Rebelión institucional contra los CIE

El Parlamento catalán impulsa una 'rebelión' institucional contra los CIE

El Parlamento catalán se convirtió el jueves en la primera cámara que insta al Gobierno central a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
Las plataformas ciudadanas en contra de estos centros celebran el histórico paso: en Madrid y Valencia trabajan para conseguir decisiones similares
"No es solo una cuestión de derechos humanos, es que los CIE tampoco se sostienen por razones de eficiencia", defienden desde la plataforma Tanquem els CIEs


Imagen de una protesta contra los CIE frente al centro de Valencia / CIES NO



El Parlamento catalán insta al Estado a cerrar los CIE y replantear la política migratoria

Un hecho "histórico". La lucha contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Cataluña ha roto la barrera que separaba las manifestaciones en la calle de las instituciones: el pasado jueves, el Parlamento catalán se convirtió en la primera cámara que aprueba una resolución para instar al Gobierno a cerrar estos centros. Los movimientos ciudadanos en contra de los CIE en toda España han celebrado el salto a la cámara regional. "Sí, se puede" y Cataluña lo ha demostrado. Los movimientos de Madrid y Valencia siguen sus pasos y esperan reunirse con las fuerzas políticas a la vuelta del verano.
"En clave estatal, señalamos un efecto dominó. Estaría bien que hubiera resoluciones de ayuntamientos y otros parlamentos autonómicos. Se puede ir impulsando un cambio de mentalidad", afirma satisfecho Andrés García Berrio, de la plataforma Tanquem els CIEs y la campaña Tancarem el CIE en Barcelona.

Aunque ni las Comunidades Autónomas ni los municipios tienen competencia sobre estos centros –dependientes del Ministerior del Interior–, las resoluciones suponen una declaración de intenciones: piden al Gobienro que los cierre y se declaran contrarios al modelo migratorio que sustentan. "En el caso de un proceso de independencia de Cataluña, es además un contrato con la ciudadanía en lo que se refiere a la política migratoria", añade García Berrios.
Abrir el camino no ha sido fácil, reconoce el abogado. Insiste en que "no se puede llegar a las instituciones sin una base social fuerte que empuje", que haga el trabajo continuo de denuncia, "de hormiguita". El movimiento en contra del CIE de Zona Franca de Barcelona asumió que había que acabar con el secretismo que rodea a estos centros que reciben, por un máximo de 60 días, a inmigrantes en situación irregular antes de ser expulsados de España. A pesar de tenerlos a unos metros de distancia, muchos ciudadanos desconocen qué son y qué ocurre en su interior.
Para ello había que dar a conocer los centros, las historias de los que terminan entre sus muros, continúa García Berrio. Las celdas, las rejas en las ventanas, las comunicaciones con los seres queridos a través de una mampara de cristal. "Romper el silencio mediático", dice. Las tres muertes en el CIE de Zona Franca supusieron picos en la atención ciudadana y mediática y, siempre, cada vez que tenían constancia de alguna experiencia de vulneración de derechos humanos acudían a los tribunales.Cómo llegar a la política
Hacer partícipe al poder político era el último escalón. La lucha contra los CIE llegó al Parlamento gracias a una comisión sobre justicia y derechos, propuesta por Iniciativa per Cataluña, apoyada por Esquerra Republicana, e impulsada por las plataformas sociales. El resultado, tras seis meses de trabajo, ha sido una votación en la que todas las formaciones han ratificado su oposición a los CIE, excepto PP y Ciudadanos.
A cada grupo, le han convencido unos argumentos para posicionarse en contra de estos centros. "No es solo una cuestión de derechos humanos, es que los CIE tampoco se sostienen por razones de eficiencia y eso lo han visto al darles estadísticas", indica García Berrio. Su misión –expulsar a los inmigrantes sin permiso de residencia– no se completa en más del 50% de los casos, según los datos oficiales de al Defensora del Pueblo. En 2014, solo se expulsó al 47% de las personas que fueron privadas de libertad de este modo.

Manifestació al CIE de la Zona Franca de Barcelona / Enric Català

La conclusión a la que han llegado en Cataluña es que los CIE no son necesarios, aunque se mantuviera una política de expulsiones de extranjeros como la actual. "Hay alternativas: que estas personas firmasen cada 15 días, la retirada del pasaporte, los retornos voluntarios... En cualquier caso, si no hubiera CIE, hemos dejado claro que no tendrían que aumentar las deportaciones exprés, que a veces no dan opción a estas personas ni a hablar con un abogado. La resolución propone un nuevo modelo migratorio, que sea garantista con los derechos humanos", defiende García Berrio.
Así, con datos y repetidas denuncias de abusos en el CIE de Málaga (ya cerrado), la asociaciones que trabajan con población migrante en la ciudad consiguieron este 2015 una resolución en el Ayuntamiento en contra de la apertura de un nuevo centro. El gobierno municipal está en manos del Partido Popular. "La resolución se aprobó por unanimidad, ninguna formación quería apoyar la reapertura de un CIE después de 20 años en los que se recogieron muchas denuncias. Es que los CIE no son necesarios, solo generan sufrimiento", indica Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge.

El relevo en Madrid y Valencia
Madrid y Valencia, ambas con CIE en sus ciudades, son dos focos donde el movimiento 'anti-CIE' es más fuerte. La decisión en Cataluña y el poder político renovado en algunas instituciones tras las elecciones de mayo han dado esperanzas a las plataformas para conseguir resoluciones similares en sus regiones. 
En Valencia saben lo que es movilizarse, aumentar el rechazo de los vecinos al CIE de Zapadores, y encontrar un muro, una y otra vez, en las instituciones. "Ya lo habíamos intentado antes, tanto en Valencia ciudad como con la Generalitat, con mociones, propuestas... y todo nos lo denegaba el PP con su mayoría absoluta", afirma Ana Fornés, portavoz de CIEs NO. Ahora, con el nuevo gobierno autonómico –del PSOE y Compromís– se abre un nuevo escenario. El apoyo previo de Compromís en la lucha contra los CIE esperan que sea una de las llaves para que el debate entre en la esfera política.
Irene Ruano, de la Campaña por el Cierre del CIE de Madrid, acudió el jueves a Barcelona para ver cómo ganaba el 'no' a los CIE en un pleno. "Desde el principio del proceso ha sido un poco el modelo a seguir, al menos en Madrid". Ruano confía en un mayor diálogo con el nuevo Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, pero reitera que su interés es llegar a todas las instancias y formaciones. "A la Comunidad de Madrid y, aprovechando que estamos en el foco de la actividad del Gobierno central, también al Congreso". En las elecciones generales, las plataformas buscarán posiciones de los grupos sobre estos centros.
Antes, tanto en Valencia como en Madrid, septiembre se dibuja como un fecha para comenzar a tantear a las fuerzas políticas. Los CIE, indican los activistas, son un eslabón más, un elemento simbólico para hablar de qué política migratoria defienden las instituciones. "Si hay racismo institucional como ocurre en los CIE, queda legitimado. ¿Cómo no va a racismo en la sociedad?", concluye Fornés.

Fuente: eldiario.es/desalambre

La nueva Ley de Infancia

La nueva Ley de Infancia deja la determinación de la edad de niños migrantes al arbitrio del fiscal

El fiscal decidirá si el pasaporte de un menor inmigrante que llega solo a España es o no "fiable"; si no lo cree podrá ordenar que le sometan a unas pruebas médicas para averiguar su edad
El Tribunal Sumpremo prohibió estos análisis para los casos en los que los jóvenes tengan una identificación válida que pruebe su minoría de edad
Varios expertos en Extranjería denuncian que la norma contradice la jurisprudencia del Supremo: "El fiscal no es quién para no fiarse de un documento con el sello de las autoridades de otro país"


Imagen de archivo de Mmenores migrantes que están solos en España y viven en las calles de Melilla. //FOTO: Robert Bonet

La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia aprobada este jueves en el Congreso para su entrada en vigor deja la determinación de la edad de los menores extranjeros que llegan a España sin compañía de un adulto al arbitrio del fiscal, que habrá de decidir si el pasaporte que presenta el joven es o no "fiable". Si no le da credibilidad, podrá someterle a pruebas médicas que contrasten lo que dice su documento oficial.

La modificación intenta responder a una problemática que ha motivado una decena de sentencias del Supremo. Niños y adolescentes con un pasaporte oficial expedido en su país que eran tratados por la Fiscalía como indocumentados y sometidos a unas pruebas médicas que, conforme dice el Defensor del Pueblo, tienen un margen de error suficiente para que un menor sea tomado por adulto, lo que implica que pierda la protección institucional.

Si los jóvenes son menores de edad quedan bajo la protección del Estado, a través de los sistemas de protección de las Comunidades Autónomas. Si se concluye que tienen o superan los 18 años, son expulsados generalmente a la calle como extranjeros en situación irregular. 

El Supremo sentó doctrina estableciendo que si el extranjero tiene un pasaporte o partida de nacimiento que acredite su minoría de edad, no podrá ser considerado indocumentado ni sometido a esas pruebas médicas, que no pueden hacerse de forma indiscriminada, como estaba sucediendo a la luz de los recursos que iba analizando.

La nueva ley dice que "el fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable" y proceder entonces a ordenar las pruebas médicas. Para los expertos consultados por Europa Press, es "una corrección intolerable de la jurisprudencia del Supremo".

Así lo denuncia el portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Solans, quien recuerda que en la legislación española "si se presenta un documento expedido por autoridades de otro país, la única forma de ponerlo en duda es una impugnación por falsedad para que después un juez decida si es o no verdadero".

Según afirma, "el fiscal no es quién para no fiarse de un documento con el sello de las autoridades de otro país ni puede hacerlo" porque el pasaporte "es un documento auténtico calificado así todo el cuerpo normativo" de España. "Si es falso se denuncia y si no, pues nada. No hay otra salida. Ese concepto de 'fiabilidad' de un documento público no existe en la ley. Es una burrada", denuncia.

La abogada de la Fundación La Merced Migraciones, Patricia Fernández, explica que esto es lo mismo que se viene haciendo desde hace una década –las resoluciones del Supremo son de casos de 2001– y "es una excepcionalidad que se ha venido convirtiendo en normalidad por mala aplicación de la Ley de Extranjería, pese a ser algo contra natura y absolutamente ajeno a nuestro derecho".

"El estado civil, por esencia, entra dentro del ámbito de los jueces. Si no se sabe cuándo yo, española, he nacido, tengo que ir a un procedimiento judicial. ¿Por qué a los extranjeros se les hace acudir a un proceso de determinación de la edad por un fiscal contra cuyas resoluciones no cabe recurso?", plantea la letrada.

No son los únicos. Durante el debate parlamentario en el Congreso, los portavoces de Izquierda Plural y CiU hicieron notar que se contradecía al Supremo. Ambas formaciones reclamaban que la ley dejase claro que el pasaporte de un chico extranjero "no puede ser cuestionado", por ser un documento público propiedad de un tercer Estado "perfectamente válido" en España.

En el caso de Adika, un menor procedente de Ghana, la fiscalía de Menores de Barcelona reconoció que no daba por válido el pasaporte expedido por la Embajada del país africano en Madrid, como confirmó la institución a eldiario.es. Adika se quedó en la calle por la decisión de la fiscalía.

Celeridad en las pruebas médicas

Por otra parte, el mismo artículo dice que "la realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas".

Desde la Dirección de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguran que el artículo incorpora el mandato del Supremo por esa prohibición de pruebas indiscriminadas y avanza en la protección de los niños migrantes porque también dice que "cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad" en tanto esta se determina.

Sin embargo, Solans opina que el artículo encierra "muchas trampas" porque "la indiscriminación" se produce al dejar en manos del fiscal qué pasaportes son buenos y cuáles no. Alerta además del concepto de "celeridad" en las pruebas médicas porque implicará, según afirma, que se opte por la radiografía de muñeca, "la menos fiable", porque "sigue estándares diseñados en Estados Unidos en los años 50 que no sirven para africanos en la década de los 2000", pero también la más barata.Interés superior del menor

"Se ha perdido una oportunidad enorme de crear un sistema eficaz con un procedimiento fiable", añade Fernández, para recordar que el legislador ha optado "consolidar un procedimiento" que ahora se aplica y que "no garantiza ni el derecho del menor a ser oído, ni a la asistencia letrada, ni a la seguridad jurídica ni a la tutela judicial efectiva porque se evita que pueda acudir a un procedimiento judicial". "Es una barbaridad", afirma.

Recuerda que este sistema "después de diez años se ha revelado como absolutamente ineficaz y vulnerador de los derechos de los menores", pues las sentencias del Supremo son de casos que se produjeron a principios de la década, y plantea si será necesario "esperar a 2020" para que de nuevo la última instancia diga que los criterios de 'fiabilidad' utilizados por el fiscal con esta nueva ley eran contrarios a Derecho.

Fuente: eldiario.es/desalambre

Los países ricos decepcionan en la cumbre de financiación al desarrollo en Adís Abeba

Reacción de Oxfam Intermón al resultado de la Cumbre de Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas que tuvo lugar en Adis Abeba (Etiopía) entre el 13 y 16 de julio.

Oxfam denuncia la falta de compromiso para cambiar un sistema fiscal internacional injusto, así como una privatización de la cooperación internacional cada vez mayor tras la cumbre

Tras largas y tensas negociaciones, la clara determinación de los países en desarrollo en pro de una la reforma del sistema fiscal internacional se ha hecho oír y no podrá ser ignorada

Ban Ki-moon en la Conferencia de Financiación al Desarrollo (Adís Abeba, Etiopía).(c) UN Photo/Eskinder Debebe

“Un sistema fiscal justo es vital en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los ciudadanos deberían poder depender de su propio Gobierno para que les provea de los servicios fundamentales".
Después de tres días de intensas negociaciones en Adís Abeba, la III Cumbre sobre Financiación al Desarrollo de Naciones Unidas termina con un sabor agridulce y sin compromisos concretos para avanzar hacia un modelo de financiación del desarrollo suficiente y justo. No se ha conseguido aprobar la creación de un Organismo Fiscal Mundial que regule de forma justa donde y como deben tributar las grandes empresas, por la oposición de algunos grandes países. Y los compromisos sobre Ayuda Oficial al Desarrollo han quedado totalmente diluidos en una declaración de intenciones (alcanzar el 0,7% del PIB) pero sin un calendario claro de aplicación. 
Oxfam advierte del riesgo que supone privatizar cada vez más la ayuda al desarrollo, bajo un modelo de fondos públicos con gestión privada, sobre todo cuando no se han concretado medidas de protección y salvaguardas. 
“Hoy en día, una de cada siete personas vive en la pobreza y la cumbre de Adís Abeba constituía una oportunidad histórica para comprometer los recursos necesarios para acabar con este escándalo. Sin embargo, la agenda establecida permitió ignorar los compromisos sobre Cooperación y derivar las necesidades de financiación del desarrollo a la participación del sector privado, sin poner ningún tipo de salvaguardas”, afirma Winnie Byenyima, directora de Oxfam Internacional presente en la cumbre. 
Los países en desarrollo defendieron con firmeza la necesidad de poner en marcha un organismo fiscal mundial, que no solo pondría coto a las prácticas de evasión y elusión fiscal de las grandes empresas, sino que permitiría rediseñar los principios fiscales internacionalmente aceptados con mayor equilibrio entre los países más ricos y los países en desarrollo. “Actualmente la balanza está inclinada en beneficio de los intereses países más ricos, y esto no cambiará mientras no cambie la estructura de poder en la toma de decisiones”, afirma Susana Ruiz, responsable de fiscalidad justa en Oxfam Intermón.
Se estima que, desde 2008, por cada dólar que entra en los países en desarrollo (a través de inversiones extranjeras directas, ayuda al desarrollo, etc.), salen aproximadamente dos dólares, principalmente debido a flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal y el pago de la deuda externa.
“Un sistema fiscal justo es vital en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Los ciudadanos deberían poder depender de su propio Gobierno para que les provea de los servicios fundamentales. Pero no es lógico pedir a los países en desarrollo que recauden más recursos sin que se reforme también el sistema fiscal internacional que les impide avanzar en esta línea. Los impactos son nacionales, pero las causas y las soluciones dependen de acuerdos globales“, añade Byanyima. 
“Es bueno que se acuerden nuevas iniciativas y programas específicos como los que se han puesto sobre la mesa en Adís Abeba, pero siempre que sirvan para proporcionar más y nuevos recursos, garanticen el desarrollo sostenible y equitativo y contribuyan a acabar con la pobreza. No pueden ser solo parches frente a la dimensión de los problemas. Necesitamos cambios estructurales. Los Gobiernos y las instituciones internacionales no deben hacerse ilusiones de que estas iniciativas puedan ser sustitutivas de los cambios fundamentales que precisa el sistema fiscal mundial”, concluye Byanyima.
El gobierno español no ha contado con una delegación en esta cumbre con ambición de negociación política para lograr un cambio más ambicioso. “Parece que la erradicación de la pobreza y la defensa de un modelo de financiación más justo y suficiente no son la prioridad en la agenda política de este gobierno, a pesar de haber participado activamente en todos los procesos hasta ahora”, concluye Ruiz.

Fuente: Oxfam Intermón

Enlace: 

http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/paises-ricos-decepcionan-en-cumbre-de-financiacion-al-desarrollo-en-ad

¿Cómo afecta a tu ONG la nueva Ley de Seguridad Ciudadana?

Descubre las novedades que introduce la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y entérate de cómo puede afectar a tu ONG.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana conocida como ‘Ley Mordaza’ ha entrado en vigor el pasado uno de julio, junto con la reforma del Código Penal y la Ley Anti Terrorista, y ha sido objeto de protestas multitudinarias y duras críticas por parte Instituciones (ONU, instituciones públicas nacionales e internacionales), partidos políticos y por gran parte de la ciudadanía y otros agentes intervinientes como las ONG pro derechos humanos.

Pero, ¿por qué? Vamos a analizar algunos de los puntos más relevantes y controvertidos de la nueva normativa con el objeto de que tanto personas individuales como agrupaciones pro derechos humanos estén al tanto de cómo pueden afectarles determinadas actuaciones pues entendemos que éstas (y sobre todo las que promueven el activismo) son especialmente vulnerables.

En primer lugar son relevantes las siguientes disposiciones: los agentes de la Autoridad podrán obligarte a identificarte sin especificación alguna de sus motivos y si te niegas podrás estar detenido hasta 6 horas. Además, el acta del agente tras la aprehensión de armas o drogas después de dicha identificación tendrá presunción de veracidad, algo que Informes de Jueces para la Democracia insisten que jamás debería ocurrir en derecho penal pues vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia durante el proceso. Y, por último, los agentes podrán disolver reuniones o manifestaciones, sin tantos requisitos, con una orden verbal si la situación es urgente (concepto indeterminado) y bajo un número mayor de circunstancias según el artículo 23. En general los primeros preceptos de esta ley al arbitrio de las autoridades policiales la toma de decisiones directamente relacionadas con nuestros derechos fundamentales a la intimidad, integridad física, defensa y presunción de inocencia lo que, según Amnistía Internacional y Relatores Especiales de la ONU (entre otros) deja la puerta abierta a un mayor número de casos de abuso policial.

Por otro lado, llegamos al Capítulo V: “Del Régimen Sancionador”; en cuyo artículo 30 extiende la responsabilidad de las infracciones cometidas por los autores a los organizadores, promotores e instigadores sin dejar en absoluto claro a qué se refieren con estos términos. Instituciones de reconocido prestigio como Human Rights Watch (HRW) han declarado su preocupación por estos términos pues según la literalidad del precepto incluso compartir un Tweet podría ser considerado una instigación. 

La sección 2ª del mismo Capítulo considera infracciones muy graves con multas de 30.001 a 600.000€ cosas tales como un encuentro espontáneo (sin notificación) en las inmediaciones de infraestructuras que brindan servicios básicos cuando supongan un riesgo para las personas. Muchos agentes como HRW, la ONU o Greenpeace consideran que la indeterminación del precepto pretende, en la práctica, poner fin a numerosas protestas pacíficas.

En un nivel inferior, se consideran infracciones graves con multas de 601 a 30.000€ actividades tales como una protesta cuando ‘perturbe gravemente la seguridad pública’ frente a asambleas legislativas incluso si no estuvieran sesionando; o cuando alguien intente obstaculizar la ejecución de una resolución administrativa o judicial, lo que podría traducirse en la práctica como penalización de la paralización de un desahucio o de las protestas pacíficas en organismos cuando se vaya a firmar un acuerdo perjudicial. También el uso no autorizado de imágenes o datos de agentes de la autoridad cuando ‘ponga en peligro su seguridad o el éxito de la operación’.

En el artículo 37, las infracciones leves (de 100 a 600€) son, entre otras, no notificar una manifestación incluso aunque no haya daños ni alteración, o no respetar el itinerario aprobado, o faltas de respeto a agentes de la autoridad a pesar de que el Tribunal de Estrasburgo ha reiterado que todo cuerpo policial debe permitir un mínimo de insultos.

Por último, importantes instituciones pro derechos humanos como Relatores Especiales de la ONU y distintas ONG de prestigio como Amnistía, Greenpeace, HRW o SOS Racismo (entre otros) han denunciado el peligro de la aplicación de esta nueva normativa en varios colectivos con un alto nivel de vulnerabilidad: personas sin hogar, inmigrantes y trabajadores sexuales; dificultando su inclusión penalizando a las personas que contribuyan al ‘deslucimiento público’ (podrían incluirse las personas sin hogar), eliminando la posibilidad de cancelar multas altísimas por tenencia de drogas a personas drogadictas cuando entran en rehabilitación o multando tanto a trabajadores sexuales como a sus clientes sin respetar realmente la normativa especial donde insta a delimitar los preceptos con exhaustividad para que no dé lugar a discrecionalidad ninguna.

Como conclusión, hasta que no haya jurisprudencia suficiente que delimite el marco de aplicación práctico y real de esta nueva ley, aquellos individuos y organizaciones que promuevan el activismo social o político deberán tener cuidado y estudiar en profundidad los preceptos para no verse inmerso en algún problema.

Fuentes:Paloma Torres, publicado en solucionesong.orgLa foto es de Dani en Flickr

Justicia Universal

El abogado catalán que ha puesto en jaque al gobierno de Ruanda

El letrado Jordi Palou ha impulsado la querella que ha permitido la busca y captura de 40 miembros del gobierno ruandés por masacres y genocidio

Londres acaba de detener a uno de ellos, el jefe de los espías: "Le pusieron una fianza de 1,4 millones que pagó al día siguiente", cuenta Palou a eldiario.es

"Empecé a interesarme cuando conocí a los familiares de dos víctimas catalanas asesinadas en Ruanda", relata el letrado

El abogado Jordi Palou

El abogado Jordi Palou quiere hacer justicia y conocer la verdad en un país tan lejano como Ruanda. Es un convencido de la justicia universal -que el gobierno limitó durante esta legislatura-, activista, pacifista, mediador de conflictos y objetor de conciencia al servicio militar. Es uno de los pocos abogados acreditados ante la Corte Penal Internacional (hay 300) y ahora trabaja como director del Memorial Democràtic de Cataluña.

"Mi interés empezó en el año 2000, cuando conocí a los familiares de dos víctimas catalanas que fueron asesinadas en Ruanda", cuenta Palou a eldiario.es. Ese año, junto a varios profesionales y ONG nacionales e internacionales, Palou impulsó el Forum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. 

Cinco años más tarde, en 2005, presentaron ante la Audiencia Nacional una querella contra el Frente Patriótico Ruandés (de mayoría tutsi y actualmente en el Gobierno) por crímenes sistemáticos y planificados contra civiles en Ruanda y República Democrática de Congo desde 1990 a 2002. Entre ellos, por la muerte de 9 españoles misioneros y cooperantes, que fueron torturados y asesinados por ser testigos incómodos de las masacres o ayudar a las víctimas. La Audiencia Nacional aceptó la querella, abrió una investigación y emitió una orden de busca y captura contra 40 miembros de la cúpula político-militar ruandesa por terrorismo, genocidio o crímenes contra la humanidad, entre otros.

El pasado 20 de junio, uno de los hombre fuertes del gobierno ruandés, Karenzi Karake, era detenido en el aeropuerto de Heathrow (Londres) en cumplimiento de esa orden de captura internacional emitida por España. Es el general de los espías o, en lenguaje oficial, director general de la Inteligencia Nacional de Ruanda y los Servicios de Seguridad.

¿Qué hacía un alto cargo ruandés con orden de detención en Londres? Como dijo el ministro de justicia ruandés a un periódico local, "estaba en misión oficial por una semana". Es decir, trabajando para la inteligencia ruandesa en un país europeo.

El general ruandés Karake, detenido el Londres por el genocidio de 1994

La prensa británica se preguntaba al día siguiente por la misión concreta en Londres de Karake y por qué había entrado más veces sin ser detenido. No ha habido respuesta por el momento, pero Palou desvela algunas conexiones políticas, como que su defensa "esté liderada por Cherie Blair, esposa del exprimer ministro británico, que ahora es consejero personal de Kagame", el actual presidente de Ruanda. 

Palou recibió la noticia acordándose "de estos 15 años de trabajo y de las víctimas". De momento solo esta detención se ha hecho efectiva."La mayoría están en Ruanda porque temen las órdenes de arresto internacionales, van con cuidado de no moverse fuera de África". Allí se les protege, después de que el presidente ruandés Kagame lograra un apoyo mayoritario de la Unión Africana para que sus países miembro -todos menos Marruecos- no respondan ni acepten ser juzgados por otros países o cortes internacionales. El Gobierno ruandés ha calificado la detención de "escándalo" y la ministra de Asuntos Exteriores se ha echado las manos a la cabeza en lo que considera "acoso político"

¿Cómo acaba un abogado español luchando por que se haga justicia en Ruanda? Su formación está muy vinculada a la mediación en conflictos y la justicia universal. "Todo esto tiene que ver con movimientos pacifistas. Mi intención es acompañar a estos pueblos en su camino hacia la verdad, la justicia y la resolución pacífica de conflictos. Estas personas que luchan tienen mucho coraje y llevan todo ese drama con mucha dignidad".

Cherie Blair, abogada del militar Karake, entrando en el juzgado para defender al ruandés tras ser detenido en Londres / EFE

Ahora que la justicia universal se ha limitado en España, lo que ha llevado a cerrar casos como el del asesinato del cámara José Couso, lo que pase con el general detenido "es una incógnita", dice Palou. Una vez detenido y reclamado por el juez Andreu para ser extraditado a España, la decisión queda en manos de la justicia británica. "A finales de octubre habrá una vista de extradición y ellos dirán que la ley ha cambiado en España y la jurisdicción española dirá que sí es posible". A Karake se le ha detenido por genocidio, crímenes contra humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y pertenencia a banda armada.

No puede volver a Ruanda de momento, aunque fue puesto en libertad en Londres bajo una fianza de 1,4 millones "que fueron abonados al día siguiente". Le han puesto una pulsera electrónica de control para evitar que se fugue.

Sobre el papel del Gobierno español en esta búsqueda de la reparación y la justicia, el abogado cuenta que "de cara al público están a favor de las víctimas españolas, pero fuera de pedir la extradición de otro militar que está en Sudáfrica -el general Kayumba Nyamwasa- no ha hecho nada más".

Enlace: Sumario 3/2.008--D

http://www.eldiario.es/desalambre/abogado-catalan-militares-genocidio-ruandes_0_407709501.html

Mientras esto ocurre, la herida de Ruanda sigue sangrando. El abogado, que también trabaja a través del Forum en el diálogo entre las tres etnias -hutu, tutsi, twa- como trabajo complementario a la batalla judicial, cuenta que se sigue encarcelando a opositores y activistas que luchan por la paz. "Hay una líder política que ha participado en este proceso, que dejó a su familia y el exilio para volver Ruanda y presentarse a las elecciones y fue torturada en la cárcel, donde está desde hace 5 años".

Si todo va bien y se extradita a Karake, el próximo año podría celebrarse un juicio oral contra él. "Hay muchísimas familias que sufren. Tenemos la oportunidad de que se vea esto en un proceso con todas las garantías".

"Sin verdad la justicia sólo será arbitrariedad, incluso puede suceder que las víctimas sean presentadas como verdugos y los verdugos como liberadores", dice uno de los lemas del Forum. En el conflicto ruandés los tutsi han sido reconocidos como víctimas de un terrible genocidio en 1994 a manos de los hutu -llevado a la ficción en la película 'Hotel Rwanda'-, y también son ahora perseguidos por la justicia por los abusos y crímenes que han cometido antes de ese año 1994 y a partir de él, cuando llegaron al poder.

"En España también sucedió que Franco al acabar la guerra se presentaba como un libertador, pero cometió graves crímenes. Espero que todo esto sirva para una nueva sociedad democrática e inclusiva", concluye Palou.

Fuente: eldiario.es/desalambre

Uso del móvil en los CIE

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid emite un auto en que explicita que se permite que las personas internas en el CIE de Madrid puedan utilizar sus teléfonos móviles durante un período mínimo de cuatro horas diarias.

Fuentes: Sección de Extranjería del ICAM y legalteam.es

Enlace: http://legalteam.es/lt/wp-content/uploads/2015/07/M%C3%B3viles.pdf

Miedo a una "generación perdida" siria: la guerra dispara el trabajo infantil

En Jordania el 47% de las familias sirias refugiadas afirma que sus hijos traen dinero a casa y en Irak "cerca del 77% de los niños sirios refugiados trabajan", según un informe de Unicef y Save The Children

Antes de la guerra, "casi todos los niños en Siria iban a la escuela y los índices de alfabetización superaban el 90%"

Los menores sufren secuelas y abusos en el trabajo: Omar recoge gasolina con una esponja para después vender; por la noche, le arde el pecho

Omar, de 12 años, trabaja en Siria para mantener a su madre y su hermano pequeño después de que muriera su padre. / Ahmad Baroudi / Save the Children.

Arrodillado en el suelo, esponja en mano, Omar (de 11 años) recoge la mayor cantidad de gasolina posible que encuentra esparcida en el terreno de Iddleb, al norte de Siria. La acumula en un cubo para venderla. Sus manos, que escurren el líquido negro a diario, ya no se parecen a las del estudiante que un día fue. "Era muy bueno en poesía", recuerda el niño sirio cuatro años después del inicio de la guerra en su país.

Es uno de los menores que aparece en un reciente informe de Save The Children y Unicef sobre el aumento del trabajo infantil entre los niños sirios desde que hace estallase la guerra civil que golpea el país. En Siria y en los países vecinos: "En Jordania, el 47% de las familias de refugiados sirios afirma que parte o todos sus ingresos son generados por un niño", recoge el estudio.

Save the Children y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) indican que, a pesar de la carencia en estadísticas sobre trabajo infantil, el incremento del número de menores que han dejado las aulas por un empleo se deja notar en algunas cifras. Si en Jordania el 47% de las familias reconocía que sus hijos lleva dinero a sus hogares, "en Irak, cerca del 77% de los niños sirios refugiados trabajan para apoyar a sus familias".

Además, antes de la guerra, "casi todos los niños en Siria iban a la escuela y los índices de alfabetización superaban el 90%". Ahora, según Unicef el conflicto ha expulsado de las aulas a 2,7 millones de niños sirios de los nueve millones que habita el país. En las regiones vecinas –donde la ONU estima que hay dos millones de menores refugiados en situación de vulnerabilidad– las cifras de inserción educativa se reducen mucho más: "Aproximadamente el 57% de los niños sirios refugiados estaban fuera de la escuela en marzo de 2015".

Y cuando no pueden asistir al colegio y la necesidad aprieta, el empleo de los hijos es la solución al hambre para muchos hogares. Según los datos de la ONU, "el 64,7% de la población siria vivía en extrema pobreza en 2014, incapaces de satisfacer las necesidades básicas".

Niño trabajando en el campo de refugiados de Za'atari, Jordania, cavando arena para vende para la construcción. / Rosie Thompson / Save the Children.

La pobreza también los retira de las aulas, aun cuando tienen opción de asistir, lo que preocupa aún más a las organizaciones sociales: el trabajo fue la causa más mencionada para no ir al colegio por el 78% de los menores no escolarizados de Hama (Siria) y por el 75% de la zona rural de Damasco, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo que cita el estudio.

Trabajos precarios y peligrosos

Omar es uno de esos niños. Tras la muerte de su padre y de que su hermano mayor se uniese a un grupo armado, él asumió la responsabilidad de mantener a su madre y hermanos pequeños. "A veces cuando el mercado está muy abarrotado de niños, trabajar se convierte casi en una guerra en la que los niños luchan para conseguir la gasolina del suelo", dice. Si el hoy, el mercado, es "negro y apestoso", Omar recuerda el pasado, su escuela, como "colorida y cálida".

Hussain, de 10 años, vive en el campo de refugiados de Za'atari en Jordania y la última vez que fue al colegio "fue en Siria, hace dos años". Le gustaba, pero "he olvidado todo lo que aprendí, no puedo ni siquiera escribir mi nombre", cuenta. En su caso, sus dos hermanas estudian, pero los tres niños de su familia colaboran para llevar algo de dinero a casa.

Hussain, de 10 años, iba al colegio en Siria pero ahora en Jordania trabaja, al igual que sus otros hermanos. / Rosie Thompson / Save the Children.

El informe señala que el trabajo infantil es más frecuente entre los niños que entre las menores. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), ellos "suponen el 94% del trabajo infantil en el campo de refugiados de Za'atari". El trabajo infantil se centra sobre todo en la agricultura, en la venta ambulante y la mendicidad en las calles, y en comercios y otras actividades en las zonas urbanas. Los empleadores, indica el informe, buscan a menudo a niños en sus contrataciones, a los que pagan menos.

Sin embargo, las organizaciones responsables del estudio advierten de cierta infrarrepresentacion del trabajo ejercido por las niñas, ya que suelen estar empleadas en "labores menos visibles", como el trabajo doméstico y la agricultura. Cuando trabajan como empleadas domésticas internas, se "las expone a peligros como el abuso y la explotación sexual".

Los riesgos laborales también llegan en forma de pesticidas, cargas demasiado elevadas para el cuerpo de los menores y abusos físicos de los empleadores. Omar cuenta a Save the Children que el trabajo en el mercado de combustible "es peligroso, un incendio puede empezar en cualquier momento y, cuando comienza, lleva horas y muchos hombres apagarlo. Mucha gente ha muerto por el fuego". Pero no son solo los incendios: "La gasolina te quema la piel" y por la noche el pecho el arde cuando intenta conciliar el sueño

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Omar muestra las manchas en la piel que le han salido desde que trabaja recogiendo gasolina. / Ahmad Baroudi / Save the Children.

Cerca del 75% de los niños empleados en el campo de refugiados de Za'atari asegura sufrir problemas de salud en el trabajo. Salem, de 13 años, trabaja en muy malas condiciones en los campos del valle de Becá (Líbano), pero en su casa no pueden permitirse que acuda al colegio. Así que aguanta.

Las organizaciones sociales piden mejorar las ayudas a los refugiados sirios y erradicar las peores formas de trabajo infantil para que estos menores, que han dejado de formarse y crecen aguantando condiciones que no son las adecuadas para su edad, no se convierten en la "generación perdida de Siria". Esa a la que la guerra ya ha arrebatado el presente.

Salem, de 13 años, trabaja en los campos del valle de Becá (Líbano). Su padre, enfermo y sin recursos para pagarse el medicamento, tuvo que admitir de mala gana que su mujer y sus hijos trabajaran para pagar el alquiler. / Ahmad Baroudi / Save the Children.

De los 5.500 millones de dólares que según la ONU se necesitan para ayuda humanitaria y la reconstrucción de Siria en 2015, a mitad de año solo se ha recibido una cuarta parte.

Omar no se resigna. No le gusta el trabajo que ha dejado su ropa impregnada de un olor intenso a gasolina pero sueña con que sea el trampolín para ganar dinero y poder volver a estudiar, "convertirme en lo que quiero ser": arquitecto.

Fuente: eldiario.es/desalambre