miércoles, 31 de octubre de 2012

Cancelación de antecedentes policiales

Requisitos y procedimiento para cancelar los antecedentes policiales en España
Los antecedentes policiales desfavorables derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo que han llevado, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas.
PROCEDIMIENTO
El derecho de acceso a los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado viene consagrado en el artículo 104 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Dicho derecho, así como los de información, rectificación y cancelación, son derechos personalísimos independientes, de tal forma que el ejercicio de uno no es requisito para el otro, estando regulados en su aspecto material por la Ley Orgánica citada, cuyo desarrollo se complementa por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en su aspecto de fondo y que ha sido desarrollado en el formal por la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de datos (BOE núm. 25 de 29-01-1998).
El derecho de información está recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica con la salvedad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogida en el artículo 22, de obtener datos sin consentimiento del afectado.
El derecho de acceso a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica, sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, ssalvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes; siendo un derecho personalísimo se ejercerá por petición dirigida al responsable del fichero con medio que garantice su identificación.
El afectado podrá optar para su consulta:
* Visualización en pantalla.
* Escrito, copia o fotocopia remitida por correo.
* Telecopia.
* Cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero ofrecido por el responsable del mismo.
La petición se resolverá en el plazo de un mes desde la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se responda de forma expresa, ésta podrá entenderse desestimada a los efectos del artículo 18.1 de la referida Ley Orgánica. Si las causas de denegación son las contendias en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 22 de la Ley Orgáncia 15/1999 (peligro para la seguridad, infracciones penales, etc.) cabe el recurso indirecto del artículo 23.3 ante la Agencia de Protección de Datos.
Obtenido el acceso tendrá un plazo de diez días para realizarlo por el medio deseado.
Los requisitos formales para ejercer el derecho de acceso son:
* Instancia de solicitud dirigida al responsable del fichero en la que se hagan constar los datos personales del solicitante.
* Domicilio a efectos de notificación.
* Fotocopia de DNI/NIE o pasaporte en vigor, salvo que se haya prestado consentimiento para verificar los datos de identidad. Para los extranjeros que carezcan de NIE, fotocopia del Pasaporte en vigor.
* En caso de actuar a través de representante legal, poder de representación específico para el ejercicio del derecho de acceso.
En el caso de que no disponga de datos de carácter personal, deberá igualmente comunicarlo el responsable del fichero al interesado.
Los derechos de cancelación y rectificación se ejercitarán si los datos de carácter personal del afectado son inexactos o incompletos, pudiendo solicitar la rectificación y, en su caso, la cancelación si lo estimase por haber pasado el tiempo de prescripción o hubiera sobreseimiento de la causa, etc., o estuviese la cancelación motivada por los mismos supuestos que la rectificación.
Dichos derechos se harán efectivos por el responsable del fichero en los diez días siguientes a la recepción. En la solicitud del derecho de rectificación deberá indicar qué datos son erróneos y la corrección que deberá efectuarse con la documentación justificativa. Igualmente, en la solicitud de cancelación deberá acompañar documentación justificativa del dato o datos que pretende cancelar.
Se considerarán antecedentes desfavorables de carácter policial los derivados de hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas, y que hayan dado origen a la instrucción de diligencias remitidas a la Autoridad Judicial.
Estos antecedentes serán susceptibles de cancelación y/o anulación, con arreglo a las siguientes normas:
o Cancelación de oficio: Se tendrán en cuenta los plazos de prescripción de responsabilidad penal establecidos en el Código Penal.
o Cancelación a instancia de parte: Se decretará en aquellos casos en que la Autoridad Judicial dicte sentencia condenatoria contra el solicitante, siendo preceptiva para llevarse a efecto, la previa cancelación de los antecedentes penales derivados de dicha sentencia, en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
o Anulación: Procederá en todos los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución, sobreseimiento o archivo. Asimismo se decretará la anulación en los casos en que, aun siendo la sentencia judicial condenatoria, hayan transcurrido cinco años, a contar desde la fecha de remisión definitiva de la pena impuesta, sin que se hayan incorporado nuevos datos desfavorables al expediente personal del solicitante

Fuente: Parainmigrantes

martes, 30 de octubre de 2012

Sobre explotación infantil

Guía metodológica para la evaluación y manejo de los impactos del trabajo infantil, en las actividades empresariales
Autor: Fundación Telefónica
Descripción:
La “Guía Metodológica para la Evaluación y Gestión de los Impactos del Trabajo Infantil en los Negocios”, ha sido elaborada por Movistar y la Fundación Telefónica en Colombia para ayudar a las empresas a paliar esta lacra que afecta a 215 millones de niños en el mundo.
El objetivo de Telefónica no es que la guía -desarrollada como parte de su trabajo con la Red Colombiana del Pacto Mundial- sea una simple buena práctica sino que quieren trasladarla a otras empresas latinoamericanas a través de las Redes Locales del Pacto Mundial y del Centro Regional para América Latina y el Caribe; usarla como referencia con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones multilaterales con las que tienen relación en su cadena de suministro; tomarla como ejemplo de colaboración público-privada ante los gobiernos, y mostrarla a los inversores como herramienta para garantizar procesos internos y externos responsables.
Para su elaboración, Fundación Telefónica ha contado con la participación y el respaldo del Ministerio de Trabajo de Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Andi (Asociación Nacional de Industriales), así como con el apoyo técnico de la consultora Trust.

Fuente: Obra Social Caixagalicia

Población Gitana, Empleo e Inclusión Social

Un estudio comparado: Población Gitana Española y del Este de Europa

Autor: Fundación Secretariado Gitano
Descripción:
El estudio “Población Gitana, Empleo e Inclusión Social. Un estudio comparado: Población Gitana Española y del Este de Europa” se ha realizado en el marco del proyecto EU-Inclusive -en el que han participado Rumanía, Bulgaria, Italia y España- y ha sido financiado por el Fondo Social Europeo de Rumanía, y cofinanciado, en el caso de España, por el por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La investigación refleja la realidad de la población gitana española y del Este de Europa en cuanto a la formación, el empleo y la inclusión social. Estos son algunos de los datos que pone sobre la mesa:
La tasa de actividad de las mujeres gitanas menores de 25 años (53,6%) ha caído en 4.6 puntos en los últimos seis años, una tendencia muy positiva que responde a un aumento de la dedicación a los estudio de las que las jóvenes gitanas, descendiendo su papel de ayuda en el hogar.
En los últimos seis años ha habido un avance de la población gitana en todos los niveles educativos: el analfabetismo se ha reducido en 4,4 puntos, situándose en el 60,9% de las personas gitanas activas. El índice de la población gitana sin estudios se ha reducido en 7,5 puntos.
Un elevado porcentaje (26%) de la población gitana ocupada trabajando ayudando a algún miembro de su familia en sus actividades laborales -como venta en mercadillos, recogida de chatarra, etc. (economía familiar)-. Tan solo un 0,8% del conjunto de la población española se dedica a esta actividad.
El 50% de las personas gitanas del Este que emigraron a España lo hicieron para poder encontrar un trabajo.
Tres de cada diez personas gitanas, tanto españolas como del Este, se han sentido discriminadas en el ámbito del empleo en el último año. Pese a ser dato elevado, es menor que el aportado en 2005, que alcanzaba el 45%.

Fuente; Obra Social Caixagalicia

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones para fines de interés social de carácter medioambiental

Publicación en: BOE Num. 257, de jueves 25 de octubre de 2012
Finaliza el plazo el día 26 de noviembre de 2012

Ayudas destinadas a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al Protectorado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que desarrollen programas en más de una Comunidad Autónoma, que por su naturaleza no sean susceptibles de territorialización, en relación con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y el cambio climático.

viernes, 26 de octubre de 2012

La lección de la niña Malala


El atentado contra la activista por la educación de las niñas sacude Pakistán

Quien miraba por miedo a otro lado comienza a indignarse
A más educación más bienestar
Activistas paquistaníes portan fotos de la niña Malala en una protesta por el atentado contra la muchacha por disparos de los talibanes de este país. / arif ali (afp)
Cuando estuvieron en el poder en Afganistán, prohibieron la escolarización y el trabajo de las mujeres y las confinaron a sus casas como si fueran muebles. Derribado su régimen, se han dedicado a quemar escuelas de niñas y a amedrentar a quienes han osado plantarles cara. Han matado a sangre fría a maestras, funcionarias y policías. Esa crueldad no les ha impedido ganar adeptos al otro lado de la frontera, en Pakistán, donde sus hermanos ideológicos también han utilizado el asesinato y la intimidación para imponerse en aquellas zonas en las que el Estado es más débil. Pero el ataque de los talibanes contra Malala Yousafzai, la adolescente que defendía en público el derecho de las niñas a ir a la escuela, ha indignado incluso a muchos de los que miraban para otro lado.
“Que esto sea una lección”, declaró el portavoz de los talibanes paquistaníes al responsabilizarse del atentado. Más tarde, cuando se supo que Malala podía sobrevivir, dejaron claro que volverían a la carga. ¿A qué se debe tanta inquina? ¿Qué hay detrás de la oposición talibán a la educación de las mujeres? ¿Tan peligroso les parece que se formen?
La esperanza en un pañuelo blanco
Si hay una imagen que refleje la esperanza de Afganistán, es la de las niñas a la salida de clase. Con sus uniformes negros y sus pañuelos blancos sobre la cabeza son la promesa de un futuro distinto para un país castigado por la geografía, la guerra, vecinos sin escrúpulos y gobernantes corruptos. Para esta corresponsal que lo visitó durante los oscuros años del régimen talibán, las risas despreocupadas de esas crías mientras corretean alrededor de sus madres o hermanos de vuelta a casa hacen olvidar el silencio sepulcral que entonces oprimía a los afganos.
Con 30 millones de habitantes y 12 de ellos entre los 7 y los 12 años, Afganistán tiene hoy una de las proporciones más altas del mundo de niños en edad escolar. Aunque todavía cinco millones no están escolarizados, de los que van a alguna de las 12.500 escuelas, un 37% son niñas. Hace 10 años apenas había un millón de escolares, todos chicos, y 3.400 escuelas repartidas por todo el país.
A pesar de ese considerable avance, siguen existiendo importantes limitaciones para el acceso de las chicas a la educación. Desde el elevado coste de la enseñanza (libros, uniformes, etcétera) hasta la falta de suficientes maestras (apenas un 30% del cuerpo docente). Una vez cumplidos los 10 años, muchas familias consideran inaceptable que las niñas tengan profesores hombres y les parece más importante encontrarles un marido. Un 43% de las mujeres están casadas antes de los 18 años, muchas aún niñas. Según el informe de este año del programa Educación para Todos de la ONU, mientras que un niño afgano permanece en la escuela 10,1 años, una niña solo está 6,1 años (la media global es de 11,6 y 11,3). Además, los avances realizados durante la última década penden de un hilo debido a la persistencia del conflicto civil. La insurgencia talibán y el peso de la tradición impiden que las niñas vayan a clase en 200 de los 412 distritos en que se divide el país.
Sardar Roshan, exministro de Educación afgano y actual director de un centro de formación profesional privado en Kabul, lo atribuye a “una combinación de ignorancia y prejuicios muy arraigados”. En una conversación telefónica manifiesta que “el analfabetismo y el atraso hacen que se vea la escolarización de las niñas como fruto de la influencia occidental”. De ahí, asegura, que aunque solo los más extremistas se opongan a la educación femenina, el resto tema defenderla abiertamente o criticar a quienes la sabotean quemando colegios.
Para Zeenia Shaukat, una experta en desarrollo y activista de los derechos humanos paquistaní, hay algo más: una sociedad patriarcal en la que “la mayoría de los padres considera las funciones reproductivas y domésticas de las niñas más importantes que formarlas intelectual y profesionalmente”. En ese contexto, “cualquier intento de excluirlas del sistema educativo, por parte de los talibanes o de otros grupos extremistas, encuentra menos resistencia”, explica en un e-mail.
“La oposición de los talibanes [a la educación de las niñas] es parte de su identidad, de su ideología nihilista”, defiende Isobel Coleman, investigadora principal en el Council of Foreign Relations y autora de Paradise beneath her feet (Randon House, 2010), sobre cómo las mujeres están transformando Oriente Próximo. “Si nos atenemos a lo que decían cuando estaban en el poder en Afganistán, no se oponen a que las niñas vayan a la escuela, pero quieren que lo hagan según sus normas, con sus profesoras, su programa, etcétera, algo que nunca pusieron en práctica”, añade por teléfono antes de apuntar a la enorme hipocresía de que “muchos altos dirigentes talibanes enviaban a sus hijas a la escuela fuera de Afganistán”.
Para Coleman, el ataque a Malala “es puro terrorismo, un intento de sembrar el miedo entre la gente, de decirles que ni siquiera una niña de 15 años está fuera de su alcance” (aunque hasta ahora se había dicho que tenía 14, cumplió 15 el pasado julio).
Los talibanes han quemado escuelas de chicas tras su caída del poder
La joven estudiante, que había recibido amenazas previas, sufrió de forma directa lo que significa vivir bajo la férula talibán cuando en 2009 esa milicia se hizo con el control del valle del Swat, en cuya capital, Mingora, vivía con su familia. Cerraron todas las escuelas de niñas, incluida la suya, que dirigía su padre. Lo contó en un blog y desde entonces no ha dejado de hacer campaña a favor del derecho a la escolarización de las paquistaníes.
“Dispararon a Malala porque la educación de las niñas amenaza todo lo que ellos defienden. El mayor riesgo para los extremistas violentos en Pakistán no son los drones estadounidenses. Son las niñas con formación”, ha escrito Nicholas D. Kristof en The New York Times.
No es solo una opinión. Hay datos que la sustentan. Según el Banco Mundial, “educar a las niñas es una de las mejores formas no solo de avanzar en la igualdad de género, sino de promover el crecimiento económico y elevar el bienestar general”. El conocimiento tiene un efecto multiplicador porque las mujeres tienden a invertir en sus comunidades. Así, por cada año más de escolarización, aumenta su salario un 10%, se reduce la mortalidad infantil al menos un 5% y también se extiende la permanencia de sus hijos en la escuela.
Pero las más educadas también tienden a casarse más tarde, tener menos hijos y a adquirir independencia económica. Eventualmente, eso les lleva a querer tomar las riendas de sus vidas y entonces ponen contra las cuerdas el sistema patriarcal que los talibanes defienden a capa y espada. Los fanáticos, que según Shaukat “ven a las mujeres independientes como una amenaza al dominio masculino de la sociedad”, justifican su intransigencia al respecto en la sharía, o ley islámica, dando así argumentos a quienes en Occidente consideran misógino el islam.
“Es una mezcla de ignorancia y prejuicios”, dice un exministro afgano
“Es una interpretación misógina del islam, una interpretación muy conservadora y literal que constriñe la función de la mujer en la sociedad”, opina Coleman antes de precisar que “hay muchas interpretaciones y muchas prácticas, y ninguna otra llega a tales extremos”.
“No tiene raíz religiosa, sino cultural”, apunta por su parte Roshan, el exministro de Educación, quien no obstante defiende que la sociedad afgana en general no se opone a la educación de las niñas y que el rechazo es algo importado. “Antes de que nos sumiéramos en la guerra hace tres décadas, las niñas iban a la escuela”, asegura, y pone como ejemplo la buena acogida del centro de formación profesional que dirige y que tiene un alumnado mixto. “Son ideas de fuera de nuestras fronteras, inspiradas en círculos muy conservadores de Oriente Medio que las introdujeron en la época de los muyahidín”, explica en referencia a quienes combatieron contra la ocupación soviética y evitando mencionar a Arabia Saudí, que los financió.
El dinero saudí ha contribuido sin duda a extender la interpretación puritana y patriarcal del islam beduino predominante en ese país. No obstante, como apunta Coleman, “incluso, donde las mujeres tienen menos derechos legales que en Afganistán y Pakistán, hace décadas que han accedido a la educación y en la actualidad constituyen una mayoría significativa en las universidades”.
“La religión es solo una excusa. Ni el islam ni ninguna otra imponen límites a la educación de las niñas. Muchas comunidades manipulan la religión en ese sentido”, afirma Shaukat. Esta activista recuerda que “hay muchas zonas del mundo en las que se limita la escolarización de las niñas debido a la pobreza, los matrimonios tempranos o porque, de tener que elegir, los padres prefieren educar a los hijos”.
“No conozco ningún otro caso, aparte de Afganistán y Pakistán, en el que se niegue el derecho a la educación de las niñas”, refuta Coleman que visitó esos países para escribir Paradise beneath her feet. “En otras partes del mundo no es una prioridad, pero salvo algún grupo extremista como los Al Shabab en Somalia y últimamente en Malí, no se trata de un rechazo institucionalizado”, explica.
En Afganistán hay 64 niñas escolarizadas por cada 100 niños
Lieke van de Wiel, consejero de educación de Unicef para Asia del Sur, confirma en un e-mail que “tanto en Afganistán como en Pakistán, la predisposición de los padres a enviar a sus hijas a la escuela es menor que otros países, donde también se dan casos de rechazo en algunas zonas, pero menos”. Este experto también señala que los ataques a escuelas femeninas o a niñas que van a clase son más frecuentes en ambos, aunque carece de datos de centros dañados o escolares afectadas.
En los últimos años se ha reducido la diferencia en la educación de niñas y niños en todo el mundo, y dos tercios de los países han alcanzado la paridad en la primaria. Afganistán y Pakistán no están entre ellos. En el primero, apenas hay 64 niñas escolarizadas por cada 100 niños, y solo un 18% de ellas completa la primaria (frente al 54% de los varones). Con todo, se trata de un gran avance ya que 10 años atrás, durante el régimen talibán, no había escuelas femeninas. Más sangrante es el caso de Pakistán que, sin el lastre de las tres décadas de guerra de su vecino, tiene una ratio de escolarización de 79,64 chicas cada 100 chicos y una diferencia significativa entre quienes acaban la primaria en ambos sexos (el 60% frente al 78%). India tiene una ratio de 92,18, Irán de 96,38 y Arabia Saudí de 97,15.
No obstante, Shaukat se muestra convencida de que el rechazo a la escolarización de las niñas se ha reducido. “Ahora, si la gente tiene la oportunidad, prefiere educar a sus hijas”, afirma. Para ella, la situación actual es “un fracaso del Estado que no ha sido capaz de hacer la educación accesible para todos, a pesar de que una reciente enmienda constitucional la consagra como un derecho fundamental de los ciudadanos”.
Con 190 millones de habitantes, Pakistán aún tiene fuera de las aulas a ocho de sus 20 millones de niños en edad escolar, y el porcentaje de chicas es mayor que el de chicos. A Shaukat le preocupa además “la calidad de la educación”. En su opinión, “el currículo que se enseña en numerosas escuelas aún fomenta una ideología estrecha de miras que se centra en la supremacía de una religión y una nacionalidad sobre la otra, con poco espacio para el pensamiento crítico”.
Por año de colegio, crece el salario de la mujer un 10% y cae la mortalidad infantil
Shaukat no lo menciona con su nombre, pero se está refiriendo al islamismo radical con el que han coqueteado los sucesivos Gobiernos militares y civiles, que es el caldo de cultivo de los talibanes y que refuerza el machismo de la sociedad paquistaní. A pesar de haber sido el primer país islámico en elegir a una mujer para dirigir el Gobierno (Benazir Bhutto, en 1993), Pakistán quedó en una vergonzosa tercera posición en la lista de países con mayor brecha de género elaborado el año pasado por el World Economic Forum.
“Pakistán, como nación, no ha hecho suficiente por la educación de sus mujeres”, concurre Coleman. En su libro cuenta que el Gobierno apenas dedica un 1% de su presupuesto a la educación frente al 30% destinado a defensa. El mismo desequilibrio se repite en la ayuda que recibe de EE UU, su principal aunque incómodo aliado. Según datos recogidos por la prensa de ese país, Washington le da un dólar para educación por cada 10 para asistencia militar, y eso después de que recientemente triplicara la aportación civil hasta 170 millones anuales.
La esperanza de los observadores es que el atentado contra Malala sirva de punto de inflexión para que tanto los ciudadanos como las autoridades de Pakistán reflexionen sobre la grave situación en la que se encuentra el país y cambien sus prioridades. “Debería ayudar a que la gente diera la espalda a los talibanes y a su ideología; se presentan como defensores de los valores auténticos y sobre todo como adalides frente a EE UU y Occidente, pero eso no puede justificar su brutalidad”, concluye Coleman, para quien el rechazo popular es la única solución, ya que combatirlos con las armas solo les da más alas.

Fuente: elpais.com

La caridad bien entendida comienza por uno mismo

Amancio Ortega da 20 millones a Cáritas en la mayor donación privada a la ONG

La entrega se realiza a través de la fundación del creador de Inditex

Amancio Ortega en una imagen de archivo / getty

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, donó ayer 20 millones de euros a Cáritas a través de su fundación, según informó esta organización a través de un comunicado que llamó la atención de los medios por lo inusual de las aportaciones millonarias a título personal en España. De hecho, el convenio representa la mayor aportación privada que recibe la asociación solidaria en sus 55 años de historia. Pero no podía ser de otra manera teniendo en cuenta de quien viene: la tercera persona más rica del mundo con una fortuna cercana a los 40.000 millones de euros. Por delante de él, solo el empresario mexicano Carlos Slim y el creador de Microsoft y filántropo por excelencia, Bill Gates, gestionan un patrimonio mayor, según la agencia económica Bloomberg.
Aunque en relación a la fortuna de Ortega la donación apenas supone un 0,05% de su riqueza, lo que para un español de a pie con 10.000 euros de patrimonio supondría una aportación de cinco euros, la decisión supone un espaldarazo importante para Cáritas, según reconocieron desde la organización. Este dinero representa, aproximadamente, el 8% del total de los recursos que gestiona al año y, a modo de ejemplo, basta por sí solo para sustentar todo su programa de empleo, según datos de la memoria de 2011.
Este dinero supone el 8% del total de los recursos que gestiona al año Cáritas
No obstante, el apoyo es mucho más que monetario. El director de gestión de la organización solidaria, José Luis Pérez, destacó que la donación de Ortega, además de ayudar a muchas personas, es un refuerzo en calidad y cantidad a la labor que Cáritas ha venido haciendo durante muchos años”. Por este motivo se mostró confiado en que la decisión del empresario anime a otros, tanto a particulares como a empresas y, también, a los que más han reducido sus aportaciones en los últimos años, las instituciones públicas y las Administraciones.
De hecho, frente al descenso de los recursos públicos, recortes que han venido impuestos como tantos otros en el campo social para embridar el déficit, las aportaciones particulares han seguido la evolución contraria, lo que ha permitido enjugar la mayor necesidad de fondos. El pasado año, sus donaciones alcanzaron el 66% del total del dinero del que pudo disponer Cáritas. En concreto, de los 250 millones que tuvo de presupuesto en 2011, unos 166 millones provinieron de manos privadas. La Conferencia Episcopal Española, de su parte, aportó cinco millones.
Frente a las dificultades para captar recursos, el número de personas que acuden a Cáritas pidiendo ayuda se ha triplicado por culpa de la crisis, recordó Pérez, que hace a su vez una especial mención para los 64.250 voluntarios que hacen posible la labor de la organización. En total, durante el pasado año atendieron a un total de 1,8 personas en España y a 6,3 millones en todo el mundo.
El destino que se dará al dinero de Amancio Ortega, a la sazón también el hombre más rico de España, será el de “cubrir las primeras necesidades de las personas que acuden a Cáritas pidiendo ayuda”, explicó Pérez. Según reza en el texto del convenio, los fondos se utilizarán para “afrontar las necesidades en materia de alimentación, ayuda farmacéutica, servicios de vivienda y material escolar” de los más desfavorecidos.
El empresario, que ha hecho de su grupo empresarial el más importante del sector textil internacional, lleva desde 1990 realizando obras benéficas a través de la Fundación Amancio Ortega, aunque prefiere ceder el protagonismo de estas obras a los beneficiados, como el caso del convenio de Cáritas. La práctica de las donaciones es habitual entre los mil millonarios de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde destinan importantes cantidades a proyectos de ayuda, arte, investigación o apoyo a los más desfavorecidos, pero pasa desapercibida en España.
Entre los personajes más activistas en el campo de la filantropia destaca Bill Gates, que recientemente ha propuesto al selecto club de las personas más ricas del mundo donar el 50% de su fortuna a su muerte. De momento ya ha convencido a una treintena, entre ellos a Warren Buffett, a quien precisamente Ortega arrebató este verano el tercer puesto en la lista de ricos de Bloomberg. Ahora también pugna con él en solidaridad.

Fuente: elpais.com

El coste de una travesía

Salvamento Marítimo recupera 14 cadáveres de una zódiac naufragada

Rescatados 17 supervivientes de la embarcación siniestrada en el mar de Alborán
Una persona dio aviso de que había zozobrado una barca con 70 embarcados
Imagen de la patera a la 01.20 de la pasada madrugada tomada por un avión de Malta a 30 millas al norte de las Chafarinas.

La llamada de un familiar de uno de los ocupantes de la embarcación, que no había recibido ninguna noticia sobre la llegada de la expedición, alertó del posible naufragio. Según el informante, la zódiac, de apenas nueve metros de eslora, partió en la madrugada del miércoles desde las cercanías de Nador (Marruecos) hacia la costa española con unas 70 personas de origen subsahariano a bordo.

Un inmigrante, al llegar al puerto de Motril. / M. ZARZA
La Guardia Civil fue informada inicialmente de que, además de los 14 fallecidos y los 18 supervivientes, había 41 personas desaparecidas. Según explicaron fuentes de Salvamento Marítimo, el avión de rescate dio vueltas durante tres horas alrededor del último avistamiento sin hallar nada. “Ya no es posible encontrar más gente con vida, todas las personas que permanecían en el agua” fueron rescatadas, vivas y muertas, han asegurado a este periódico.
Sin embargo, una fotografía tomada por un avión de Malta, y cedida por la Cadena Ser, muestra más de 30 personas a bordo de la embarcación. La imagen fue captada a la 01.20 del jueves a 30 millas al norte de las islas Chafarinas por un avión que participaba en la Operación Indalo, coordinada por la Agencia Europea de Control de Fronteras. También una superviviente citada por Efe confirma que en la embarcación viajaban alrededor de 70 personas.


18 inmigrantes rescatados con vida
El rescate y recuperación de los cadáveres comenzó a las tres de la tarde, cuando el avión de Salvamento Marítimo Sasemar 101 localizó el bote neumático y comprobó que había varias personas en el agua, por lo que lanzó una balsa salvavidas a la que lograron subir algunas de ellas. Salvamento Marítimo había comenzado la búsqueda un día antes pero tuvo que suspenderla al caer la noche después de rastrear las aguas del litoral granadino y almeriense sin éxito.
Inmediatamente, el Salvamar Hamal se dirigió a esa posición para colaborar en las tareas de rescate, mientras el Sasemar 101 le remitía las coordenadas de todos los cuerpos que avistaba en el agua. Los tripulantes del Salvamar Hamal recogieron a las personas que estaban flotando en el mar, algunas de ellas todavía con vida, y a los que aún permanecían en la barca semihundida.

Dos de las inmigrantes que han llegado a Melilla en una patera, en la noche del jueves. / JESÚS BLASCO AVELLANEDA
Según informó Salvamento Marítimo, en un primer momento los supervivientes fueron llevados al puerto marroquí de Alhucemas, ya que algunos necesitaban “asistencia médica urgente”. Sin embargo, las autoridades marroquíes no se hicieron cargo de los rescatados ni de los cuerpos sin vida, al alegar que su normativa lo impide porque se trata de personas no nacionales y embarcadas en un buque no marroquí, informó la agencia Efe. Solamente el superviviente más grave se quedó en Alhucemas, donde fue ingresado en un hospital.
El buque Salvamar Hamal llegaba con los supervivientes al puerto de Motril (Granada) a las 00.20 hora de España peninsular. La Cruz Roja ha ayudado a desembarcar a los 17 inmigrantes que llegaron en "buen estado" según las primeras impresiones de miembros del equipo que los atendió y que se temían una situación "peor". Los supervivientes - entre los que se encontraba una mujer embarazada - presentaban leves hipotermias y algunas náuseas y algunos han sido trasladados en silla de ruedas al centro de acogida temporal que Cruz Roja tiene en el puerto granadino.
Unos minutos más tarde, la embarcación se trasladó a la dársena comercial donde tuvo lugar el desembarco de los 14 cadáveres. Los cuerpos sin vida aún están en la embarcación, mientras que en la dársena pesquera y comercial hay un fuerte dispositivo para atender a los supervivientes y hacerse cargo de los cuerpos.
Al lugar del rescate se desplazaron también la patrullera Río Miño de la Guardia Civil, dos patrulleras marroquíes, el helicóptero Helimer 211 de Salvamento Marítimo y el avión Cóndor VI de la Operación Indalo.
Según Salvamento Marítimo, la travesía era de “riesgo crítico” por las “precarias condiciones” en las que viajaban, en una zódiac “sobrecargada”. El servicio dependiente del Ministerio de Fomento descarta que las condiciones meteorológicas fueran la causa del hundimiento, ya que había poco viento y la visibilidad era buena.

Varios intentos en las últimas horas
Un día antes, este servicio dependiente del Ministerio de Fomento había coordinado el rescate de 10 hombres de origen subsahariano de una patera localizada a unas 10 millas al suroeste de Tarifa. La embarcación Salvamar Alkaid los trasladó a Tarifa en buen estado de salud.
También ayer, una patera con unas 20 personas, arribó a Melilla, frente al Club Náutico de la ciudad autónoma, informa Miguel Ángel Medina. Entre los ocupantes viajaban algunas mujeres embarazadas, que fueron atendidas por los servicios médicos. El resto escapó por las calles de la ciudad. La Guardia Civil ha iniciado su búsqueda.

Fuente: elpais.com

jueves, 25 de octubre de 2012

Renovación del Permiso de Residencia SIN contrato de trabajo

¿Puedo renovar el permiso de trabajo sin un contrato de trabajo? ¿Cómo puedo hacerlo?

Existen varios supuestos para poder renovar los permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena. La normal general exigirá tener un contrato de trabajo para poder renovar el permiso de trabajo. Pero la normativa de extranjería también establece distintos supuestos en los que el extranjero podría renovar su documentación en España sin tener un contrato o haber trabajado un mínimo de tiempo por año.
La normativa, por ejemplo, estable la posibilidad de renovar en el caso de que el extranjero haya trabajado al menos 9 meses por año y en el momento de la renovación no disponga de ese contrato. También se prevé la renovación si ese extranjero sin contrato tiene un familiar que cumpliera los requisitos económicos de la reagrupación familiar o incluso, en el peor de los casos, podría renovarse el permiso si se dispusiera de un Informe de Esfuerzo de Integración.
Por lo tanto, debemos indicar que SÍ es posible renovar el permiso de residencia y trabajo sin contrato de trabajo, pero sólo si se dan otros requisitos.

Fuente: Parainmigrantes

Tomemos conciencia, por favor

Libro Dinero y Conciencia

Miles de personas ponen conciencia al dinero
Las conferencias Dinero y Conciencia, de Joan Antoni Melé, han reunido a 10.000 personas durante este año
Cada vez más personas son conscientes de la importancia que tiene para toda la sociedad un uso personal más responsable del dinero. Un fin al que pretende contribuir el libro Dinero y Conciencia. ¿A quién sirve mi dinero? , cuyos derechos de autor están cedidos a la Fundación Triodos, y que ha superado los 5.000 ejemplares vendidos.

Fuente: Triodos Bank

miércoles, 24 de octubre de 2012

Concello de Vigo

Subvencións para o fomento do asociacionismo e da participación cidadá

Publicación en BOP Pontevedra, Num. 204, do martes 23 de outubro de 2012
Finaliza plazo : Sábado 10 de novembro de 2012


Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Emprego, Participación Cidadá e Voluntariado do Concello deVigo, ten por obxecto a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas ás asociacións veciñais e sociedades culturais, sen ánimo de lucro que operan no movemento veciñal, constituídas legalmente como tales,para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral, realizadas ou pendentes de levar a cabo no ano 2012. Están dirixidas a fomentar o asociacionismo e a participación cidadá, co fin de reforzar a capacidade de autoorganización das entidades asociativas e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción de calidade de vida e benestar social da cidadanía.

martes, 23 de octubre de 2012

¿Y ahora qué hacemos con seis millones de inmigrantes?

Empleo y servicios sociales, pilares de la integración, se desploman por la crisis
La salida de extranjeros se acelera
Los políticos eluden el debate sobre cómo gestionar la mayoría que se queda

Un inmigrante, a las puertas de un centro sanitario en Madrid. / LUIS SEVILLANO

 En España vivían a principios de año 5,7 millones de extranjeros, un 12% de la población. Si se incluyen en el cálculo los residentes nacionalizados, la cifra se eleva a 6,7 millones, un 14%. Pese a la excepcional rapidez e intensidad del fenómeno, hasta ahora el flujo migratorio no ha sido fuente de conflictos sociales o episodios xenófobos de especial gravedad. Pero la crisis y los recortes económicos están minando rápidamente los principales cimientos de la integración de los extranjeros: empleo y prestaciones sociales. Un reciente informe de Cáritas alerta de que, del millón de personas atendidas por la organización en 2011, más de la mitad fueron inmigrantes. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) subrayan otro contundente reflejo de esta situación: la salida de extranjeros del país ha experimentado un gran acelerón en lo que va de año.
El saldo entre salidas y llegadas indica que el colectivo extranjero se ha reducido en 120.000 personas en nueve meses. Una cifra importante, pero que representa solo el 2% de los residentes regulares. ¿Qué pasará con los demás? ¿Está preparada la sociedad española para completar el proceso de metabolización de tantos inmigrantes? ¿O el nuevo escenario empuja inexorablemente el país hacia un horizonte de estampida y conflictos sociales?
Las grietas en los pilares del edificio son enormes. El trabajo, gran factor de integración, se desvanece: la tasa de paro entre inmigrantes se eleva a la estratosférica cota del 35% (frente al 22% de los nativos). “Y el problema no es solo que haya un desempleo tan elevado, o que la cobertura del paro se esté agotando para muchos. El problema es que, incluso cuando la economía se recupere, previsiblemente no lo hará en los sectores en los que son empleables buena parte de los inmigrantes en España”, observa Philippe Fargues, director del Migration Policy Center del Instituto Universitario Europeo.
Por otra parte, el colapso de los recursos disponibles está causando una reducción de las prestaciones y servicios sociales, precisamente en un momento de gran crecimiento de la demanda. Datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales indican que en 2010 fueron atendidas en España más de ocho millones de personas, un 19,5% más que en 2009. La suma de los dos factores —paro y recortes— empuja hacia la marginalidad a muchos inmigrantes, que suelen contar con menor colchón de ahorro y red familiar que los nativos.
“Los inmigrantes, obviamente, actúan de manera racional, y la falta de trabajo y servicios les induce a ir a otros sitios. Pero, a menudo, hay factores igualmente racionales que los vinculan al territorio —como la lengua, la escolarización de los hijos, redes familiares— y que complican la decisión de volver a emigrar”, argumenta Fargues. Muchos extranjeros probablemente abandonarán España, pero no parece que estas salidas vayan a resolver la cuestión migratoria.

La política educativa es clave para evitar que las segundas generaciones estallen

“Ante una situación como la española, es fundamental acompañar al colectivo, a través de educación y formación, hacia los nuevos sectores con potencial de crecimiento”, dice Francisco Javier Moreno Fuentes, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC experto en la materia. Esto, naturalmente, vale también para la población autóctona con menor grado de formación. Pero en el caso de los inmigrantes, la titánica tarea es complicada por factores lingüísticos, de nivel cultural de base, etcétera. Alcanzar buenos resultados educativos y de formación profesional requiere en estos casos un particular esfuerzo, precisamente en un momento en el que se reducen los recursos en este terreno.
España no responde de manera homogénea a estas exigencias. La diferente estructura socioeconómica e inspiración política de las comunidades autónomas y entes locales —competentes en sanidad, educación y otras prestaciones— ha dibujado en el país un cuadro heterogéneo en cuanto a servicios sociales y capacidad de integración, según señala Antidio Martínez, responsable técnico del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra. Pero la diversidad no significa que haya comunidades claramente más avanzadas que otras en materia de integración. “Algunas comunidades son aperturistas en ciertos sectores, pero más restrictivas en otros; no hay una que destaque globalmente por encima de otras”, considera Martínez. En cualquier caso, la escasez de recursos es un denominador común que ensombrece el horizonte en todo el territorio.
“El fenómeno es preocupante”, comenta Carmen González, investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano. “Sobre todo, a mí me parece preocupante la cuestión de las segundas generaciones. En buena medida, están llegando a la edad laboral. Y no solo se enfrentan a un mercado laboral durísimo para todos, sino que lo hacen con resultados educativos medianamente peores que los nativos, lo que reduce aún más sus opciones. Eso puede generar malestar, dificultades de la convivencia social y hasta violencia”, argumenta González. Países como Francia y Reino Unido han sufrido varias oleadas de disturbios vinculados a la marginación y frustración de las segundas generaciones.
Más allá de los recursos disponibles, la política educativa de las comunidades puede agravar el fenómeno. “En comunidades, como la de Madrid o Cataluña, que han facilitado la expansión de los centros concertados [financiados con dinero estatal], la escuela pública experimenta una gran concentración de alumnos con menor posibilidad de éxito escolar, entre ellos muchos de origen extranjero. La expansión de la concertada contribuye a la segregación y a la desigualdad de resultados educativos. Eso es inapelable”, observa Moreno, del CSIC.

En sanidad también hay políticas que marcan cambios sensibles entre comunidades. Por ejemplo, Andalucía, Cataluña o País Vasco siguen prestando asistencia a los inmigrantes indocumentados pese a las nuevas directrices en sentido contrario del ministerio. La pauta de heterogeneidad se repite en el terreno de las prestaciones sociales. Aquí también, la escasez de recursos ha forzado un repliegue. País Vasco y Navarra, que erogaban prestaciones de renta mínima incluso a los irregulares, han endurecido las condiciones.
En el ámbito nacional, el debate sobre la cuestión migratoria brilla por su ausencia. Ferruccio Pastore, director del Fórum Internacional y Europeo de Investigaciones sobre la Inmigración, con sede en Turín, argumenta que la ausencia del tema del debate público tiene al menos una connotación positiva. “A diferencia de otras grandes depresiones, esta de momento no ha provocado un potente oleaje xenófobo. En Grecia hay problemas graves, han ocurrido episodios preocupantes en otros sitios, pero no es un fenómeno generalizado. Esto es positivo. Pero, claro está, el silencio no produce soluciones”.
¿Se reproducirán en España los brotes xenófobos griegos? “Sin duda se percibe una mayor preocupación por la competencia extranjera en una situación de escasez de empleo y recursos, pero de momento las encuestas no registran un auge de sentimientos xenófobos”, comenta Martínez.
Los expertos consultados coinciden en esa visión y en que, en cierta medida, España cuenta con la ventaja de la cercanía cultural, religiosa y lingüística de la importante cuota de inmigrantes que proceden de Latinoamérica. Pero esta no es un factor decisivo.
Si la cuestión identitaria es importante para la integración de los inmigrantes, Philippe Fargues advierte de que en la situación actual española se trata de un aspecto secundario. “Esta es una crisis económica, no cultural. Lo que se está perdiendo son empleos y oficios, no identidades”, dice.
“En definitiva, la clave de la cohesión social está en servicios públicos eficientes. Esto vale para los autóctonos y para los inmigrantes. Y hay cada vez más consenso entre expertos en que son mejores buenos sistemas universales que no programas específicos para inmigrantes, porque cubren sus necesidades particulares pero que acaban por estigmatizarles”, señala Moreno.
El tema no está en una agenda política española repleta de problemas acuciantes. “El recorte del acceso a los servicios médicos para los extranjeros en situación irregular es un guiño, pero por lo general el PP parece haber decidido no entrar de lleno en la cuestión”, dice Moreno. El PSOE, tampoco. Las experiencias francesa y británica —países con mayor tradición migratoria y con modelos de integración más articulados— sugieren que, antes o después, algún estallido podría ponerla abruptamente sobre la mesa. Ahí, décadas después, todavía debaten mucho del tema. En 2011, el primer ministro británico, David Cameron, dio por fracasado “el multiculturalismo de Estado”; y Sarkozy, gran abanderado del asimilacionismo radical, sufrió en mayo una gran derrota en las urnas.

Fuente: elpais.com

martes, 16 de octubre de 2012

Día Mundial de la Alimentación


Aquí os dejamos un enlace de Médicos sin Fronteras, en el vais a descubrir la triste realidad de este día.
 

Mientras los políticos miran para otro lado

Los servicios sociales ya atienden a más de ocho millones de personas
 
Los usuarios de la asistencia pública se incrementaron un 20% de 2009 a 2010
En dos años, el presupuesto para ayudas de emergencia ha caído un 65,4%
 
Cola a la puerta del monasterio capuchino de San Antonio, en Palma, a la espera de un reparto de comida. / ENRIQUE CALVO (REUTERS)
La crisis no cesa para los más pobres ni da tregua a los que hace unos años se encuadraban en otras categorías. A las oficinas locales de los trabajadores sociales siguen llegando miles de personas que necesitan ayuda de emergencia, lo más básico: pagar el agua, la luz, alimentos. Los datos oficiales que maneja el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a los que ha tenido acceso este periódico, muestran que, en 2010, la cifra de usuarios atendidos en estas unidades rebasó los ocho millones de personas, un 19,5% más que el año anterior. Se desconocen cifras más recientes, pero a ese ritmo de crecimiento y según la percepción de los propios trabajadores sociales, los datos de 2012 dejarían muy viejos estos.
Las personas que acuden en busca de ayuda suelen ser mayores (uno de cada tres), discapacitados (10%) y familias con menores (26%); hay otros perfiles, drogadicción, familias monoparentales, expresidiarios, minorías étnicas. En los últimos tiempos, gente que vivía modestamente también está llamando a estas puertas.
“En 25 años que llevo de trabajadora social no había visto una cosa parecida”, explica María José Arredondas, que desempeña su tarea en una zona rural de Lugo. Lo que dice es extensible a toda España. Los trabajadores sociales están desbordados. “Este año es notablemente peor que el anterior. Los inmigrantes que lograron reunir a su familia lo están pasando verdaderamente mal, porque ellos no tienen apoyo familiar ni vecinal; pero también estamos viendo muchas parejas jóvenes con hijos, en las que ambos han perdido el empleo. Y en mi zona hay muchos gitanos que, a pesar de su pequeña economía sumergida en mercadillos, no les llega, porque tienen muchos hijos. Y cada vez hay que cubrir necesidades más básicas: agua, luz, comida”, dice. “Los servicios sociales públicos nunca estuvieron tan desbordados y encima ahora con recortes, no hay recursos. Esto no se puede recortar, al revés, habría que incrementarlo”, reclama.
Pero ya parece tarde. Los últimos presupuestos presentados por el Gobierno, lejos de taponar esa herida han recortado un 40% la partida para servicios sociales básicos, la que se destina a los Ayuntamientos para atender, entre otras cosas, las ayudas de emergencia. Si se tienen en cuenta los dos últimos presupuestos la partida ha caído un 65,4%: donde hubo 86 millones ya solo quedan 30, en números redondos.
Trabajadores sobrecargados
A menudo se oyen las quejas de los médicos en sus consultas de atención primaria porque no pueden atender a los pacientes más que unos pocos minutos debido a la sobrecarga de trabajo. Así de desbordados se ven ahora los trabajadores sociales, un colectivo mucho menos numeroso que el de los sanitarios, pero igual de extendido por el territorio. Cada pueblo cuenta con su trabajadora social (mayoritariamente mujeres).
“Ahora no paramos, no damos abasto. Y no solo no se han reforzado los recursos humanos, sino que en ocasiones hemos perdido gente”, lamenta María José Arredondas, trabajadora social en Lugo. Ocurre en toda España: “Trabajamos agobiados, yo los días de atención al público no me levanto del asiento ni para tomar café, que me lo llevo en un termo”, dice Arredondas.
Esos días de ventanilla llega la gente a exponer sus problemas, pero después hay que traducir todo eso en papeleo, una burocracia que a veces es tan lenta como urgente la situación a paliar. En algunas comunidades las rentas mínimas de inserción, que se prestan a quien ya no tiene nada, tardan meses en llegar.
Estas rentas dependen de las comunidades autónomas directamente, pero los trabajadores sociales de base informan y gestionan muchos de estos casos.
Además, han de visitar en las casas a la gente, tienen que valorar su situación para incorporarla a los expedientes, justificarlos, redactar los proyectos. “Y también seguimos con las valoraciones a domicilio de la Ley de Dependencia”, explica Arredondas.
A pesar de todo, muchas de las ayudas de emergencia acaban en la puerta de organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o tantas otras. “Ahí se ve cómo lo público, los derechos, está derivando a lo caritativo, la antigua beneficencia”, concluye esta trabajadora.
Dadas las macrocifras que se manejan a diario esta puede parecer menor, pero, para tener una idea de su importancia, con los 20 millones de euros que se pierden en 2013 podrían concederse casi 75.000 ayudas de emergencia.
“Con la rebaja del presupuesto de este año ya ha habido problemas para las ayudas de emergencia, que han quedado al albur de los recursos que cada Ayuntamiento pueda aportar”.
En el presupuesto de 2013, por programas y objetivo, se indica que la reducción prevista tendrá una incidencia de 257.126 usuarios atendidos menos. De ellos, 31.264 en la ayuda a domicilio, que también es cosa de los servicios sociales básicos, y de 53.963 en los participantes en programas de prevención e inserción. Esto ya viene pasando años atrás. Donde no alcanzan los servicios públicos están al quite las también mermadas organizaciones del tercer sector, de corte caritativo y asistencial. Cáritas anunciaba el otro día que había superado el millón de atendidos, por ejemplo.
Tanto unos como otros exprimen al máximo las iniciativas para ofrecer a estas personas, desde formación, búsqueda de empleo o inscripciones en programas de ayuda que ya no son locales, sino europeos o regionales.
En la actualidad, uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, 1,7 millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro y hay más de 300 desahucios diarios en España… “Con estos datos recortan los presupuestos sociales más básicos, los de emergencia. Eso demuestra una profunda insensibilidad ante la dramática situación de cientos de miles de personas y familias y pone en riesgo la cohesión social”, afirma el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
“¿Cómo explicarles que mientras ellos viven su drama, sin ayuda del Estado, aumenta el consumo de bienes de lujo, por ejemplo? No podemos ni queremos tener que explicar lo inexplicable”, dice Ramírez. “Esto es mucho más que una cuestión política, es una exigencia humana”, zanja.
 
Fuente: elpais.com

jueves, 11 de octubre de 2012

Amnistía denuncia los horrores de las expropiaciones masivas en China

La corrupción local alimenta los abusos en la expropiación de tierras e inmuebles para su reventa
El informe detalla amenazas, torturas y muertes para obligar a la gente a abandonar sus casas
La policía impide pasar a una mujer durante una demolición en Zuoling (Hubei). / REUTERS
 El rápido desarrollo que ha experimentado China en las tres últimas décadas ha provocado una marea de desalojos forzosos de ciudadanos de sus casas y tierras por todo el país, en muchos casos de forma ilegal. Esta práctica —que a menudo va unida a abusos de poder y corrupción— ha experimentado en los últimos años un fuerte incremento y es una de las principales causas de descontento entre la población y fuente de protestas, según denuncia en un informe publicado este jueves la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres.
AI afirma que los casos de expulsiones obligadas han aumentado de forma significativa en China, debido a que los funcionarios locales se confabulan con los promotores inmobiliarios para confiscar y luego venderles las propiedades requisadas, con objeto de pagar las deudas gubernamentales. La organización, que cita a activistas, abogados y académicos chinos, dice que los desalojos se han multiplicado durante el auge de construcción que ha vivido el país desde que puso en marcha un plan de estímulo de la economía a finales de 2008 para hacer frente a la crisis global. Los funcionarios locales recurren a menudo a la venta de suelo para obtener capital con el que cumplir los objetivos de construcción de infraestructuras fijados por Pekín.
El informe, que abarca el periodo comprendido entre febrero de 2010 y enero de 2012, asegura que las presiones y la violencia que es ejercida a menudo, incluso con matones, sobre los afectados para que entreguen sus tierras han conducido a muertes, encarcelamientos y autoinmolaciones.
De los 40 casos de desalojos forzosos que Amnistía analiza en detalle, en nueve se produjo la muerte de personas que se resistieron. En un caso, una mujer de 70 años fue enterrada viva por una excavadora cuando intentaba evitar que los trabajadores derribaran su casa en la ciudad de Wuhan (capital de la provincia de Hubei). En otro caso, la policía de la ciudad de Wenchang (provincia de Sichuan) se llevó a un bebé y se negó a devolvérselo a su madre hasta que firmara la orden de desalojo. Algunas de las personas que se negaron a aceptar las expulsiones acabaron en la cárcel o en campos de trabajo, un sistema de detención que aún es utilizado ampliamente en China.
El documento cita también a una mujer en Hexia (provincia de Jiangxi), que, tras protestar ante las autoridades por su expulsión, fue apaleada y sometida a una esterilización impuesta. Desesperados, algunos afectados se han prendido fuego. Amnistía Internacional ha documentado 41 casos entre enero de 2009 y enero de 2012.
“El problema de los desalojos forzosos supone la mayor fuente de descontento popular en China y es una grave amenaza para la estabilidad social y política”, señala el informe, que pide a las autoridades que detengan de inmediato todas las expulsiones obligadas, garantice que nadie se queda sin hogar y castigue y persiga a quienes emplean la violencia en los procesos de expropiación. AI asegura que no hay estimaciones fiables del número de personas que han sido obligadas a dejar sus granjas y casas, “pero no hay duda de que la cifra ha aumentado de forma significativa”.
En China, el suelo pertenece al Gobierno y a las colectividades locales, que lo pueden requisar para proyectos que consideran de interés público. A cambio, deben pagar de forma adecuada a los afectados, pero no siempre ocurre y a menudo las compensaciones son injustas o acaban en buena parte en los bolsillos de funcionarios corruptos. Aunque no hay propiedad privada del suelo, los ciudadanos pueden comprar y vender los derechos de uso por un periodo hasta de 70 años.
Amnistía afirma que uno de los problemas es que el Partido Comunista Chino continúa animando a los funcionarios locales a que hagan crecer sus economías como sea, y el desarrollo del suelo para carreteras, fábricas, centros comerciales y proyectos inmobiliarios es una vía rápida para lograr resultados.
La fuerte actividad y la especulación desencadenaron una burbuja inmobiliaria, que condujo a un endeudamiento de los gobiernos locales cifrado en 10,7 billones de yuanes (1,32 billones de euros) a finales de 2010. Las autoridades tuvieron que vender cada vez más suelo para devolver los créditos que habían pedido para los proyectos de construcción.
Consciente de la situación, Pekín puso en marcha ese mismo año una campaña para frenar la especulación, y hay algunos indicios de que las medidas están funcionando. La superficie adquirida por los promotores cayó un 16,2% en los ocho primeros meses de 2012, frente al mismo periodo del año anterior. El Gobierno también aprobó en 2011 nuevas medidas para ilegalizar las expulsiones forzosas y dijo que las compensaciones deben igualar al menos el precio de mercado. AI ha dado la bienvenida a las nuevas reglamentaciones, pero dice que aún están muy lejos de lo que deberían ser, que solo afectan a los residentes de las zonas urbanas y que los tribunales las hacen cumplir de forma desigual.

Fuente: elpais,com

miércoles, 10 de octubre de 2012

Los recortes generan pobreza ¡Rebélate!













La conmemoración del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza cobra este año especial importancia. La crisis y los continuos recortes están disparando el número de personas que viven la pobreza y sufren exclusión. Casi un 27% de la población española sufre esta situación. En todo el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas viven en la pobreza extrema y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
La Alianza contra la Pobreza (una plataforma que reúne a ONGD, movimientos sociales, sindicatos, plataformas ecologistas, feministas, religiosas, etc.) convoca a concentraciones el día 17 de octubre, en que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para manifestar el rechazo a los recortes y recordar que hay otra forma de hacer política. La política de recortes empobrece a la población en España y en todo el mundo.
El 17 de octubre, a las 19h en Sol y en otras ciudades (busca la cita en www.rebelatecontralapobreza.org)
A los continuos recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales , -que nos mantienen muy por debajo de la media de la UE en gasto social (227% en España frente al 30% UE)- se suma el tijeretazo a las partidas destinadas a Cooperación y Desarrollo. En los presupuestos de 2012, el presupuesto del Ministerio de Exteriores y Cooperación disminuyó el 54,4% y el de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID), un 56,4%. Así, la cooperación al desarrollo se queda con prácticamente la mitad de las partidas que lo financiaban. La situación aún puede empeorar en los presupuestos de 2013, que se empezarán a tramitar en unas semanas.
Por todo ello, la Alianza contra la Pobreza reivindica que hay alternativas a los recortes y a los rescates. El Estado pierde alrededor de 90.000 millones de euros cada año por el fraude fiscal, 11 veces más que lo que ha destinado este año a la Sanidad, los Servicios Sociales, la Educación, la Cooperación y la Ley de Dependencia.

Fuente: Acsur Las Segovias