El Gobierno inicia la expulsión de ancianos con papeles a los que niega la tarjeta sanitaria

Dos ancianas reciben una notificación de extinción de sus permisos de residencia por no tener cobertura sanitaria

La Seguridad Social les negó la tarjeta sanitaria al igual que a otros ascendientes reagrupados legalmente a los que la Justicia ha reconocido este derecho.
"Es una cuestión de derechos humanos, van a expulsar a una mujer de 86 años con toda su familia aquí", dice la nuera de una de las afectadas a eldiario.es

Imagen de archivo de un anciano, con permiso de residencia en España, al que la Seguridad Social ha negado la tarjeta sanitaria. / Alejandro Navarro Bustamante

"Inhumano". Así califica Nuria el proceder del Gobierno con su familia. Hace tres años, esta española y su marido, argentino, trajeron a la madre de éste a España gracias a un permiso de residencia por ser familiar de un ciudadano comunitario. Cuando llegó la anciana, que ahora tiene 86 años, la Seguridad Social le negó la tarjeta sanitaria porque considera que debería haber venido con un seguro privado, algo que no le exigieron para darle los papeles. La familia recurrió la negativa, como han hecho con éxito otros afectados en Cataluña, Castilla y León y Madrid, pero antes de recibir una respuesta llegó otra comunicación de la Administración: el Gobierno les notificaba que ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de la anciana por carecer de cobertura sanitaria. Lo mismo le ha ocurrido a Santos Blasina Rodriguez Solorzano, hondureña de 81 años.
"Más que una cuestión de dinero, es de derechos humanos, de justicia. Lo que está pasando es inhumano. Que vayan a expulsar a una persona de 86 años, que tiene a toda su familia aquí...", cuenta al otro lado del teléfono Nuria (que prefiere guardar su verdadero nombre y el de su suegra en el anonimato).

Su familia vive con temor desde que en mayo recogieron la notificación de la Delegación del Gobierno en Madrid –a la que ha tenido acceso eldiario.es–, entregada por dos policías en la casa donde reside la anciana. "Menos mal que Estela (nombre ficticio) estaba dormida y la cogió uno de sus nietos", dice Nuria. De momento, no le han contado nada a la mujer para que no se ponga nerviosa: "Su hijo está preocupadísimo y sus nietos también. Es muy duro vivir día a día con esa incertidumbre".
Recurrieron la notificación, gracias al asesoramiento de Médicos del Mundo, y este mes han recibido la resolución del Gobierno en la que reitera su postura: Estela no tiene derecho a la tarjeta de residencia –que está expedida hasta diciembre de 2017– por no tener un seguro médico.

Santos Blasina Rodriguez Solorzano aún se encuentra en el primer paso, "en la primera notificación", cuentan en el colectivo Yo Sí, Sanidad Universal. Este martes, su hija y miembros de la plataforma en contra de la reforma sanitaria del Gobierno de 2012 – que retiró la tarjeta sanitara a 800.000 personas de un día para otro– entregarán una demanda a la Seguridad Social para luchar por el derecho a la sanidad pública de la mujer, enferma de Parkinson.

Debido a la reforma sanitaria, el Ejecutivo entiende que estas personas, que no han cotizado antes en España, no tienen derecho a la sanidad pública porque no pueden suponer "una carga" para el Estado.
Gorka Vellé, abogado y voluntario en Médicos del Mundo se ocupa del caso de Estela y defendió también al padre de Annie, que ya ha ganado un juicio a la Administración. Otras familias en Barcelona y Castilla y León también obtuvieron sentencias que reconocían el derecho a la atención pública de los ancianos. La justicia hasta el momento ha considerado que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) no puede negar la tarjeta sanitaria a un familiar reagrupado con la excusa de que debería tener un seguro médico, ya que este criterio no fue requerido previamente para autorizar su residencia.

Sin opción a la sanidad privada
Una de las claves, además, de la desprotección a la que se ven expuestas los ancianos radica en que la mayoría de aseguradoras no aceptan a las personas mayores entre sus clientes porque no son rentables. Y el Gobierno quiere expulsarlas porque no contratan una privada: algo casi imposible. "Entendemos que la obligación de seguro médico, en personas que no se lo pueden permitir y a las que las aseguradores no cubren, vulnera el derecho de estas personas a la reagrupación", indica Gorka Vellé.

Nuria estuvo mirando con su pareja las opciones que tenían en varias entidades privadas: "Ninguna aceptaba, excepto Sanitas que nos dijo que antes no lo hacían pero que desde un tiempo a esta parte sí. Les pregunté si recibían muchas llamadas como las de mi suegra y me dijeron que sí". El precio: "Unos 4.000 euros al año". Estela lleva tres años, con los problemas habituales de la edad ("de huesos, algunas pérdidas de memoria y sus pastillas"), en los que solo la atienden algunos amigos de su hijo, que son médicos. "Por suerte", indica su nuera.

Fragmento de la resolución de la extinción de la tarjeta de residencia de Estela por la Delegación del Gobierno en Madrid / eldiario.es

En Yo Sí, Sanidad Universal recuerdan que la ley ( real decreto 1192/2012, de 3 de agosto) contempla que "las personas con permiso de residencia y pocos ingresos tienen derecho a la tarjeta como asegurados", apunta Cristina Castañeda. Tras varias sentencias desfavorables a la Administración, el Gobierno ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de residencia de estas dos mujeres.

eldiario.es ha preguntado a la Delegación del Gobierno en Madrid cuántos expedientes se están revisando por este motivo pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Para el especialista en Derecho de Extranjería, Francisco Solans, la Administración "está abusando de la figura de la extinción". Solans indica que, aunque se tratara de un error al haber otorgado los permisos, "es muy discutible que se extingan las tarjetas de residencia. La Administración puede revocar una sanción o una multa, pero cuando su acto es declarativo de derechos, que reconoce derechos a una persona, no lo puede revocar así como así según marca la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas", indica.
En Médicos del Mundo y Yo Sí coinciden en el efecto de esta medida: el miedo. "Nos da la impresión de que la medida es casi más de amenaza. Como ha habido sentencias a favor de las personas a las que han negado las tarjetas sanitarias, van directamente al origen", indica Gorka Vellé.

Nuria puede hablar del miedo. Es lo que ve a diario en su casa, al mirar a su pareja. Temor a que un día vuelva a sonar el timbre y sea la Policía para llevarse a Estela. "No tiene a nadie en Argentina". De momento, han presentado un recurso de alzada. "Queremos luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir que la ley sea justa, más humana, y que nadie tenga que pasar por esta situación tan difícil", concluye Nuria.

Fuente: eldiario.es

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477.pdf

Rebelión institucional contra los CIE

El Parlamento catalán impulsa una 'rebelión' institucional contra los CIE

El Parlamento catalán se convirtió el jueves en la primera cámara que insta al Gobierno central a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
Las plataformas ciudadanas en contra de estos centros celebran el histórico paso: en Madrid y Valencia trabajan para conseguir decisiones similares
"No es solo una cuestión de derechos humanos, es que los CIE tampoco se sostienen por razones de eficiencia", defienden desde la plataforma Tanquem els CIEs


Imagen de una protesta contra los CIE frente al centro de Valencia / CIES NO



El Parlamento catalán insta al Estado a cerrar los CIE y replantear la política migratoria

Un hecho "histórico". La lucha contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Cataluña ha roto la barrera que separaba las manifestaciones en la calle de las instituciones: el pasado jueves, el Parlamento catalán se convirtió en la primera cámara que aprueba una resolución para instar al Gobierno a cerrar estos centros. Los movimientos ciudadanos en contra de los CIE en toda España han celebrado el salto a la cámara regional. "Sí, se puede" y Cataluña lo ha demostrado. Los movimientos de Madrid y Valencia siguen sus pasos y esperan reunirse con las fuerzas políticas a la vuelta del verano.
"En clave estatal, señalamos un efecto dominó. Estaría bien que hubiera resoluciones de ayuntamientos y otros parlamentos autonómicos. Se puede ir impulsando un cambio de mentalidad", afirma satisfecho Andrés García Berrio, de la plataforma Tanquem els CIEs y la campaña Tancarem el CIE en Barcelona.

Aunque ni las Comunidades Autónomas ni los municipios tienen competencia sobre estos centros –dependientes del Ministerior del Interior–, las resoluciones suponen una declaración de intenciones: piden al Gobienro que los cierre y se declaran contrarios al modelo migratorio que sustentan. "En el caso de un proceso de independencia de Cataluña, es además un contrato con la ciudadanía en lo que se refiere a la política migratoria", añade García Berrios.
Abrir el camino no ha sido fácil, reconoce el abogado. Insiste en que "no se puede llegar a las instituciones sin una base social fuerte que empuje", que haga el trabajo continuo de denuncia, "de hormiguita". El movimiento en contra del CIE de Zona Franca de Barcelona asumió que había que acabar con el secretismo que rodea a estos centros que reciben, por un máximo de 60 días, a inmigrantes en situación irregular antes de ser expulsados de España. A pesar de tenerlos a unos metros de distancia, muchos ciudadanos desconocen qué son y qué ocurre en su interior.
Para ello había que dar a conocer los centros, las historias de los que terminan entre sus muros, continúa García Berrio. Las celdas, las rejas en las ventanas, las comunicaciones con los seres queridos a través de una mampara de cristal. "Romper el silencio mediático", dice. Las tres muertes en el CIE de Zona Franca supusieron picos en la atención ciudadana y mediática y, siempre, cada vez que tenían constancia de alguna experiencia de vulneración de derechos humanos acudían a los tribunales.Cómo llegar a la política
Hacer partícipe al poder político era el último escalón. La lucha contra los CIE llegó al Parlamento gracias a una comisión sobre justicia y derechos, propuesta por Iniciativa per Cataluña, apoyada por Esquerra Republicana, e impulsada por las plataformas sociales. El resultado, tras seis meses de trabajo, ha sido una votación en la que todas las formaciones han ratificado su oposición a los CIE, excepto PP y Ciudadanos.
A cada grupo, le han convencido unos argumentos para posicionarse en contra de estos centros. "No es solo una cuestión de derechos humanos, es que los CIE tampoco se sostienen por razones de eficiencia y eso lo han visto al darles estadísticas", indica García Berrio. Su misión –expulsar a los inmigrantes sin permiso de residencia– no se completa en más del 50% de los casos, según los datos oficiales de al Defensora del Pueblo. En 2014, solo se expulsó al 47% de las personas que fueron privadas de libertad de este modo.

Manifestació al CIE de la Zona Franca de Barcelona / Enric Català

La conclusión a la que han llegado en Cataluña es que los CIE no son necesarios, aunque se mantuviera una política de expulsiones de extranjeros como la actual. "Hay alternativas: que estas personas firmasen cada 15 días, la retirada del pasaporte, los retornos voluntarios... En cualquier caso, si no hubiera CIE, hemos dejado claro que no tendrían que aumentar las deportaciones exprés, que a veces no dan opción a estas personas ni a hablar con un abogado. La resolución propone un nuevo modelo migratorio, que sea garantista con los derechos humanos", defiende García Berrio.
Así, con datos y repetidas denuncias de abusos en el CIE de Málaga (ya cerrado), la asociaciones que trabajan con población migrante en la ciudad consiguieron este 2015 una resolución en el Ayuntamiento en contra de la apertura de un nuevo centro. El gobierno municipal está en manos del Partido Popular. "La resolución se aprobó por unanimidad, ninguna formación quería apoyar la reapertura de un CIE después de 20 años en los que se recogieron muchas denuncias. Es que los CIE no son necesarios, solo generan sufrimiento", indica Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge.

El relevo en Madrid y Valencia
Madrid y Valencia, ambas con CIE en sus ciudades, son dos focos donde el movimiento 'anti-CIE' es más fuerte. La decisión en Cataluña y el poder político renovado en algunas instituciones tras las elecciones de mayo han dado esperanzas a las plataformas para conseguir resoluciones similares en sus regiones. 
En Valencia saben lo que es movilizarse, aumentar el rechazo de los vecinos al CIE de Zapadores, y encontrar un muro, una y otra vez, en las instituciones. "Ya lo habíamos intentado antes, tanto en Valencia ciudad como con la Generalitat, con mociones, propuestas... y todo nos lo denegaba el PP con su mayoría absoluta", afirma Ana Fornés, portavoz de CIEs NO. Ahora, con el nuevo gobierno autonómico –del PSOE y Compromís– se abre un nuevo escenario. El apoyo previo de Compromís en la lucha contra los CIE esperan que sea una de las llaves para que el debate entre en la esfera política.
Irene Ruano, de la Campaña por el Cierre del CIE de Madrid, acudió el jueves a Barcelona para ver cómo ganaba el 'no' a los CIE en un pleno. "Desde el principio del proceso ha sido un poco el modelo a seguir, al menos en Madrid". Ruano confía en un mayor diálogo con el nuevo Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, pero reitera que su interés es llegar a todas las instancias y formaciones. "A la Comunidad de Madrid y, aprovechando que estamos en el foco de la actividad del Gobierno central, también al Congreso". En las elecciones generales, las plataformas buscarán posiciones de los grupos sobre estos centros.
Antes, tanto en Valencia como en Madrid, septiembre se dibuja como un fecha para comenzar a tantear a las fuerzas políticas. Los CIE, indican los activistas, son un eslabón más, un elemento simbólico para hablar de qué política migratoria defienden las instituciones. "Si hay racismo institucional como ocurre en los CIE, queda legitimado. ¿Cómo no va a racismo en la sociedad?", concluye Fornés.

Fuente: eldiario.es/desalambre

La nueva Ley de Infancia

La nueva Ley de Infancia deja la determinación de la edad de niños migrantes al arbitrio del fiscal

El fiscal decidirá si el pasaporte de un menor inmigrante que llega solo a España es o no "fiable"; si no lo cree podrá ordenar que le sometan a unas pruebas médicas para averiguar su edad
El Tribunal Sumpremo prohibió estos análisis para los casos en los que los jóvenes tengan una identificación válida que pruebe su minoría de edad
Varios expertos en Extranjería denuncian que la norma contradice la jurisprudencia del Supremo: "El fiscal no es quién para no fiarse de un documento con el sello de las autoridades de otro país"


Imagen de archivo de Mmenores migrantes que están solos en España y viven en las calles de Melilla. //FOTO: Robert Bonet

La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia aprobada este jueves en el Congreso para su entrada en vigor deja la determinación de la edad de los menores extranjeros que llegan a España sin compañía de un adulto al arbitrio del fiscal, que habrá de decidir si el pasaporte que presenta el joven es o no "fiable". Si no le da credibilidad, podrá someterle a pruebas médicas que contrasten lo que dice su documento oficial.

La modificación intenta responder a una problemática que ha motivado una decena de sentencias del Supremo. Niños y adolescentes con un pasaporte oficial expedido en su país que eran tratados por la Fiscalía como indocumentados y sometidos a unas pruebas médicas que, conforme dice el Defensor del Pueblo, tienen un margen de error suficiente para que un menor sea tomado por adulto, lo que implica que pierda la protección institucional.

Si los jóvenes son menores de edad quedan bajo la protección del Estado, a través de los sistemas de protección de las Comunidades Autónomas. Si se concluye que tienen o superan los 18 años, son expulsados generalmente a la calle como extranjeros en situación irregular. 

El Supremo sentó doctrina estableciendo que si el extranjero tiene un pasaporte o partida de nacimiento que acredite su minoría de edad, no podrá ser considerado indocumentado ni sometido a esas pruebas médicas, que no pueden hacerse de forma indiscriminada, como estaba sucediendo a la luz de los recursos que iba analizando.

La nueva ley dice que "el fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable" y proceder entonces a ordenar las pruebas médicas. Para los expertos consultados por Europa Press, es "una corrección intolerable de la jurisprudencia del Supremo".

Así lo denuncia el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans, quien recuerda que en la legislación española "si se presenta un documento expedido por autoridades de otro país, la única forma de ponerlo en duda es una impugnación por falsedad para que después un juez decida si es o no verdadero".

Según afirma, "el fiscal no es quién para no fiarse de un documento con el sello de las autoridades de otro país ni puede hacerlo" porque el pasaporte "es un documento auténtico calificado así todo el cuerpo normativo" de España. "Si es falso se denuncia y si no, pues nada. No hay otra salida. Ese concepto de 'fiabilidad' de un documento público no existe en la ley. Es una burrada", denuncia.

La abogada de la Fundación La Merced Migraciones, Patricia Fernández, explica que esto es lo mismo que se viene haciendo desde hace una década –las resoluciones del Supremo son de casos de 2001– y "es una excepcionalidad que se ha venido convirtiendo en normalidad por mala aplicación de la Ley de Extranjería, pese a ser algo contra natura y absolutamente ajeno a nuestro derecho".

"El estado civil, por esencia, entra dentro del ámbito de los jueces. Si no se sabe cuándo yo, española, he nacido, tengo que ir a un procedimiento judicial. ¿Por qué a los extranjeros se les hace acudir a un proceso de determinación de la edad por un fiscal contra cuyas resoluciones no cabe recurso?", plantea la letrada.

No son los únicos. Durante el debate parlamentario en el Congreso, los portavoces de Izquierda Plural y CiU hicieron notar que se contradecía al Supremo. Ambas formaciones reclamaban que la ley dejase claro que el pasaporte de un chico extranjero "no puede ser cuestionado", por ser un documento público propiedad de un tercer Estado "perfectamente válido" en España.

En el caso de Adika, un menor procedente de Ghana, la fiscalía de Menores de Barcelona reconoció que no daba por válido el pasaporte expedido por la Embajada del país africano en Madrid, como confirmó la institución a eldiario.es. Adika se quedó en la calle por la decisión de la fiscalía.

Celeridad en las pruebas médicas

Por otra parte, el mismo artículo dice que "la realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas".

Desde la Dirección de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que el artículo incorpora el mandato del Supremo por esa prohibición de pruebas indiscriminadas y avanza en la protección de los niños migrantes porque también dice que "cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad" en tanto esta se determina.

Sin embargo, Solans opina que el artículo encierra "muchas trampas" porque "la indiscriminación" se produce al dejar en manos del fiscal qué pasaportes son buenos y cuáles no. Alerta además del concepto de "celeridad" en las pruebas médicas porque implicará, según afirma, que se opte por la radiografía de muñeca, "la menos fiable", porque "sigue estándares diseñados en Estados Unidos en los años 50 que no sirven para africanos en la década de los 2000", pero también la más barata.Interés superior del menor

"Se ha perdido una oportunidad enorme de crear un sistema eficaz con un procedimiento fiable", añade Fernández, para recordar que el legislador ha optado "consolidar un procedimiento" que ahora se aplica y que "no garantiza ni el derecho del menor a ser oído, ni a la asistencia letrada, ni a la seguridad jurídica ni a la tutela judicial efectiva porque se evita que pueda acudir a un procedimiento judicial". "Es una barbaridad", afirma.

Recuerda que este sistema "después de diez años se ha revelado como absolutamente ineficaz y vulnerador de los derechos de los menores", pues las sentencias del Supremo son de casos que se produjeron a principios de la década, y plantea si será necesario "esperar a 2020" para que de nuevo la última instancia diga que los criterios de 'fiabilidad' utilizados por el fiscal con esta nueva ley eran contrarios a Derecho.

Fuente: eldiario.es/desalambre

Los países ricos decepcionan en la cumbre de financiación al desarrollo en Adís Abeba

Reacción de Oxfam Intermón al resultado de la Cumbre de Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas que tuvo lugar en Adis Abeba (Etiopía) entre el 13 y 16 de julio.

Oxfam denuncia la falta de compromiso para cambiar un sistema fiscal internacional injusto, así como una privatización de la cooperación internacional cada vez mayor tras la cumbre

Tras largas y tensas negociaciones, la clara determinación de los países en desarrollo en pro de una la reforma del sistema fiscal internacional se ha hecho oír y no podrá ser ignorada

Ban Ki-moon en la Conferencia de Financiación al Desarrollo (Adís Abeba, Etiopía).(c) UN Photo/Eskinder Debebe

“Un sistema fiscal justo es vital en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los ciudadanos deberían poder depender de su propio Gobierno para que les provea de los servicios fundamentales".
Después de tres días de intensas negociaciones en Adís Abeba, la III Cumbre sobre Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas termina con un sabor agridulce y sin compromisos concretos para avanzar hacia un modelo de financiación del desarrollo suficiente y justo. No se ha conseguido aprobar la creación de un Organismo Fiscal Mundial que regule de forma justa donde y como deben tributar las grandes empresas, por la oposición de algunos grandes países. Y los compromisos sobre Ayuda Oficial al Desarrollo han quedado totalmente diluidos en una declaración de intenciones (alcanzar el 0,7% del PIB) pero sin un calendario claro de aplicación. 
Oxfam advierte del riesgo que supone privatizar cada vez más la ayuda al desarrollo, bajo un modelo de fondos públicos con gestión privada, sobre todo cuando no se han concretado medidas de protección y salvaguardas. 
“Hoy en día, una de cada siete personas vive en la pobreza y la cumbre de Adís Abeba constituía una oportunidad histórica para comprometer los recursos necesarios para acabar con este escándalo. Sin embargo, la agenda establecida permitió ignorar los compromisos sobre Cooperación y derivar las necesidades de financiación del desarrollo a la participación del sector privado, sin poner ningún tipo de salvaguardas”, afirma Winnie Byenyima, directora de Oxfam Internacional presente en la cumbre. 
Los países en desarrollo defendieron con firmeza la necesidad de poner en marcha un organismo fiscal mundial, que no solo pondría coto a las prácticas de evasión y elusión fiscal de las grandes empresas, sino que permitiría rediseñar los principios fiscales internacionalmente aceptados con mayor equilibrio entre los países más ricos y los países en desarrollo. “Actualmente la balanza está inclinada en beneficio de los intereses países más ricos, y esto no cambiará mientras no cambie la estructura de poder en la toma de decisiones”, afirma Susana Ruiz, responsable de fiscalidad justa en Oxfam Intermón.
Se estima que, desde 2008, por cada dólar que entra en los países en desarrollo (a través de inversiones extranjeras directas, ayuda al desarrollo, etc.), salen aproximadamente dos dólares, principalmente debido a flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal y el pago de la deuda externa.
“Un sistema fiscal justo es vital en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los ciudadanos deberían poder depender de su propio Gobierno para que les provea de los servicios fundamentales. Pero no es lógico pedir a los países en desarrollo que recauden más recursos sin que se reforme también el sistema fiscal internacional que les impide avanzar en esta línea. Los impactos son nacionales, pero las causas y las soluciones dependen de acuerdos globales“, añade Byanyima. 
“Es bueno que se acuerden nuevas iniciativas y programas específicos como los que se han puesto sobre la mesa en Adís Abeba, pero siempre que sirvan para proporcionar más y nuevos recursos, garanticen el desarrollo sostenible y equitativo y contribuyan a acabar con la pobreza. No pueden ser solo parches frente a la dimensión de los problemas. Necesitamos cambios estructurales. Los Gobiernos y las instituciones internacionales no deben hacerse ilusiones de que estas iniciativas puedan ser sustitutivas de los cambios fundamentales que precisa el sistema fiscal mundial”, concluye Byanyima.
El gobierno español no ha contado con una delegación en esta cumbre con ambición de negociación política para lograr un cambio más ambicioso. “Parece que la erradicación de la pobreza y la defensa de un modelo de financiación más justo y suficiente no son la prioridad en la agenda política de este gobierno, a pesar de haber participado activamente en todos los procesos hasta ahora”, concluye Ruiz.

Fuente: Oxfam Intermón

Enlace: 

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/paises-ricos-decepcionan-en-cumbre-de-financiacion-al-desarrollo-en-ad

¿Cómo afecta a tu ONG la nueva Ley de Seguridad Ciudadana?

Descubre las novedades que introduce la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y entérate de cómo puede afectar a tu ONG.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana conocida como ‘Ley Mordaza’ ha entrado en vigor el pasado uno de julio, junto con la reforma del Código Penal y la Ley Anti Terrorista, y ha sido objeto de protestas multitudinarias y duras críticas por parte Instituciones (ONU, instituciones públicas nacionales e internacionales), partidos políticos y por gran parte de la ciudadanía y otros agentes intervinientes como las ONG pro derechos humanos.

Pero, ¿por qué? Vamos a analizar algunos de los puntos más relevantes y controvertidos de la nueva normativa con el objeto de que tanto personas individuales como agrupaciones pro derechos humanos estén al tanto de cómo pueden afectarles determinadas actuaciones pues entendemos que éstas (y sobre todo las que promueven el activismo) son especialmente vulnerables.

En primer lugar son relevantes las siguientes disposiciones: los agentes de la Autoridad podrán obligarte a identificarte sin especificación alguna de sus motivos y si te niegas podrás estar detenido hasta 6 horas. Además, el acta del agente tras la aprehensión de armas o drogas después de dicha identificación tendrá presunción de veracidad, algo que Informes de Jueces para la Democracia insisten que jamás debería ocurrir en derecho penal pues vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia durante el proceso. Y, por último, los agentes podrán disolver reuniones o manifestaciones, sin tantos requisitos, con una orden verbal si la situación es urgente (concepto indeterminado) y bajo un número mayor de circunstancias según el artículo 23. En general los primeros preceptos de esta ley al arbitrio de las autoridades policiales la toma de decisiones directamente relacionadas con nuestros derechos fundamentales a la intimidad, integridad física, defensa y presunción de inocencia lo que, según Amnistía Internacional y Relatores Especiales de la ONU (entre otros) deja la puerta abierta a un mayor número de casos de abuso policial.

Por otro lado, llegamos al Capítulo V: “Del Régimen Sancionador”; en cuyo artículo 30 extiende la responsabilidad de las infracciones cometidas por los autores a los organizadores, promotores e instigadores sin dejar en absoluto claro a qué se refieren con estos términos. Instituciones de reconocido prestigio como Human Rights Watch (HRW) han declarado su preocupación por estos términos pues según la literalidad del precepto incluso compartir un Tweet podría ser considerado una instigación. 

La sección 2ª del mismo Capítulo considera infracciones muy graves con multas de 30.001 a 600.000€ cosas tales como un encuentro espontáneo (sin notificación) en las inmediaciones de infraestructuras que brindan servicios básicos cuando supongan un riesgo para las personas. Muchos agentes como HRW, la ONU o Greenpeace consideran que la indeterminación del precepto pretende, en la práctica, poner fin a numerosas protestas pacíficas.

En un nivel inferior, se consideran infracciones graves con multas de 601 a 30.000€ actividades tales como una protesta cuando ‘perturbe gravemente la seguridad pública’ frente a asambleas legislativas incluso si no estuvieran sesionando; o cuando alguien intente obstaculizar la ejecución de una resolución administrativa o judicial, lo que podría traducirse en la práctica como penalización de la paralización de un desahucio o de las protestas pacíficas en organismos cuando se vaya a firmar un acuerdo perjudicial. También el uso no autorizado de imágenes o datos de agentes de la autoridad cuando ‘ponga en peligro su seguridad o el éxito de la operación’.

En el artículo 37, las infracciones leves (de 100 a 600€) son, entre otras, no notificar una manifestación incluso aunque no haya daños ni alteración, o no respetar el itinerario aprobado, o faltas de respeto a agentes de la autoridad a pesar de que el Tribunal de Estrasburgo ha reiterado que todo cuerpo policial debe permitir un mínimo de insultos.

Por último, importantes instituciones pro derechos humanos como Relatores Especiales de la ONU y distintas ONG de prestigio como Amnistía, Greenpeace, HRW o SOS Racismo (entre otros) han denunciado el peligro de la aplicación de esta nueva normativa en varios colectivos con un alto nivel de vulnerabilidad: personas sin hogar, inmigrantes y trabajadores sexuales; dificultando su inclusión penalizando a las personas que contribuyan al ‘deslucimiento público’ (podrían incluirse las personas sin hogar), eliminando la posibilidad de cancelar multas altísimas por tenencia de drogas a personas drogadictas cuando entran en rehabilitación o multando tanto a trabajadores sexuales como a sus clientes sin respetar realmente la normativa especial donde insta a delimitar los preceptos con exhaustividad para que no dé lugar a discrecionalidad ninguna.

Como conclusión, hasta que no haya jurisprudencia suficiente que delimite el marco de aplicación práctico y real de esta nueva ley, aquellos individuos y organizaciones que promuevan el activismo social o político deberán tener cuidado y estudiar en profundidad los preceptos para no verse inmerso en algún problema.

Fuentes:Paloma Torres, publicado en solucionesong.orgLa foto es de Dani en Flickr

Justicia Universal

El abogado catalán que ha puesto en jaque al gobierno de Ruanda

El letrado Jordi Palou ha impulsado la querella que ha permitido la busca y captura de 40 miembros del gobierno ruandés por masacres y genocidio

Londres acaba de detener a uno de ellos, el jefe de los espías: "Le pusieron una fianza de 1,4 millones que pagó al día siguiente", cuenta Palou a eldiario.es

"Empecé a interesarme cuando conocí a los familiares de dos víctimas catalanas asesinadas en Ruanda", relata el letrado

El abogado Jordi Palou

El abogado Jordi Palou quiere hacer justicia y conocer la verdad en un país tan lejano como Ruanda. Es un convencido de la justicia universal -que el gobierno limitó durante esta legislatura-, activista, pacifista, mediador de conflictos y objetor de conciencia al servicio militar. Es uno de los pocos abogados acreditados ante la Corte Penal Internacional (hay 300) y ahora trabaja como director del Memorial Democràtic de Cataluña.

"Mi interés empezó en el año 2000, cuando conocí a los familiares de dos víctimas catalanas que fueron asesinadas en Ruanda", cuenta Palou a eldiario.es. Ese año, junto a varios profesionales y ONG nacionales e internacionales, Palou impulsó el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. 

Cinco años más tarde, en 2005, presentaron ante la Audiencia Nacional una querella contra el Frente Patriótico Ruandés (de mayoría tutsi y actualmente en el Gobierno) por crímenes sistemáticos y planificados contra civiles en Ruanda y República Democrática de Congo desde 1990 a 2002. Entre ellos, por la muerte de 9 españoles misioneros y cooperantes, que fueron torturados y asesinados por ser testigos incómodos de las masacres o ayudar a las víctimas. La Audiencia Nacional aceptó la querella, abrió una investigación y emitió una orden de busca y captura contra 40 miembros de la cúpula político-militar ruandesa por terrorismo, genocidio o crímenes contra la humanidad, entre otros.

El pasado 20 de junio, uno de los hombre fuertes del gobierno ruandés, Karenzi Karake, era detenido en el aeropuerto de Heathrow (Londres) en cumplimiento de esa orden de captura internacional emitida por España. Es el general de los espías o, en lenguaje oficial, director general de la Inteligencia Nacional de Ruanda y los Servicios de Seguridad.

¿Qué hacía un alto cargo ruandés con orden de detención en Londres? Como dijo el ministro de justicia ruandés a un periódico local, "estaba en misión oficial por una semana". Es decir, trabajando para la inteligencia ruandesa en un país europeo.

El general ruandés Karake, detenido el Londres por el genocidio de 1994

La prensa británica se preguntaba al día siguiente por la misión concreta en Londres de Karake y por qué había entrado más veces sin ser detenido. No ha habido respuesta por el momento, pero Palou desvela algunas conexiones políticas, como que su defensa "esté liderada por Cherie Blair, esposa del exprimer ministro británico, que ahora es consejero personal de Kagame", el actual presidente de Ruanda. 

Palou recibió la noticia acordándose "de estos 15 años de trabajo y de las víctimas". De momento solo esta detención se ha hecho efectiva."La mayoría están en Ruanda porque temen las órdenes de arresto internacionales, van con cuidado de no moverse fuera de África". Allí se les protege, después de que el presidente ruandés Kagame lograra un apoyo mayoritario de la Unión Africana para que sus países miembro -todos menos Marruecos- no respondan ni acepten ser juzgados por otros países o cortes internacionales. El Gobierno ruandés ha calificado la detención de "escándalo" y la ministra de Asuntos Exteriores se ha echado las manos a la cabeza en lo que considera "acoso político"

¿Cómo acaba un abogado español luchando por que se haga justicia en Ruanda? Su formación está muy vinculada a la mediación en conflictos y la justicia universal. "Todo esto tiene que ver con movimientos pacifistas. Mi intención es acompañar a estos pueblos en su camino hacia la verdad, la justicia y la resolución pacífica de conflictos. Estas personas que luchan tienen mucho coraje y llevan todo ese drama con mucha dignidad".

Cherie Blair, abogada del militar Karake, entrando en el juzgado para defender al ruandés tras ser detenido en Londres / EFE

Ahora que la justicia universal se ha limitado en España, lo que ha llevado a cerrar casos como el del asesinato del cámara José Couso, lo que pase con el general detenido "es una incógnita", dice Palou. Una vez detenido y reclamado por el juez Andreu para ser extraditado a España, la decisión queda en manos de la justicia británica. "A finales de octubre habrá una vista de extradición y ellos dirán que la ley ha cambiado en España y la jurisdicción española dirá que sí es posible". A Karake se le ha detenido por genocidio, crímenes contra humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y pertenencia a banda armada.

No puede volver a Ruanda de momento, aunque fue puesto en libertad en Londres bajo una fianza de 1,4 millones "que fueron abonados al día siguiente". Le han puesto una pulsera electrónica de control para evitar que se fugue.

Sobre el papel del Gobierno español en esta búsqueda de la reparación y la justicia, el abogado cuenta que "de cara al público están a favor de las víctimas españolas, pero fuera de pedir la extradición de otro militar que está en Sudáfrica -el general Kayumba Nyamwasa- no ha hecho nada más".

Enlace: Sumario 3/2.008--D

http://www.eldiario.es/desalambre/abogado-catalan-militares-genocidio-ruandes_0_407709501.html

Mientras esto ocurre, la herida de Ruanda sigue sangrando. El abogado, que también trabaja a través del Forum en el diálogo entre las tres etnias -hutu, tutsi, twa- como trabajo complementario a la batalla judicial, cuenta que se sigue encarcelando a opositores y activistas que luchan por la paz. "Hay una líder política que ha participado en este proceso, que dejó a su familia y el exilio para volver Ruanda y presentarse a las elecciones y fue torturada en la cárcel, donde está desde hace 5 años".

Si todo va bien y se extradita a Karake, el próximo año podría celebrarse un juicio oral contra él. "Hay muchísimas familias que sufren. Tenemos la oportunidad de que se vea esto en un proceso con todas las garantías".

"Sin verdad la justicia sólo será arbitrariedad, incluso puede suceder que las víctimas sean presentadas como verdugos y los verdugos como liberadores", dice uno de los lemas del Forum. En el conflicto ruandés los tutsi han sido reconocidos como víctimas de un terrible genocidio en 1994 a manos de los hutu -llevado a la ficción en la película 'Hotel Rwanda'-, y también son ahora perseguidos por la justicia por los abusos y crímenes que han cometido antes de ese año 1994 y a partir de él, cuando llegaron al poder.

"En España también sucedió que Franco al acabar la guerra se presentaba como un libertador, pero cometió graves crímenes. Espero que todo esto sirva para una nueva sociedad democrática e inclusiva", concluye Palou.

Fuente: eldiario.es/desalambre

Uso del móvil en los CIE

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid emite un auto en que explicita que se permite que las personas internas en el CIE de Madrid puedan utilizar sus teléfonos móviles durante un período mínimo de cuatro horas diarias.

Fuentes: Sección de Extranjería del ICAM y legalteam.es

Enlace: http://legalteam.es/lt/wp-content/uploads/2015/07/M%C3%B3viles.pdf

Miedo a una "generación perdida" siria: la guerra dispara el trabajo infantil

En Jordania el 47% de las familias sirias refugiadas afirma que sus hijos traen dinero a casa y en Irak "cerca del 77% de los niños sirios refugiados trabajan", según un informe de Unicef y Save The Children

Antes de la guerra, "casi todos los niños en Siria iban a la escuela y los índices de alfabetización superaban el 90%"

Los menores sufren secuelas y abusos en el trabajo: Omar recoge gasolina con una esponja para después vender; por la noche, le arde el pecho

Omar, de 12 años, trabaja en Siria para mantener a su madre y su hermano pequeño después de que muriera su padre. / Ahmad Baroudi / Save the Children.

Arrodillado en el suelo, esponja en mano, Omar (de 11 años) recoge la mayor cantidad de gasolina posible que encuentra esparcida en el terreno de Iddleb, al norte de Siria. La acumula en un cubo para venderla. Sus manos, que escurren el líquido negro a diario, ya no se parecen a las del estudiante que un día fue. "Era muy bueno en poesía", recuerda el niño sirio cuatro años después del inicio de la guerra en su país.

Es uno de los menores que aparece en un reciente informe de Save The Children y Unicef sobre el aumento del trabajo infantil entre los niños sirios desde que hace estallase la guerra civil que golpea el país. En Siria y en los países vecinos: "En Jordania, el 47% de las familias de refugiados sirios afirma que parte o todos sus ingresos son generados por un niño", recoge el estudio.

Save the Children y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) indican que, a pesar de la carencia en estadísticas sobre trabajo infantil, el incremento del número de menores que han dejado las aulas por un empleo se deja notar en algunas cifras. Si en Jordania el 47% de las familias reconocía que sus hijos lleva dinero a sus hogares, "en Irak, cerca del 77% de los niños sirios refugiados trabajan para apoyar a sus familias".

Además, antes de la guerra, "casi todos los niños en Siria iban a la escuela y los índices de alfabetización superaban el 90%". Ahora, según Unicef el conflicto ha expulsado de las aulas a 2,7 millones de niños sirios de los nueve millones que habita el país. En las regiones vecinas –donde la ONU estima que hay dos millones de menores refugiados en situación de vulnerabilidad– las cifras de inserción educativa se reducen mucho más: "Aproximadamente el 57% de los niños sirios refugiados estaban fuera de la escuela en marzo de 2015".

Y cuando no pueden asistir al colegio y la necesidad aprieta, el empleo de los hijos es la solución al hambre para muchos hogares. Según los datos de la ONU, "el 64,7% de la población siria vivía en extrema pobreza en 2014, incapaces de satisfacer las necesidades básicas".

Niño trabajando en el campo de refugiados de Za'atari, Jordania, cavando arena para vende para la construcción. / Rosie Thompson / Save the Children.

La pobreza también los retira de las aulas, aun cuando tienen opción de asistir, lo que preocupa aún más a las organizaciones sociales: el trabajo fue la causa más mencionada para no ir al colegio por el 78% de los menores no escolarizados de Hama (Siria) y por el 75% de la zona rural de Damasco, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo que cita el estudio.

Trabajos precarios y peligrosos

Omar es uno de esos niños. Tras la muerte de su padre y de que su hermano mayor se uniese a un grupo armado, él asumió la responsabilidad de mantener a su madre y hermanos pequeños. "A veces cuando el mercado está muy abarrotado de niños, trabajar se convierte casi en una guerra en la que los niños luchan para conseguir la gasolina del suelo", dice. Si el hoy, el mercado, es "negro y apestoso", Omar recuerda el pasado, su escuela, como "colorida y cálida".

Hussain, de 10 años, vive en el campo de refugiados de Za'atari en Jordania y la última vez que fue al colegio "fue en Siria, hace dos años". Le gustaba, pero "he olvidado todo lo que aprendí, no puedo ni siquiera escribir mi nombre", cuenta. En su caso, sus dos hermanas estudian, pero los tres niños de su familia colaboran para llevar algo de dinero a casa.

Hussain, de 10 años, iba al colegio en Siria pero ahora en Jordania trabaja, al igual que sus otros hermanos. / Rosie Thompson / Save the Children.

El informe señala que el trabajo infantil es más frecuente entre los niños que entre las menores. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), ellos "suponen el 94% del trabajo infantil en el campo de refugiados de Za'atari". El trabajo infantil se centra sobre todo en la agricultura, en la venta ambulante y la mendicidad en las calles, y en comercios y otras actividades en las zonas urbanas. Los empleadores, indica el informe, buscan a menudo a niños en sus contrataciones, a los que pagan menos.

Sin embargo, las organizaciones responsables del estudio advierten de cierta infrarrepresentacion del trabajo ejercido por las niñas, ya que suelen estar empleadas en "labores menos visibles", como el trabajo doméstico y la agricultura. Cuando trabajan como empleadas domésticas internas, se "las expone a peligros como el abuso y la explotación sexual".

Los riesgos laborales también llegan en forma de pesticidas, cargas demasiado elevadas para el cuerpo de los menores y abusos físicos de los empleadores. Omar cuenta a Save the Children que el trabajo en el mercado de combustible "es peligroso, un incendio puede empezar en cualquier momento y, cuando comienza, lleva horas y muchos hombres apagarlo. Mucha gente ha muerto por el fuego". Pero no son solo los incendios: "La gasolina te quema la piel" y por la noche el pecho el arde cuando intenta conciliar el sueño

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Omar muestra las manchas en la piel que le han salido desde que trabaja recogiendo gasolina. / Ahmad Baroudi / Save the Children.

Cerca del 75% de los niños empleados en el campo de refugiados de Za'atari asegura sufrir problemas de salud en el trabajo. Salem, de 13 años, trabaja en muy malas condiciones en los campos del valle de Becá (Líbano), pero en su casa no pueden permitirse que acuda al colegio. Así que aguanta.

Las organizaciones sociales piden mejorar las ayudas a los refugiados sirios y erradicar las peores formas de trabajo infantil para que estos menores, que han dejado de formarse y crecen aguantando condiciones que no son las adecuadas para su edad, no se convierten en la "generación perdida de Siria". Esa a la que la guerra ya ha arrebatado el presente.

Salem, de 13 años, trabaja en los campos del valle de Becá (Líbano). Su padre, enfermo y sin recursos para pagarse el medicamento, tuvo que admitir de mala gana que su mujer y sus hijos trabajaran para pagar el alquiler. / Ahmad Baroudi / Save the Children.

De los 5.500 millones de dólares que según la ONU se necesitan para ayuda humanitaria y la reconstrucción de Siria en 2015, a mitad de año solo se ha recibido una cuarta parte.

Omar no se resigna. No le gusta el trabajo que ha dejado su ropa impregnada de un olor intenso a gasolina pero sueña con que sea el trampolín para ganar dinero y poder volver a estudiar, "convertirme en lo que quiero ser": arquitecto.

Fuente: eldiario.es/desalambre

Foro Social Mundial de la Sociedad Civil

El papel de la sociedad civil es vital en la agenda de desarrollo, dice Ban Ki-Moon


Ban Ki-moon en el Foro Mundial de la Sociedad Civil celebrado en Addis Abeba, Etiopía. Foto: ONU-Eskinder Debebe.


El Secretario General de la ONU afirmó hoy que la sociedad civil tiene un papel vital en la agenda de desarrollo puesto que debe vigilar que los gobiernos rindan cuentas y escuchen las voces de miles de millones de personas.
Ban Ki-moon participó en el Foro Mundial de la Sociedad Civil, celebrado este fin de semana en Addis Abeba, como preámbulo de la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento al Desarrollo, que dará inicio el 13 de julio en la capital etíope.

“Ustedes son la voz de la gente y pueden contar con la ONU para que esa voz se escuche alta y claramente”, dijo Ban.

La Conferencia Internacional reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros de finanzas, de desarrollo y de asuntos exteriores, así como a instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales y representantes del sector privado con la intención de garantizar los recursos necesarios para el bienestar de la población mundial y del medio ambiente.

Ban encomió el compromiso y energía de las organizaciones civiles y consideró que su labor contribuirá a que la Conferencia tenga un resultado exitoso.

“Es mucho lo que está en juego y las expectativas son muy altas. Las negociaciones fueron difíciles, pero el acuerdo contiene varios compromisos concretos y asequibles que no podrían haberse logrado sin su labor y activismo”, dijo el titular de la ONU a los participantes en el Foro.

Agregó que ahora lo más importante será la implementación de los acuerdos y sostuvo que la sociedad civil tendrá una labor crucial en esa etapa

Fuente: Fundación Cideal.

Superar los cinco años de vida es casi un milagro

Cuando un pediatra en el bolsillo puede salvar vidas

En algunos países, superar los cinco años de vida es casi un milagro. La falta de pediatras cualificados y de herramientas para realizar un diagnóstico temprano puede hacer que una simple infección se complique gravemente. Médicos e investigadores trabajan para desarrollar aplicaciones que permitan a personas sin experiencia médica determinar en qué estado se encuentra un niño enfermo y cuál puede ser su tratamiento.


El 99% de las muertes de niños menores de cinco años se producen en países en desarrollo

En 2013 fallecieron 6,3 millones de niños menores de cinco años, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. El 45% de ellos perdieron la vida por malnutrición, el 15% por neumonía, el11% por asfixia, el 9% por diarrea y el 7% por malaria. El 44% fallecieron en sus primeros 28 días de vida; la mayoría, en países en desarrollo como República Democrática del Congo, India, Pakistán o Nigeria.
Son lugares donde el acceso a herramientas médicas y profesionales sanitarios cualificados es muy limitado. Para paliar en la medida de lo posible esta enorme carencia, están naciendo aplicaciones médicas que pueden descargarse en un dispositivo móvil para que las personas encargadas de la atención sanitaria, aunque no sean médicos, puedan realizar diagnósticos certeros antes de que sea demasiado tarde.
Un ejemplo de ello es Medsinc, una 'app' impulsada por Barry Finette, profesor de pediatría de la Universidad de Vermont, para que la utilicen algunas organizaciones como UNICEF o Safe the Children. La organización Médicos Sin Fronteras, por su parte, está implicada en el desarrollo de Almanach, creada por investigadores de varios institutos y universidades suizas.

Ambas nacen con el mismo objetivo: salvar la vida de los más pequeños allí donde el acceso a la sanidad es deficiente. Detrás de estas tecnologías, que siguen siendo prototipos, hay médicos y pediatras que trabajan sobre el terreno y son testigos de que hay " niños que mueren simplemente porque son pobres". Sus enfermedades pueden curarse y prevenirse, explica Finette a HojaDeRouter.com. Por eso, este tipo de aplicaciones procuran ofrecer a esos niños una atención sanitaria más digna, disminuyendo su probabilidad de fallecer de forma prematura.

Medsinc y Almanach son dos de las aplicaciones que se están desarrollando

¿CÓMO FUNCIONA?
Un trabajador de salud comunitario sobre el terreno, tanto si está cualificado como si no, puede recurrir a alguna de estas aplicaciones para determinar lo que le ocurre a un niño que presenta ciertos síntomas y encontrar una solución. La 'app' preguntará si el niño puede estar deshidratado, si ha vomitado, si tiene dificultades para respirar o si presenta signos de desnutrición, utilizando el mismo enfoque médico que pondría en práctica un pediatra en una situación similar.
Irá guiando al trabajador, por etapas, mediante indicaciones como "tomarle la temperatura, explorarle el pecho o comprobar la frecuencia respiratoria", explica Daniel Martínez, pediatra de Médico sin Fronteras. Después, dependiendo de las respuestas que el trabajador de salud proporcione, la aplicación determinará cuál es el mejor tratamiento que puede recibir el menor "de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud", especifica Finette.
El profesor y pediatra explica que Medsinc, concretamente, se utilizará en países en desarrollo donde hay un médico para cada 20.000 o 100.000 habitantes y una enfermera para cada 2.000 o 10.000 personas, "ya que el 99% de las muertes de niños menores de cinco años tienen lugar en estos lugares". Asegura que más dela mitad de los niños que fallecen cada año padecen enfermedades que podrían controlarse si se actuara con rapidez.
Sin embargo, los profesionales que trabajan en esas zonas tienen pocos conocimientos clínicos y carecen del material adecuado. Faltan herramientas que permitan realizar diagnósticos rápidos, como determinar si un niño tiene fiebre por culpa de una bacteria, un parásito o un virus. "Y no solo tienen poco acceso y poco conocimiento", indica Martínez, "sino que, aunque lo tuvieran, dar un diagnóstico les resultaría complejo".

Investigadores y pediatras trabajan por mejorar la atención sanitaria a los menores de países en desarrollo

¿SON TECNOLOGÍAS FIABLES?
"Nada es fiable al 100% en el ámbito de la medicina, en la evaluación clínica ni en el diagnóstico", señala Finette. No obstante, el pediatra asegura que las primeras pruebas de producto con Medsinc que se han llevado a cabo en Estados Unidos, Bangladesh, Perú y Edcuador han mostrado resultados positivos. En un 80% de los casos, la conclusión a la que llegaron personas sin experiencia médica utilizando la 'app' coincidieron con el diagnóstico que daban los médicos.
Ahora el mayor reto es conseguir que la tecnología sea práctica y útil sobre el terreno. Según Martínez, aplicaciones como Almanach requieren un cierto tiempo. "Si una consulta normal antes necesitaba 3 minutos ahora va a tardar 15" para poder responder a todas las preguntas, y tal vez no tanga tiempo para atender a todas las consultas que le llegan a diario. En esta caso, "la tecnología en vez de ayudarle le estará retrasando, por lo que ahora estamos trabajando en esto".
Por otro lado, las aplicaciones no resuelven el problema en su totalidad. Harán posible detectar más enfermedades en los niños, "pero si seguimos sin tener las herramientas para darles tratamiento, esa tecnología como elemento aislado no servirá".

Estas aplicaciones aún tienen que superar muchos obstáculos

Llevar tabletas o teléfonos inteligentes a estos países, cuyos habitantes apenas tienen recursos para alimentarse, es otro obstáculo que tendrán que superar. De momento no supone un gran inconveniente porque estas 'apps' serán utilizadas por trabajadores y voluntarios vinculados a organizaciones de salud. "No estamos en el punto de hacer que lo utilice una madre", admite Martínez, pero es un objetivo que tratarán de alcanzar más adelante.
Se muestra convencido de que estas aplicaciones van a revolucionar el acceso a la información y la capacidad de detectar precozmente ciertas enfermedades, pero antes "hay que cambiar el paradigma, masificar el uso de estos aparatos yque los profesionales de la salud comiencen a utilizar estas herramientas sin miedo. Si lo conseguimos, tendremos ganada una parte de la batalla", considera. Después habrá que hacer que los pacientes reciban tratamientos sin coste, que haya pediatras suficientes y que cuenten con las herramientas tecnologías necesarias para seguir salvando vidas.
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Las imágenes utilizadas en este artículo son propiedad de Barry Finette y Médicos sin Fronteras

Fuente: eldiario.es

Plan Intensivo de Nacionalidad: Estado del proceso a Julio de 2015

Estado actual del Plan Intensivo de Nacionalidad 2015 a 9 de julio

Como todos sabéis, el Plan Intensivo de Nacionalidades un procedimiento extraordinario mediante el cual el Ministerio de Justicia encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles la tramitación de los expedientes de nacionalidad española atrancados del año 2014. Esta tercera fase del PIN 2015 (Plan Intensivo de Nacionalidad), por ahora, solo contempla la tramitación de los expedientes que han entrada desde enero hasta diciembre.

A principios de abril de este 2015 se comenzó con la tramitación de este nuevo PIN, y desde entonces se ha llevado a cabo una primera fase de digitalización, registro y metadado de estos expedientes que entraron en el centro de digitalización entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014.
Sin embargo, ya llevamos 3 meses y no vemos grandes avances en el registro de expedientes, y es normal que la gente empiece a desesperarse por el estado actual.

Nosotros siempre hacemos un llamamiento a la paciencia, a la comprensión ya que este tipo de procesos no son tan sencillos de llevar a cabo y detrás de estos procesos extraordinarios hay un gran trabajo que muchas veces puede ocasionar demoras. Pero lo cierto es que desde que se puso en marcha este PIN apenas se han digitalizado, registrado y metadatado 30.000 expedientes, según las noticias que nos llegan a día de hoy, correspondientes casi todos al mes de enero y algunos de febrero de 2014.

Indudablemente, si seguimos a este ritmo, la finalidad del plan no se va a cumplir. Por ello, hacemos un llamamiento desde aquí a los responsables de la gestión del Plan Intensivo de Nacionalidad 2015 para que se acelere el procedimiento porque, visto lo visto, con 3 meses de PIN, el ritmo de registro está resultando un poco lento. No acaba de empezar a coger el ritmo que, a nuestro entender, debería ser necesario para que el 31 de diciembre puedan estar, al menos, tramitados todos los expedientes de 2014 y, al menos, la gran parte de ellos resueltos con notificación de resolución.

¿Quiere decir esto que no se van a cumplir los objetivos? No, no tiene porqué, aunque si es cierto que estamos notando una cierta lentitud en esta fase inicial. Siempre hemos dado nuestro voto de confianza al procedimiento pero empezamos a dudar, ya que ahora, en estos meses de verano, además, se ralentizará aún más el proceso dado que mucho personal de la administración y registradores de la propiedad estará de vacaciones.

En principio, cerca de 30.000 expedientes ya están en esa fase de informes solicitados aunque no tenemos noticias de ningún expediente resuelto sino, como máximo, completo de informes solicitados. Pero lo cierto es que se empieza a demandar mayor agilidad, un incremento superior del número de expedientes digitalizados y metadados.

Teniendo en cuenta, además, como se desarrolló la fase de digitalización durante 2012 y 2013, nos da la sensación de que en aquel momento se hizo con mayor celeridad. Desde agosto a noviembre de 2012, aproximadamente, en la primera fase del PIN, se digitalizaron casi 500.000 expedientes. Ahora, en un tiempo muy similar, apenas se han digitalizado 30.000 expedientes. También es cierto que se han digitalizado escritos pendientes de expedientes de años anteriores, pero aún así nos sigue pareciendo insuficiente y creemos que podrían ocasionarse retrasos importantes en la tramitación y resolución de estos expedientes.

No obstante, seguiremos confiando en que este plan intensivo coja ritmo y veamos un incremento y una mayor celeridad en la tramitación de los expedientes de nacionalidad española por residencia.

Fuente: parainmigrantes.info

Subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros países

Ministerio de Empleo y Seguridad Sociales

Publicado en el BOE Número 159, del día sábado 4 de julio de 2015

Finaliza el plazo el día viernes 24 de julio de 2015

Las subvenciones que ahora se convocan tienen como finalidad eliminar los obstáculos que pueden impedir a los nacionales de terceros países el pleno uso y disfrute de sus derechos y que pueden incidir de manera directa en su régimen jurídico. Para ello se contemplan tanto las cuestiones de ciudadanía como las relacionadas con la diversidad cultural y religiosa, la participación y los derechos políticos de los inmigrantes, todo ello en un marco global y coherente a largo plazo que tenga en cuenta las diversas condiciones locales y las necesidades específicas de grupos particulares, teniendo como objetivo último aumentar la cohesión social en nuestro país.

Requisitos de las entidades beneficiarias.

Las entidades, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y entidades de naturaleza análoga que concurran a la convocatoria deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio.

Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7481.pdf

Marruecos desaloja el barrio de los inmigrantes que intentan llegar a Europa

"No nos quedan fuerzas"

 Marruecos cumplió su ultimatum y expulsó a diferentes ciudades a decenas de subsaharianos que vivían en el barrio tangerino de Boukhalef
Un joven costamarfileño ha muerto al caer desde un edificio, en su huida de la Policía, según cuenta su amigo: "Estaba en el suelo, pero los doctores no venían"
"¡Nos han tirado los colchones y las maletas por la ventana!", dice uno de los expulsados

En los alrededores del barrio de Boukhalef, varias familias reúnen los colchones y lo poco que han podido recoger de sus casas. / Elena González.

"No quise tocarlo. Estaba en el suelo y me daba miedo fracturarle algo". Malik encontró a su amigo malherido, en la esquina del patio interior de uno de los bloques del barrio tangerino de Boukhalef, a las ocho de la mañana del miércoles. Cuenta que cayó por la ventana de un inmueble cuando le perseguía la policía marroquí, que registraba casa por casa buscando inmigrantes subsaharianos para sacarles de los apartamentos.
Las autoridades de Tánger, en cambio, en un comunicado publicado por la MAP, informan de que un inmigrante murió como consecuencias de heridas provocadas por un objeto punzante. Malik asegura que su amigo, Mamadou Kone, se cayó "de un piso no muy alto, en realidad. Un segundo o un tercero". El joven, de 29 años, llegó hace dos a Marruecos procedente de su país, Costa de Marfil. Murió, dos horas después de que lo encontrara su compañero, en el hospital Mohamed V de Tánger. "Los doctores no venían, no se ocupaban de él", denuncia Malik.
Mamadou es la víctima mortal del desalojo de Boukhalef, tomado por las fuerzas de seguridad marroquíes desde primera hora de la mañana del miércoles en un despliegue de medios sin precedentes: centenares de agentes y decenas de vehículos rodeaban el barrio, cerca del aeropuerto, el lugar por donde han pasado miles de inmigrantes esperando una oportunidad para cruzar a Europa.
Los bloques registrados con más ahínco han sido los que están junto a la mezquita. En ellos entraban los agentes de las fuerzas auxiliares y la Policía y sacaban a grupos de inmigrantes, hombres y mujeres, que aún permanecían en los apartamentos. Según las autoridades de Tánger, se han desalojado 85 apartamentos, recoge la MAP. En el exterior, una fila de autobuses esperaba para llevárselos. A Rabat, o quizás a Casablanca, les decían.

El barrio tangerino ha sido tomado por la Policía y el Ejército marroquí para que los inmigrantes subsaharianos se marcharan de sus casas. / Elena González.

El desalojo se gestó el lunes. Ese día, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que llamaba a los inmigrantes subsaharianos a "evacuar inmediatamente los apartamentos que ocupan ilegalmente (… ). Si no son evacuados en 24 horas, las autoridades se verán obligadas a intervenir". Sabían que la advertencia iba en serio, y el martes por la noche, después de todo un día de negociaciones con las autoridades, la mayoría de ellos decidió dejar las casas voluntariamente para evitar enfrentamientos. Sabían que primero iban a dejar los apartamentos y, después, el barrio.
Decenas de personas se sentaban en las aceras, junto a los bloques blancos, en un colchón, o caminaban por la calle en grupo, se arrimaban a las terrazas de los cafés, animados de noche durante este mes de Ramadán; casi todos agarrando una bolsa o una mochila o transportando colchones y mantas.
Un paisaje nocturno nunca visto en Boukhalef, un barrio convertido en hormiguero, con gente yendo y viniendo, afanándose en acarrear muebles y bultos de un lado a otro. La mayoría de los marroquíes asistían como espectadores. Otros, en cambio, intervinieron en los desalojos de la noche, patrullando el barrio en coches y sacando a la gente de las casas. En algunos casos, por la fuerza. Romuald, un joven de Camerún de 26 años, contó tres inmigrantes heridos en los enfrentamientos. Sisco, el chairman de la comunidad camerunesa, intentaba a ratos calmar a los suyos, hablando con unos y con otros. Otros ratos, se indignaba: "¡Nos han tirado los colchones y las maletas por la ventana!".

William y Erik caminaban sin rumbo por las calles del barrio con una mochila al hombro y una manta cada uno. Es todo lo que pudieron sacar del apartamento donde vivían. Se preguntan por qué los marroquíes les han desalojado en el mes de Ramadán, el mes de la piedad y las buenas obras para los musulmanes. Marie y Aicha esperaban bajo una farola con sus enseres mezclados y desparramados por la acera: una silla, un colchón, dos cojines y unas bolsas. De pie, con su bebé a cuestas, Aicha se lamentaba: "Han entrado y se han llevado mis cosas. No sabemos dónde vamos a ir".
Por la tarde, la Policía había visitado el barrio para repetirles la advertencia: debían salir esa misma noche. Un helicóptero sobrevoló el lugar por la tarde y poco después, tres autobuses llenos de inmigrantes habían salido ya con destino a cualquier lugar que no fuera Boukhalef.

Marie espera con sus enseres desparramados por la acera después de que tuvieran que abandonar su hogar. / Elena González.

"Son los nuevos los primeros que han querido subir a los autobuses esta noche. No saben lo que les espera", decía Marie. Los "nuevos" son los que llevan sólo un par de meses o cuatro en Marruecos y no han pasado por montes, vallas, devoluciones, expulsiones en autobús a distintas ciudades y zodiacs frustradas en el mar. Marie lleva aquí tres años y es una de las pocas mujeres que ha intentado saltar las dos vallas que separan Marruecos de Ceuta y de Melilla. "Ya no me quedan fuerzas", suspira, haciendo ayuno de esperanza, sentada en una silla que ha podido salvar y abrazada a un cojín. Su marido, Maxim, llega para ayudarle a trasladar el colchón donde pasarán la noche, en un pequeño claro un poco alejado de los bloques blancos.

Las autoridades marroquíes retienen a varios inmigrantes en los desalojos de este miércoles. / Elena González.

Hasta allí llegan también tres decenas de personas, la mayoría hombres, un par de niños pequeños y una mujer en silla de ruedas que se van acomodando en grupos de siete o diez personas para intentar dormir un rato. El paisaje de colchones desparramados, cojines, bolsas de ropa y mantas se asemeja a un Gurugú de alto standing: una intemperie más holgada.

El último episodio de una lista de enfrentamientos
En el último año, desde que 1.300 inmigrantes lograran cruzar el Estrecho en botes, aprovechando las 48 horas en las que las costas marroquíes estuvieron sin vigilancia por parte de Marruecos, cientos de personas han llegado al barrio. A la situación de saturación habitual también ha contribuido la expulsión de inmigrantes del monte Gurugú, en febrero pasado, provocando la llegada ininterrumpida de personas a la última puerta que les quedaba para esperar la oportunidad.
Los enfrentamientos entre los inmigrantes y los marroquíes son frecuentes, y este año se han repetido, de nuevo, durante el mes de Ramadán. Los vecinos marroquíes acusan a los inmigrantes de no respetar las costumbres del país. El pasado agosto, un grupo de vecinos la emprendió a machetazos contra los inmigrantes, sacando sus pertenencias de las casas y quemándolas. Un joven senegalés, Charles Ndour, resultó muerto en los enfrentamientos.

Las familias no saben qué hacer, a dónde ir. De momento, pasarán la noche a la intemperie. / Elena González.

También les acusan de ocupar los apartamentos. "No puede ser que entren dando una patada en la puerta y se metan dentro siete u ocho personas, sin pagar alquiler", comenta a eldiario.es Imad, un joven marroquí del barrio. Sisco, el chairman de la comunidad camerunesa, se defiende: "Han echado incluso a la gente que tenía un contrato". "Los propietarios se niegan a alquilarnos. Les han pedido que no nos den alojamiento", añade Marie.

Según la ONG marroquí de apoyo a la inmigración, GADEM, existen casos de intermediarios que se hacen pasar por propietarios para alquilar los apartamentos, a espaldas de los dueños legítimos de la propiedad. El sábado pasado varias decenas de marroquíes se manifestaron en Boukhalef exigiendo la salida inmediata de los inmigrantes.
El desalojo se prolongó durante toda la jornada del miércoles. Por la tarde, la policía patrulló las calles del barrio de Mesnana, junto a Boukhalef, arrestando a los inmigrantes que iba encontrando. Marie escapó del barrio con sus bultos "a espaldas de mi marido, que no quiere moverse porque dicen que le acusarán de cobarde, pero yo me voy". De pie junto a la carretera de salida del barrio, esperaba un motocarro para llevarse sus cosas a otro lugar. Otra casa en otro barrio, quizás. Todavía no sabe dónde va a vivir.

 

La población expulsada del barrio se pasea con sus enseres, buscando un lugar donde pasar la noche. / Elena González.