas desplazadas, forzadas a abandonar sus lugares de residencia- sea como resultado de una catástrofe natural o de un conflicto violento-. Al no haber podido atravesar una frontera internacional su vulnerabilidad es, en general, mayor que la que afecta a los refugiados porque el manto protector y asistencial (cada vez más precario, en todo caso) del ACNUR apenas les alcanza, quedando al albur de unos gobiernos que no siempre son sensibles a sus necesidades y que, en demasiadas ocasiones, se convierten en los principales violadores de sus derechos.

Con la firma de Suazilandia (el pasado 12 de noviembre) se cumple ya la condición establecida en el texto de la llamada Convención de Kampala- por haber sido acordada en la capital de Uganda, el 23 de octubre de 2009-, que fijaba su entrada en vigor en el momento en que hubiera quince países miembros de la UA que ratificarán el texto.

La Convención de Kampala es una referencia histórica dado que:

• Es el primer instrumento internacional legalmente obligatorio en materia de protección y asistencia de desplazados internos que engloba a todo un continente;
• Establece un marco legal integral que contempla varias causas de desplazamiento- incluyendo los conflictos violentos, los desastres naturales y los macroproyectos públicos-, fijando además un conjunto integral de derechos y estándares;
• Identifica a los Estados como los principales responsables en la tarea de respetar, proteger y satisfacer los derechos de los desplazados internos y encontrar soluciones para ellos; y
• Demanda una acción nacional y regional para evitar posibles desplazamientos (introduciendo un enfoque preventivo muy apreciable), así como una cooperación no solo entre los Estados firmantes sino también con las organizaciones internacionales y la sociedad civil para asegurar la protección y asistencia de los desplazados.

En todo caso, la Convención no es más que un primer paso, al que deben seguir muchos otros para lograr que sea un mecanismo efectivo en la gestión y solución de los múltiples problemas que sufren actualmente esas personas. Por un lado, basta con recordar que en el mundo westfaliano en el que seguimos viviendo, son muchos los gobiernos que siguen viendo la cuestión de los desplazados como un asunto exclusivamente interno. De ahí se deriva una notable resistencia a admitir sin reservas cualquier iniciativa promovida por la comunidad internacional (o, en este caso, por la UA), dado que todavía son muchos los Estados que la percibirían como una injerencia en sus propios asuntos, aferrados a un concepto de soberanía que choca en buena medida con el que se contempla en el principio de responsabilidad de proteger.

Por otro, cabe recordar que todavía faltan por firmar la Convención países como Argelia, Botswana, Camerún, Egipto, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi, Marruecos, Mauritania, Sudán, Sudán del Sur y Suráfrica. Todavía peor, ni la República Democrática del Congo- que alberga no menos de 1,7 millones de desplazados- ni Somalia- con no menos de 1,46- han ratificado todavía el documento; mientras que Sudán- con un volumen estimado en 2,2 millones de desplazados- ni siquiera lo ha firmado. Es evidente que si esos tres países, que acumulan más de 5 millones de desplazados, no cambian de opinión a corto plazo será muy difícil augurar un futuro positivo a un documento que, de cualquier manera, hay que recibir con satisfacción.

Fuente: elpais.com