viernes, 10 de agosto de 2012

Se supone que cuando anochece ya tienes que estar retirado

Un cooperante español, herido leve en un accidente de coche en Tinduf

Un vehículo militar de la escolta arrolla a uno de los coches de la delegación española
El grupo que secuestró a cooperantes "es una creación de Marruecos”, dice el primer ministro

El cooperante herido es atendido en el interior del coche accidentado. / E. G. DE BLAS

El viaje de los cooperantes españoles a los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) ha registrado su primer incidente, aunque nada ha tenido que ver con el riesgo de secuestro terrorista que según el Ministerio de Exteriores amenaza a los españoles en la zona. Uno de los activistas de la delegación, José Luis San Pedro, presidente de la Federación Madrileña de Asociaciones Solidarias con el Sahara Occidental (FEMAS), ha resultado herido leve en un accidente de coche mientras el grupo se desplazaba a visitar unas dunas cercanas al campamento de Smara, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tinduf. Un vehículo militar de la escolta de los cooperantes arrolló a uno de los coches de la caravana en un frenazo brusco. El cooperante se desvaneció por un golpe en la cabeza en el impacto, pero se encuentra bien y no ha tenido que ser ingresado.
El accidente tuvo lugar en la carretera, a unos tres kilómetros del campamento de Smara, sobre las nueve de la noche hora local (las diez en España). El convoy de la delegación de cooperantes españoles, formado por 16 jeeps –la mitad ocupados por trabajadores de ONG y prensa y la otra mitad por militares- viajaba a alta velocidad cuando uno de los todoterreno giró a la izquierda para tomar un desvío. El vehículo militar, que iba en la misma dirección pero en el carril de al lado, no pudo frenar a tiempo e impactó lateralmente contra el otro. Los dos coches se salieron de la calzada.
“Estoy bien, pero no me acuerdo de nada de lo que ha pasado. Ni golpe, ni nada, solo he abierto los ojos y me he encontrado en la camilla”, ha asegurado el cooperante, que ha sido atendido en el hospital del campamento y tiene que llevar un collarín. Una ambulancia de la Media Luna Roja Saharaui lo recogió en el lugar del accidente. El activista se golpeó en la cabeza con otro de los cooperantes que viajaban en la parte trasera del mismo jeep. Los ocupantes no llevaban cinturón de seguridad porque los vehículos no tienen en la parte de atrás.
Digerido el susto, la delegación llegó a las dunas de Smara, donde les recibió el primer ministro, Abdelkader Taleb Omar, y los saharauis les agasajaron con cuscús para romper el ayuno del Ramadán y un concierto bajo la noche estrellada. El responsable del Gobierno saharaui insistió en el agradecimiento que las autoridades del Ejecutivo vienen haciendo a los cooperantes por su viaje al Sahara, desoyendo las advertencias del Gobierno español de que existe un peligro “inminente” para su seguridad.
“El movimiento solidario español es el más importante para los saharauis y molesta mucho a Marruecos”, aseguró el primer ministro. “El MUYAO [el grupo terrorista vinculado a Al Qaeda que secuestró a los cooperantes españoles en octubre de 2011 en Tinduf] no es más que una creación marroquí. Ese movimiento solo sirve a los objetivos marroquíes”, afirmó Taleb Omar, que añadió que lamenta que España “caiga en las trampas de Marruecos” y pidió al Gobierno que reconsidere la decisión de repatriar a todos los cooperantes españoles: “Esperemos que el Gobierno español rectifique. Miles y miles de familias españolas y saharauis han creado un tejido de cariño que no vamos a dejar que se pierda por una decisión política”.

Fuente: elpais.com

Las puertas abiertas de Europa...

Francia sigue expulsando gitanos

El Gobierno de Hollande mantiene la política de desmantelar campamentos
La policía evacua un asentamiento ilegal de gitanos en Villeneuve d'Ascq, en el norte de Francia. / PASCAL ROSSIGNOL (Reuters)

Las autoridades francesas evacuaron ayer a unas 200 personas de dos campamentos gitanos en las afueras de Lille, en el norte de Francia, mientras que unos 250 rumanos tomaron un vuelo chárter a su país desde Lyon, en lo que las asociaciones humanitarias denuncian como expulsiones disfrazadas. El nuevo Gobierno socialista, bajo la autoridad del presidente François Hollande, da así continuidad a la polémica política impulsada hace dos años por el exmandatario Nicolas Sarkozy, que fue muy criticada por la entonces oposición socialista. El Ministerio del Interior alega motivos sanitarios y busca un cambio de tono al insistir en la necesidad de buscar alternativas para los desalojados.
Unos 150 agentes supervisaron la evacuación ayer de madrugada de los campamentos de las afueras de Lille, amparada por una decisión judicial tras la demanda de una asociación de vecinos. Los poblados estaban instalados en terrenos públicos, propiedad del Ayuntamiento de Lille, cuya alcaldesa es la primera secretaria socialista, Martine Aubry. Cerca de Lyon, la policía también evacuó el día 8 a un grupo de unos 60 gitanos, que habían sido expulsados tres días antes de una casa ocupada.
El ministro del Interior, Manuel Valls, ya había anunciado el miércoles en un comunicado que seguiría desmantelando los campamentos “en consideración de las circunstancias y dificultades locales, y en particular de los riesgos sanitarios”. En el mismo texto destacaba que estos pueblos chabolistas son también “un verdadero desafío a la convivencia”. El mensaje de firmeza iba sin embargo acompañado por un llamamiento a la concertación con las ONG y la búsqueda de soluciones alternativas para los evacuados, algo que el presidente François Hollande había prometido durante la campaña presidencial, pero que en el caso de los desmantelamientos de ayer no se cumplió.
Sobre todo, el Ministerio del Interior contempla “una reflexión más global” sobre la situación de los ciudadanos búlgaros y rumanos. En concreto, propone un “examen objetivo” de las medidas transitorias que limitan el acceso al mercado laboral a los rumanos y búlgaros (ciudadanos europeos desde 2007), prolongadas hasta finales de 2013. Las ONG las denuncian como el principal freno a la integración de estos ciudadanos. Una resolución para poner fin a esta limitación ha sido presentada ya por la senadora ecologista Aline Archimbaud y será examinada a mediados de octubre en el Senado, pero el Gobierno podría adelantarse y hacer un anuncio al respecto.
Mientras tanto, los desmantelamientos de campamentos se suceden en los últimos días en ciudades como Lille, París o Lyon, desde donde despegó ayer rumbo a Bucarest un chárter con unos 250 rumanos que han aceptado retornar a su país. Se trata de ciudadanos que se benefician de la denominada Ayuda al Regreso Voluntario (reciben 300 euros por adulto y 150 por niño). El incentivo fue instaurado en 2007, pero en la práctica no impide a quienes se benefician volver de nuevo a Francia. Las asociaciones humanitarias estiman así que el número de gitanos del Este de Europa se mantiene estable desde hace años (en torno a los 15.000) a pesar de las miles de expulsiones anuales, voluntarias o forzadas.

Fuente: elpais.com

Código Deontológico para algo se jura ¿no?

Sanidad avisa a los médicos objetores de que no pueden atender a sin papeles

Más de 1.000 facultativos asistirán a inmigrantes irregulares amparados en su código ético
Los enfermeros alertan de que es una infracción sancionable
Sanidad deja en el aire la terapia de sin papeles con enfermedades crónicas
Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

Varios inmigrantes son atendidos en un centro en Barcelona. / marcel·lì sáenz

Seguirán atendiendo a sus pacientes, sean españoles o extranjeros. Estén en situación irregular o no. Más de 1.000 médicos se han declarado ya objetores a la ley que restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Los facultativos consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a más de 150.000 personas, contraviene su código deontológico; aquel que dice que deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”. Por eso, han decidido seguir asistiendo a aquellos que han sido sus pacientes, tengan papeles o no. El ministerio les advierte de que su postura es ilegal. “La objeción aquí no tiene sentido. No es el médico quien se encarga de facturar, es el que se encarga de atender al paciente”, argumenta una portavoz.
Los facultativos han mostrado una postura firme y clara desde que estalló la polémica. “El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, expone Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que sustenta la acción. Para ello, tras consultar la legalidad de la objeción, esta organización ha abierto un registro para que estos profesionales se inscriban. El listado se nutría en un principio de médicos de familia. Ahora, se ha abierto también a otros profesionales sanitarios. Incluidos los enfermeros. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Enfermería alertó ayer a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos puede suponer una infracción administrativa. “Nuestros servicios jurídicos han determinado que esa acción no sería objeción de conciencia, sino insumisión”, explica su presidente, Máximo González Jurado.
“No aceptaré la norma que me impide seguir atendiendo a mis pacientes. Les seguiré viendo, tengan la situación administrativa que tengan. Y lo haré en mi horario de trabajo”, zanja Mario Soler, médico de Familia en Molina de Segura (Murcia). Este facultativo de 55 años explica que la nueva ley que retira a tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares —que solo podrán ir a Urgencias y recibir atención al parto y posparto— atenta contra los valores fundamentales de su profesión. “Va contra nuestro código deontológico. Y entre la lealtad a mi empresa pública y la lealtad a mis pacientes antepongo a mis pacientes, que son personas con nombres y apellidos”, dice. Soler tiene unos 300 pacientes inmigrantes. No sabe cuántos de ellos carecen de papeles, pero supone que muchos.
Red para ricos, red para pobres
Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora —si están empadronadas— recibir asistencia médica, será desactivada. Solo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. El resto únicamente podrá acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia.
El Consejo General de Enfermería propuso ayer a sus miembros la creación de consultas en los colegios profesionales. Una forma, explica su presidente, Máximo González Jurado, de seguir atendiendo a sus pacientes, “pero dentro de la legalidad”.
Mas los medios de la sanidad pública —económicos y físicos— y los de estas entidades no son los mismos. “¿Quién y dónde, si no se puede en la pública, va a hacer las pruebas diagnósticas, los estudios y las intervenciones?”, se ha preguntado siempre Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial. “Si el coste de la atención a estos pacientes es tan insignificante que se puede llevar a cabo con cualquier mecanismo alternativo, ¿por qué no se sigue haciendo en la red pública? Esto es montar un régimen de caridad y abrir dos vías en la sanidad: una para ricos y otra para pobres”.
Las organizaciones que atienden a sin papeles, y que hasta ahora eran un apoyo, advierten de que las subvenciones que reciben, además, son cada vez más escasas. La propuesta del Gobierno de cobrar a los sin papeles un “aseguramiento” de 710 euros al año por recibir asistencia en la sanidad pública tampoco es para muchos una buena opción.
Rosa Bajo, médico de Primaria de Loeches (Madrid), también es objetora. “La salud es un derecho por el hecho de haber nacido. Que haya una parte de la población que no pueda acceder a ella, sea por no tener dinero o papeles, es indecente. Éticamente no podemos dejar sin atención a nadie que lo necesite. Esta es la base de nuestra objeción”, mantiene. Desde el día 1 se pondrá una chapa del movimiento Yo sí sanidad universal. “Así haré ver que yo sí atiendo”, dice.
Los médicos saben que su objeción, en la práctica, es complicada. Si un paciente no está en la base de datos no puede pedir cita ni se le puede enviar a hacer analisis ni pruebas. No obstante, esperan solventar esos problemas. El facultativo de Murcia pondrá carteles en la consulta explicando que atiende a todos los pacientes. No descarta establecer un horario específico, por ejemplo, cuando acaba de pasar consulta. Para el resto de asistencia espera que se cree una red de médicos objetores. “Desde analíticas a pruebas. Debemos organizarnos para poderles dar todo en la red pública”.
Además, mantienen, es importante denunciar cada desatención. Bajo y sus compañeros enviarán cada caso a los comités de ética de cada distrito, al departamento de salud pública y a la dirección de área. No han estudiado las consecuencias de su acción, pero creen que lo que hacen es perfectamente legal.
El presidente de los enfermeros alerta, sin embargo, de los efectos de estas acciones. “Esto no es objeción. Te debes a tu empresa, que es quien te paga y quien marca las reglas de juego. Jurídicamente se pueden enfrentar a un problema”, dice González Jurado.
Mientras, los colegios de médicos defienden la objeción y su código ético. “Es un deber deontológico atender a cualquier ciudadano”, dice Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial.
El debate sigue y aún no está claro qué puede pasar con los objetores. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, criticó el lunes su acción: “No es una cuestión de humanidad o no, es una cuestión de presupuestos”. Y advirtió: “Si quiere objetar un médico es muy fácil, lo comunica a la dirección y se le deduce de la nómina y habrá hecho una contribución social que demostrará su interés. Ser solidario con el presupuesto de todos, eso es fácil”.
La Consejería de Sanidad de Murcia, donde se han objetado numerosos médicos, prefiere no valorar la actuación de estos profesionales. “Confiamos en que la situación se solucione y que los inmigrantes en situación irregular tengan también atención sanitaria, aunque respetando el real decreto del Gobierno”, dice un portavoz. El presidente de Semfyc espera también que la desatención a estas personas no llegue a producirse. Tiene esperanzas de que cambie la ley. “Son nuestros pacientes, por eso vamos a seguirles atendiendo. Por ellos y porque además es peor para la sociedad no hacerlo”, abunda Basora.

Fuente: elpais.com

jueves, 9 de agosto de 2012

Después de todo muchos tomamos bebidas efervescentes

Activismo efervescente
Las protestas novedosas tienen un minuto de gloria que puede desinflarse
Cambiar el sistema requiere de acciones tradicionales
Militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores roban alimentos para dárselos a los pobres. / m. rodríguez (EFE)

En los últimos tiempos proliferan singulares formas de protesta, de la mano de las nuevas tecnologías algunas, vistosas todas, que elevan el mensaje por unas horas con tremenda efervescencia debido a la ayuda de los nuevos canales de comunicación. El grupo flamenco Flo6x8 ha tenido resonancia internacional por sus espectáculos de cante y baile en las oficinas de Bankia, lo mismo que el vídeo de las amas de casa interpretando macroeconomía en el patio común (Hablando en plata, se titula); los sindicatos también han recurrido a vigilias de poesía y cante; los antitaurinos saltaron al ruedo, las besadas de los grupos homosexuales, las marchas de ciclistas desnudos... Y el movimiento 15-M una exitosa y singular forma de protesta.
¿Singular? “Nuevo, nuevo, solamente puede decirse que es la organización de la protesta a través de las redes sociales, puesto que esta tecnología sí es nueva. Por lo demás, la historia está llena de reacciones de colectivos, no solo el obrero, similares: recordemos el ludismo, cuando se quemaban las máquinas”, dice el dirigente de CC OO Fernando Lezcano. O las mujeres paseando en pantalón, para desasosiego de los bienpensantes. Cierto. Pero es verdad que la Red ha traído algunas ventajas a las protestas, sobre todo en las convocatorias: “Permite reunir a mucha gente de distintas características en unas pocas horas, ponernos de acuerdo, lanzar un mensaje, eso es algo que los medios de comunicación tradicionales no favorecían”, dice Stéphane M. Grueso, cineasta, miembro del 15-M y famoso por su activismo. Pero hay un punto en el que se puede discrepar: en ese “ponernos de acuerdo” que cita Grueso. “Es verdad que Internet aporta un poder de convocatoria masiva y rápida, pero que puede ser como la espuma de la cerveza y venirse abajo en un rato, porque quizá no hay un programa de fondo que lleve a un fin”, opina Juan Carlos Revilla, profesor del departamento de Psicología Social de la Complutense. “Es justo lo contrario de lo que pasaba hace años, que se informaba de las protestas a través de la televisión, la radio, los periódicos, era más difícil el arranque, pero una vez en marcha se dirigía mejor, mucha gente compartía un objetivo común y era más probable alcanzarlo”, añade.
“Ahora la gente sale a la calle informada”, asegura un miembro del 15-M
A esto también le pondría un matiz Stéphane M. Grueso, porque él cree que ahora la masa que protesta está más informada, gracias a las redes sociales: es lo que él llama alfabetización de ciudadanía. “La gente sale informada, no solo son muchos ciudadanos andando detrás de una consigna, saben por qué lo están haciendo, hay una alfabetización en la protesta”, dice. Gracias, también, a que la Red permite conectar con profesionales y expertos diversos que participan de la protesta aportando sus conocimientos. “De no ser así no podríamos haber montado el movimiento 15-M para Rato, que se trata nada más y nada menos que de poner una querella ante la Audiencia Nacional”, dice Grueso. Por esa vía se evita que se disipe la espuma de la cerveza. “Claro, porque el 15-M se ha institucionalizado un poco, de alguna manera”, señala Revilla. Después de todo, el movimiento se tradujo finalmente en protestas clásicas, es decir, grandes manifestaciones y concentraciones. ¿Puede decirse, entonces, que languidecen las protestas tradicionales en favor de formas novedosas? “Son compatibles, pero creo que lo que realmente sirve de presión no es una acción más o menos llamativa, con su minuto de gloria, efímera. Lo que sirve, hoy como ayer, son las acciones que suman gente y generan conciencia colectiva. Y eso, a pesar de que se está creando un estado de opinión que acaba minando la conciencia de la gente. Cuando los políticos o los empresarios dicen que no modificarán su actitud por más huelgas o manifestaciones que se hagan no es verdad que no les incomoden. Claro que les afectan, lo que pasa es que tratan de protegerse, usan ese mensaje de forma disuasoria: si ceden de forma inmediata dan por victorioso al que protesta y corren el riesgo de que convoquen más. Pero al cabo de unos meses hay cambios y modificaciones, solo que las camuflan bajo excusas distintas”, señala el sindicalista Lezcano.
A pesar de ello, estos nuevos activistas defienden su “creatividad radical”.
Los integrantes del grupo flamenco Flo6x8 ocultan sus identidades bajo pseudónimos y lo explican diciendo que la “confrontación de cuerpo y capital” tiene como objetivo “empoderar a la sociedad” y no la promoción artística personal.
Se consideran flamencos, artistas y activistas. Definen su protesta como flamenco de situación. “Bailar frente a un cajero es contexto, hacerlo dentro del banco es confrontar el arte con la realidad”, explican.

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca realizan una 'performance' en una oficina de Bankia. / LUIS SEVILLANO

“Cualquier protesta es un acto de comunicación con un propósito concreto, una reacción ante algo que no nos complace. El objetivo es llegar al mayor número de personas y que sea eficaz”, resume Manuel Ángel Vázquez Medel, investigador y catedrático de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura en la Universidad de Sevilla. Vázquez Medel confirma que este fenómeno de protestas originales se produce porque “ante tantas voces, es más difícil el éxito”. Las crisis se suceden y es difícil hacerse oír. Hay que recurrir a fórmulas originales. En este contexto, la creatividad se convierte en el principal valor de las protestas. Un fenómeno que no es nuevo, pero que si ha adquirido una nueva dimensión donde prima esa “creatividad radical”. El profesor recurre para explicarlo a George Lakoff, un investigador de los sistemas conceptuales y lingüista colaborador de Obama. “Cuando alguien te provoca, lo normal es caer, entrar en el marco. Lo aconsejable es romper este marco y no ser reactivo sino proactivo”
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales organizará en octubre un reparto de sopa boba por diversas capitales. Servirán comida en la calle y una doble fila de hombres y mujeres disfrazados como antaño acudirán con su plato. “La gente tiene que visualizar la regresión que el ataque a los servicios sociales va a provocar, regresión al pasado. Pero ojo, a estas protestas las acompañamos de datos y estudios rigurosos que desmienten lo que vende el Gobierno, no hay que perder esa vertiente”.
Sacar las protestas del marco convencional es parte del éxito de las actuaciones de Flo6x8. Ellos han entrado en los bancos y convertido sus vestíbulos en escenarios multiplicando por miles sus espectadores a través de las grabaciones. Y han causado gran efecto.
“Cualquier fórmula es bienvenida si es respetuosa”, dice un sindicalista
Lezcano advierte, sin embargo, contra el “efectismo”. “Entiendo que hay circunstancias en las que se recurre a medidas de esta naturaleza”, dice en referencia al asalto al supermercado por parte de Sánchez Gordillo. “Y no creo que llamar la atención sea poca cosa, como las protestas de Greenpeace, por ejemplo, pero siempre pienso que a veces estas acciones dejan tranquila las conciencias de sus promotores y de los seguidores, pero, finalmente, no hacen mucho daño al sistema. Si de verdad se quieren cambiar las cosas, solo una acción de masas puede poner contra las cuerdas a los Gobiernos”, asegura.
Tampoco cree que estén agotadas las huelgas o las manifestaciones el secretario de Organización y Comunicación de UGT, José Javier Cubillo, aunque da la “bienvenida a otras fórmulas que llamen la atención siempre que sean respetuosas. “En determinadas huelgas de consumo que se proponen, por ejemplo, es difícil medir los daños y las consecuencias. Quizá la pérdida de imagen de una empresa o de una persona tiene más calado,pero hay que andar con tiento”, dice. La cadena de producción se ha roto y ahora una fábrica no produce de forma integral, desde el primero hasta el último tornillo, por eso, a un empresario le es más fácil vadear una huelga. “Es cierto, les incomoda, pero a veces le encuentran solución, porque la producción se ha deslocalizado”, afirma. Pero no cree que las protestas tradicionales estén agotadas.
O, como dice el profesor Revilla, “puede que la izquierda, o los sindicatos, que tradicionalmente han organizado las protestas en la calle, atraviesen una crisis de identificación con ellos, de cierto descreimiento, pero agrupar a mucha gente de forma muy rápida puede ser solo la espuma de la cerveza”.

Fuente: elpais.com

A lo mejor tiene que cundir el ejemplo

La policía inicia las detenciones por los asaltos a supermercados

Interior ordena detener a los participantes en el acto, pero prefiere no arrestar a Sánchez
Gordillo, sino entregarle una citación.
Gallardón ordena a la fiscalía del Estado que investigue
Detenidos dos jornaleros en Córdoba y Málaga e identificados cuatro más

Foto: Juan Ferreras (EFE) / VÍDEO: ATLAS

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a los responsables de los asaltos a dos supermercados en los que participó el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de la localidad gaditana de Espera, Pedro Romero (IU), y el dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Diego Cañamero. Tras horas a la espera de la detención, finalmente, Interior informaba de que no se iba a proceder al arresto sino que, como era aforado, se le entregaría a Sánchez Gordillo una citación para que prestase declaración. Desde el ministerio se señalaba que, con respecto al resto de los implicados en los hechos, habría que identificarlos y después ver si se procedía a la detención. Eso sí, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha ordenado a la fiscalía que investigue los asaltos a las grandes superficies y a sus autores. Los arrestos ya han comenzado. Los dos primeros jornaleros han sido detenidos esta noche en Hornachuelos (Córdoba) y Málaga y ya se ha identificado a otros cuatro.
Fernández Díaz ha calificado la acción de "intolerable" en declaración a EL PAÍS. "Todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios", ha añadido en declaraciones a Efe el ministro, quien ha añadido que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley porque "esto sería la ley de la selva".
El titular de Interior ha criticado duramente el apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y ha avanzado que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas". El ministro de Justicia ha acatado la recomendación de su compañero de Gobierno.
Llamazares ha considerado "hipócrita" y de "histeria" que se califique el asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se llevaron 13 carros de comida y dos trabajadores de uno de los supermercados denunciaron agresiones. Llamazares ha rechazado que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistido en que fue un "acto simbólico" y reivindicativo.
En esta línea, el eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha considerado hoy, en declaraciones a Europa Press, una “metedura de pata veraniega” la decisión del ministro. Meyer ha afirmado no compartir el asalto al supermercado, pero ha indicado que, dadas las circunstancias en que se produjo la acción, “cualquier juez procedería de una manera muy equilibrada”. En cualquier caso, el dirigente izquierdista ha señalado que, en otros países, se ha demostrado que acciones “vanguardistas” como ésta, “no sólo no sirven, sino que pueden convertirse en obstáculo”.
Por su parte, el portavoz de Interior de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, ha instado al ministro a que ponga los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, en lugar de “ordenar la detención de la gente sin más ni más”. Sixto ha reconocido que asaltar supermercados “no va a arreglar las cosas” y ha asegurado que no forma parte de la “estrategia” de IU. Sin embargo, ha defendido que se puede “comprender perfectamente” el “acto testimonial” organizado para poner en evidencia “la situación de drama que se está viviendo en muchísimas familias en este país”.
Todo lo contrario ha opinado la portavoz de Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, quien ha afirmado, en la misma línea que el ministro, que la actuación puede ser un delito y que si todo el mundo hiciese lo mismo "ésto sería la ley de la selva".
Lo que ha hecho Sánchez Gordillo puede penalizarse. "Aunque el fin pueda ser bueno, las vías no son las adecuadas. En un Estado democrático y de Derecho hay otros medios para conseguir alimentos", ha advertido. El "hurto famélico", aquel que lleva a cabo directamente la persona que "tiene hambre", como por ejemplo "llevarse unas galletas", se puede absolver; sin embargo, "este señor no es el que pasa hambre".

Fuente: elpais.com

Que cumplan el protocolo de seguridad

La ONU no ve motivos para evacuar a su personal de Tinduf

El jefe de la Minurso se reúne con los cooperantes españoles que visitan los campamentos
El Polisario blinda los campamentos para la visita de los cooperantes
Campamento de refugiados saharauis. / EFE
La oficina de la ONU para el Sáhara Occidental en Tinduf (Argelia) considera que no hay motivos para que los empleados extranjeros que Naciones Unidas tiene trabajando en los campamentos saharauis sean evacuados por motivos de seguridad. El jefe de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso), Omar Bachir Manis, trasmitió este mensaje durante la reunión que anoche mantuvo con los cooperantes españoles que visitan los campamentos de refugiados en respuesta a la decisión del Gobierno español de repatriar a los voluntarios de Tinduf debido a una amenaza de secuestro inminente.
Manis no quiso enjuiciar la medida tomada por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. "Nosotros seguimos trabajando aquí", señaló el responsable de la ONU durante la sesión de trabajo con presencia de medios de comunicación celebrada en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el campamento de Rabuni, a unos 25 kilómetros de Tinduf, al suroeste de Argelia.
Naciones Unidas cuenta con 23 cooperantes extranjeros en los campamentos, que trabajan para la Minurso, Acnur y el Programa Mundial de Alimentos. Según Manis, cuando el Gobierno español les comunicó a final de julio que iba a repatriar a los cooperantes, la orden que se dio al personal de la ONU fue "quedarse en casa durante tres días y evitar desplazamientos", con el fin de "dar tiempo a buscar una solución". "Nos reunimos con los saharauis para estudiar medidas extra de seguridad. Pasados los tres días, las actividades volvieron a la normalidad", explicó. Manis recordó que desde el atentado que hubo en Irak contra la sede de la ONU en agosto de 2003, en el que murieron 22 personas, la seguridad de la plantilla es una "prioridad alta".
El responsable de la Minurso en Tinduf reconoció que el secuestro de los cooperantes españoles Enric Gonyalons y Ainhoa Fernández de Rincón y de la italiana Rossella Urru el pasado 22 de octubre supuso un "punto de inflexión" en los campamentos después de muchos años en los que "la tranquilidad fue habitual" en la zona.
Este secuestro dio pie a establecer un trabajo conjunto para reforzar la seguridad de los cooperantes y la puesta en práctica de una serie de medidas, apuntó. "Sobre ese documento hemos trabajo juntos", dijo Manis respecto al comité de seguimiento integrado por la Minurso, las agencias de la ONU, las autoridades saharauis y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), que ahora ya no está presente en Tinduf. Admitió que las medidas de vigilancia adoptadas obligarán a que haya un mayor control de los movimientos de quienes vienen de fuera a pasar unos días alojados con las familias saharauis.
Manis, de origen sudanés, lleva dos años en Tinduf al frente de la Minurso, cuya meta es desde 1991 tratar de organizar un referéndum en el Sáhara Occidental para hacer cumplir el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Fuente: elpais.com

Siempre pagan los mismos, siempre

Un problema contable bloquea la paga de 400 euros a unos 200.000 parados

Empleo afirma que ya ha empezado a resolver la situación y a pagar a los afectados.
La entrada en vigor de los nuevos presupuestos provoca el retraso




PSOE Y SINDICATOS, MOVILIZADOS POR LOS 400 EUROS. El PSOE y los sindicatos han lanzado en las redes sociales la campaña 'Salvemos los 400 euros' para que el Gobierno prorrogue la ayuda de 400 euros que hasta ahora recibían los parados de larga duración, única tabla de salvación para muchas familias.


Unos 200.000 parados no han cobrado en julio o primeros días de agosto la paga de 400 euros que les corresponde por ser beneficiarios del Plan Prepara. Todo un golpe para la maltrecha economía doméstica de uno de los colectivos peor tratados por la crisis. Los desempleados que se benefician de esta subvención son los que están en una situación más precaria: agotaron la prestación contributiva y el subsidio sin encontrar trabajo; y sus rentas anuales no llegan al 75% del salario mínimo interprofesional (7.696 euros). Este duro perfil es el que les permite cobrar durante medio año los 400 euros que el mes pasado no han percibido. ¿Qué ha sucedido? Explica el Ministerio de Empleo que se debe a “un ajuste contable” derivado de la gestión presupuestaria que ha provocado “un retraso puntual” y que está en vías de solución inmediata, algo que también sostienen en Hacienda.
A diferencia de las prestaciones o subsidios, el Plan Prepara es una subvención. Los parados la reciben a cambio de comprometerse a participar en un programa de inserción laboral. Esto, explican en Empleo, obliga a una tramitación más lenta cada vez que se produce un cierre de ejercicio presupuestario y se abre otro. Eso sucedió el pasado 30 de junio, cuando entraron en vigor las cuentas públicas para este año y se cerró el presupuesto prorrogado de 2011.
“Cada vez que se produce esto, hay que hacer un ajuste contable. Se tiene que cerrar el ejercicio anterior para liberar los créditos del Plan Prepara correspondientes al siguiente”, explican en Empleo, donde se apresuran a advertir de que no es la primera vez que esto sucede, que ya ocurrió en enero cuando entró en vigor la prórroga de los presupuestos de 2011. La vez anterior se retrasó 15 días.

El Gobierno aclara que la demora no se debe a una falta de liquidez
También enfatizan en el departamento que dirige Fátima Báñez que el retraso no se debe a un problema de liquidez o falta de dinero. Lo atribuyen exclusivamente al problema generado por trámites administrativos y presupuestarios. Y, de hecho, avanzan que “ya se ha comenzado a pagar”. “Hay gente que tiene que haber cobrado ya hoy [por ayer]”, añaden, aunque precisan que a partir de ahora el día del ingreso está en manos de la autorización de la Intervención provincial.
Las primeras denuncias de parados que no percibieron su paga se dieron en Valencia. Posteriormente, llegaron en Galicia, Cataluña y Canarias. Empleo argumenta que, aunque el problema se ha dado en toda España, la denuncia fue escalonada y no al unísono porque el día de cobro es distinto en cada provincia.
El Plan Prepara no tiene una fecha obligada de pago. En los últimos días de mes o incluso más tarde — “entre el 26 de un mes y el 3 del siguiente (o más)”, concreta Empleo— el parado cobra lo correspondiente al mes anterior. Es decir, los desempleados tendrían que haber ingresado lo perteneciente a junio entre el 26 de julio y el 3 de agosto. Al variar la fecha de cobro en cada provincia, donde se ingresaba antes la paga al parado ha sido donde antes ha saltado el problema.
Lo grave de este capítulo es que castiga a los parados en peor situación. Los beneficiarios del Plan Prepara, unos 200.000 según la nómina paga en mayo, son los desempleados que llevan más tiempo sin trabajo, que han agotado ya todas las variables del seguro de desempleo y que tienen muy pocos ingresos por otras vías.

La situación afecta a los desempleados que están en una peor situación
Precisamente por esto, para paliar los efectos del paro de larga duración, se puso en marcha este programa en agosto de 2009, siendo todavía ministro de Trabajo Celestino Corbacho. Entonces la paga mensual ascendía a 420 euros y oficialmente se llamaba PRODI. En agosto del año pasado, ya con Valeriano Gómez, se cambió el nombre oficial a Plan Prepara y se le dio otro carácter: se redujo la paga mensual a 400 euros y se vinculó más al seguimiento de un itinerario de inserción laboral y la búsqueda activa de empleo. En cambio, se mantuvieron dos características básicas: la vigencia del plan sería semestral y sería potestad del Gobierno renovarlo o no cada vez que tocara a su fin. En este año, el coste del plan, del que se han beneficado más de medio millón de parados, ha ascendido a unos 520 millones.
Siguiendo esta disposición, una de las primeras decisiones que tomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue la prórroga del programa que acababa el 15 de febrero. Ya han pasado casi seis meses y, de nuevo, el Gobierno tiene que decidir si lo renueva. En una comparecencia en el Congreso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, preparó el terreno para su eliminación al plantear el escaso éxito de integración laboral que tiene. Sin embargo, los portavoces oficiales de su departamento afirman que todavía no hay una decisión tomada y que es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien lo hará.

Fuente: elpais.com