ATLAS
Con el objetivo de limitar la “inmigración
de la pobreza”, el Gobierno de coalición alemán ha puesto en marcha un
delicado y controvertido proceso con el objetivo de expulsar del país a los
inmigrantes comunitarios que no encuentren trabajo en un plazo de tres o seis
meses. Está previsto que las medidas, que se concretarán a partir de junio,
afecten a los inmigrantes de todos los países de la UE.
Con la vista puesta en los trabajadores
rumanos y búlgaros —sobre todo, de etnia gitana— y para evitar que utilicen
la libre circulación que garantiza la Unión Europea
para beneficiarse del generoso sistema social que impera en el territorio
germano, el Ejecutivo de Angela Merkel
dio ayer un paso al frente más amplio. Aprobó un informe de 133 páginas
—elaborado por un panel de expertos de varios ministerios— donde se propone
conceder un plazo de entre tres y seis meses para que cualquier inmigrante
comunitario pueda encontrar un trabajo en Alemania. Si al cabo de ese tiempo no
ha logrado empleo, deberá regresar a su país.
El ministro del Interior, Thomas de Maizière, y su colega de Trabajo, Andrea
Nahles, presentaron ante la prensa el documento, titulado Cuestiones
jurídicas y desafíos en el uso de los sistemas de seguridad social por parte de
los nacionales de los Estados miembros de la UE. “El número de inmigrantes
procedentes de Bulgaria y Rumanía y los problemas sociales que están
parcialmente asociados a la inmigración son manejables y controlables a nivel
nacional, pero representan un problema en varias ciudades específicas que tienen
bolsones de pobreza”, dijo el ministro de Maizière. Calificó el aumento de la
inmigración en Alemania (un 5,8% más en 2013, hasta sumar 7,6 millones de
personas) como una “buena noticia”. “Los inmigrantes aportan bienestar a nuestro
país”, dijo.
El texto pone énfasis en la lucha contra el fraude que, según las autoridades
alemanas, realizan numerosos inmigrantes comunitarios que llegan desde Europa
del Sur y del Este. Los expertos recomiendan que quienes cometan el delito de
fraude social deben ser expulsados y castigados con una prohibición temporal
para poder volver a Alemania.
Para evitar el abuso, las autoridades pedirán a los inmigrantes de la UE que
soliciten las ayudas sociales un número de identificación fiscal, una medida que
puede garantizar, por ejemplo, el número de personas que integran la familia del
solicitante.
La idea de endurecer el control de la llegada al país de los inmigrantes
pobres, que también han sido bautizados como “turistas sociales”, nació a fines
del año pasado en Baviera. El estado federado más rico de Alemania decidió
rescatar de su arsenal político las peligrosas armas del populismo de derecha
para impedir que miles de rumanos y búlgaros puedan viajar a Alemania para
buscar trabajo y, al mismo tiempo, disfrutar del generoso sistema social que
ofrece el país a sus trabajadores.
Las autoridades alemanas creen que unos 200.000 trabajadores rumanos y
búlgaros llegarán al país este año, atraídos por la prosperidad económica, pero
también por las generosas ayudas sociales que reciben todas las personas con un
contrato de trabajo. Ahora viven en Alemania unos 267.398 rumanos y 146.828
búlgaros y solo un 7% está sin trabajo.
La polémica la desató a finales del año pasado el jefe del Gobierno bávaro,
Horst Seehofer, quien calificó a los futuros inmigrantes como “peligrosos
turistas sociales”. Bajo el lema “el que engaña vuela”, la
CSU propuso eliminar las prestaciones sociales en los primeros tres meses de
estancia y hacer posible la expulsión del país de todas las personas que hayan
engañado, por ejemplo, con documentos falsos a las autoridades para obtener un
empleo o las prestaciones sociales.
El documento de la CSU provocó una crisis en el seno del Gobierno de Merkel
el pasado enero. Para impedir un daño mayor a la unidad del Ejecutivo —que ayer
cumplió 100 días— la canciller Angela Merkel y el vicecanciller y ministro de
Economía, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, acordaron crear una comisión de
expertos para que analizaran el problema y buscaran soluciones destinadas a
impedir “el fraude a las prestaciones sociales”.
El resultado es el informe de ayer. “Esta medida no es compatible con el
derecho de la Unión”, dijo a este diario Volker Beck, portavoz de Los Verdes.
Sin embargo, la norma europea reconoce el derecho de residencia para los
trabajadores, pero no de forma ilimitada. La mayor parte de las propuestas del
informe son compatibles con la literalidad de la directiva de libre circulación,
aunque habrá que ver cómo se trasladan a la legislación alemana.
El periódico conservador Frankfurter
Allgemeine Zeitung resumió el contenido del informe con un título
sugerente: “El que no encuentre trabajo, tiene que irse”.
Fuente: elpais.com
