Stop Ley Wert

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA Ex director general de la Unesco

“La reforma de Wert es un retroceso sobre lo conseguido”

Encabeza una nueva plataforma, Stop Ley Wert, promovida desde asociaciones de profesores y universitarios contra la reforma educativa que impulsa el Gobierno

Federico Mayor Zaragoza. / PATRICIA SANTOS

Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934) considera que su obligación es no callarse. Encabeza una nueva plataforma Stop Ley Wert, promovida desde asociaciones de profesores y universitarios contra la reforma educativa que impulsa el Gobierno (LOMCE). El colectivo, presentado en diciembre, pide la retirada del proyecto, que consideran “un atentado” contra el modelo público. Como exdirector de la Unesco, Zaragoza prefiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos a evaluaciones como el informe PISA. Como doctor y catedrático, recomienda escuchar más a los profesores y menos a los políticos. Es catalán y cree que el debate lingüístico no tendría que haberse removido. Deja sus creencias al margen y defiende que la religión salga de las escuelas.

Pregunta. ¿Por qué está en contra de la ley Wert?

Respuesta. Es mi obligación como español que ha tenido la posibilidad de ser profesor, rector, ministro y director de la Unesco. Cuando un ciudadano cree que el Gobierno necesita un gran acuerdo en algunas iniciativas, no puede permanecer de espectador. A nadie le debe extrañar que una persona con responsabilidades educativas a escala mundial vea también problemas en su país.

P. ¿Qué riesgos ve en la reforma?

R. Anuncia una serie de aspectos que son sinceramente un retroceso sobre lo logrado: la segregación escolar, la religión como asignatura… Conste que soy creyente, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los niños deben estudiar las creencias e ideologías que sus padres decidan hasta su emancipación sin que estén obligatoriamente impuestas por el sistema escolar. La religión no debe ser una disciplina. Y no me parece bien que se sustituya Educación para la Ciudadanía por otra asignatura y que la alternativa a la religión sean los valores, porque los que estudian religión no estudian valores.

P. El ministerio también quiere un sistema de evaluación nacional.

R. No me convence en absoluto. Puedes evaluar a un niño y puede saber muchas matemáticas, pero ser un maleducado. Una cosa es saber inglés o matemáticas, eso que tanto preocupa por los resultados en los informes PISA, que son informes de instituciones económicas, como la OCDE, que no tienen nada que ver con una institución estrictamente pedagógica. La Unesco dice que educar es contribuir a la formación de personas libres y responsables, mire qué maravilla. Educado es el que actúa por sí mismo, en función de sus propias reflexiones, el que puede expresarse libremente. Cuando veo que el presidente Rajoy habla del informe de la OCDE… Hábleme usted de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

P. ¿Por qué cree que en España nunca se ha alcanzado un pacto educativo?

R. Porque no se considera un tema externo a los partidos políticos. Esa es otra de las razones por las que estoy en esta iniciativa. Como científico no puedo aceptar que me digan que la ciencia es de izquierdas o de derechas; la geometría política no cabe.

P. Pero ocurre.

R. Educación, salud y ciencia deberían quedar fuera de los partidos políticos.

P. ¿Cómo?

R. Ángel Gabilondo [exresponsable de Educación con el Gobierno del PSOE] fue un gran ministro. Intentó el pacto y no lo consiguió porque tenía una oposición muy fuerte. Ahora es igual, pero al revés. El Gobierno es fuerte.

P. El ministro Wert presume de llamar al pacto desde que llegó.

R. Una cosa es llamar y otra reunirse y cerrar un pacto. ¿Sabe quién conoce la educación? Los educadores, los maestros, los profesores. Se les debería consultar a ellos, a quienes llevan 25 o 30 años dedicándose a la enseñanza y dejarnos de informes PISA y no sé qué.

P. Su plataforma considera que la reforma atenta contra la profesionalidad del profesor.

R. Es así si se aprueba una ley sin acuerdo unánime de un profesorado de distintos grados. Atenta contra la profesionalidad porque viene impuesta por una mayoría absoluta parlamentaria. Objeto a que se aprueben leyes rodillo en democracia en materias tan importantes como la educación. Eso no es bueno para un país.

P. El PP defiende que no necesariamente hay relación entre la inversión y la mejora de resultados. ¿Cree que el sistema va a notar el recorte de 6.300 millones en tres años?

R. Claro. En educación pasará como en la ciencia, los recortes se van a notar. Y lo que hay que explicar a los ciudadanos es por qué hay un banco que recibe 20.000 millones de euros por un agujero enorme sin que aparezcan los responsables, mientras se recorta en el sector público.

P. ¿Ha hablado usted con el ministro Wert?

R. No. Yo estoy en esto solo en calidad de persona que conoce el tema y pido al ministro que haya diálogo. No he hablado con él, pero él tampoco me ha llamado para preguntarme. Soy un hombre con mucho que hacer.

P. En España, las tasas de abandono escolar doblan a las de Europa. ¿Cómo frenarlo?

R. Eso está perfectamente establecido. Se sabe que hay niños con más dificultades para una disciplina y otros que tienen menos capacidad para el aprendizaje. No se puede hablar en términos generales de abandono cuando no se establecen expectativas y previsiones. En España hubo una desbandada durante la burbuja inmobiliaria porque encontraban rápidamente una forma de ganarse la vida. El sistema exige una serie de aprendizajes que no son relevantes. Está muy bien aprender inglés, pero primero habrá que conocer las magníficas lenguas que tenemos en el país. Y se debería mirar a los padres más que a los maestros. Los padres son los grandes responsables. ¿Cuántos van a las reuniones de las asociaciones de padres o con los profesores?

P. ¿Cuál es su opinión sobre el debate lingüístico?

R. Me parece absolutamente innecesario. Soy catalán ejerciente y creo que el sistema estaba yendo muy bien. Los mayores no deberíamos juzgar la capacidad de aprender lenguas de los niños, que las asumen como respiran.

Fuente: elpais.com

Irregularidad sobrevenida, gracias Señor Gallardón

5.000 inmigrantes esperan desde hace años la concesión de la nacionalidad

Gallardón se había propuesto resolver el atasco de expedientes antes del 31 de diciembre.

Este colapso amenaza con dejar en situación de irregularidad a los ciudadanos extranjeros en paro.

 

Ciudadanos hacen cola en la oficina de Extranjería de A Coruña. / la opinión

En muchos casos las peticiones de pasaporte se tramitaron hace ya cinco años

No pueden acceder a una oposición, ni solicitar becas de estudios para sus hijos ni votar en España o viajar sin restricciones. Y además corren el riesgo de que si se quedan sin trabajo perderán el permiso de residencia y por tanto se convertirán en sin papeles. En esta situación se encuentran medio millón de inmigrantes residentes en España, unos 5.000 afincados en Galicia, que desde hace más de dos años y medio -en algunos casos hasta cuatro o cinco- están pendientes de que el Ministerio de Justicia resuelva sus peticiones de nacionalidad por residencia.

El aumento del flujo migratorio desde 1995 en España y en especial la entrada masiva de inmigrantes en 2007 disparó las peticiones de pasaporte español, lo que provocó un atasco en la tramitación de las solicitudes que a día de hoy todavía no ha logrado resolver el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón. "Si antes la nacionalidad por residencia se resolvía en un plazo medio de 12 a 16 meses, ahora supera los dos años", expone el responsable de CIG Migración, Alejandro Lago.

Desde el Foro Galego de Inmigración, su portavoz, Miguel Fernández, apunta una demora más alarmante: "Son muchos los casos que acumulan un retraso de hasta cinco años". Esta demora, según advierte Fernández, puede convertir al más de medio millón de extranjeros que tiene pendiente la resolución de su petición de nacionalidad en inmigrantes sin papeles. "Si quieren obtener el permiso por residencia, necesitan acreditar una oferta de empleo; si durante la tramitación de la nacionalidad se quedan sin trabajo quedan en situación de irregularidad", argumenta el portavoz del Foro Galego de Inmigración.

Para tratar de dar solucionar al colapso de expedientes pendientes, el Ministerio de Justicia firmó un convenio en junio del año pasado con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles. Un total de mil registradores se incorporaron a las oficinas para agilizar el papeleo. En aquel momento había 400.000 expedientes pendientes de resolver y desde entonces el número de nuevas peticiones supera las 10.000 cada mes. Y aunque Gallardón se había propuesto en octubre atajar "antes del 31 de diciembre" una situación que él mismo calificó de "inadmisible", se cerró el año 2012 con alrededor de 500.000 peticiones de pasaporte español acumuladas en gigantescas montañas de documentos.

Además de la firma del convenio con los registradores, el plan de choque aprobado por el Gobierno central incluye la creación de una plataforma informática para centralizar el proceso y para que los trámites que realizan distintas áreas de la administración central tuvieran un único soporte, así como la digitalización de los expedientes de nacionalidad.

Desde el Ministerio de Justicia aseguran que en verano "estarán en condiciones de cumplir". A partir de ahí, una vez superado el atasco, el nuevo sistema de tramitación digital permitirá que los futuros casos estén listos en un plazo de entre seis meses y un año.

Fuente: laopinioncoruna.es

Informe 2012: la salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria

Autor: Medicusmundi, Prosalus y Médicos del Mundo
Publicado el: 13/12/12

Descripción:

La prolongada crisis mundial afecta gravemente la cuantía de las aportaciones en cooperación internacional. En 2012 han disminuido un 3%, así como otros aspectos de la alianza mundial para el desarrollo, tales como el coste de medicamentos, el alivio de la deuda o el acceso a nuevas tecnologías. El motivo principal es la restricción fiscal de los paises donates, lo que supone que la diferencia en base al compromiso del 0,7% del ingreso nacional bruto a cooperación sea de 167.000 millones de dólares menos con respecto a lo que se debería haber aportado

Fuente: Obra Social Novacaixagalicia

Enlace: http://www.obrasocialncg.com/docs/socialia/informe_2012_salud_cooperacion_desarrollo_accion_humanitaria.pdf

El atasco de medio millón de peticiones de nacionalidad desborda a Gallardón

El ministro se comprometió a resolver los casos pendientes antes del 31 de diciembre

Justicia no estará en condiciones de cumplir la promesa hasta el verano

Miles de solicitantes a la espera no pueden reunir a sus familias, solicitar becas o viajar

Nelson Yucra, boliviano que espera desde hace dos años la nacionalidad para reagrupar a su esposa. / LUIS SEVILLANO

 

Un atasco burocrático impide al boliviano Nelson Yucra reunirse con su esposa, que vive en Paraguay. Este administrativo, que trabaja en una empresa de tratamiento de aguas, lleva dos años tratando de obtener la nacionalidad española, a la que tiene derecho después de una década viviendo en Madrid. Harto de esperar su pasaporte español, hace cuatro meses comenzó el proceso de reagrupación de su esposa por la vía más complicada, la empleada por los residentes en España.

Como él, centenares de miles de extranjeros esperan a que el Ministerio de Justicia resuelva la enorme acumulación de expedientes de nacionalidad, que han llegado a alcanzar el medio millón de peticiones. A unos les ha impedido reunir a sus familias, a otros obtener becas de estudios o, incluso, viajar por Europa y vivir en otros países para probar mejor fortuna.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió el pasado 25 de octubre a dar una respuesta “antes del 31 de diciembre” y a atajar lo que él mismo calificó de “situación inadmisible” por la saturación de archivos. No lo ha logrado, pese a que en apenas seis meses su departamento consiguió cerrar casi la mitad de las peticiones (con una media de un 10% de casos denegados) y ha digitalizado la práctica totalidad de los 466.000 expedientes acumulados, que hasta entonces estaban exclusivamente en papel.

Justicia puso en marcha un plan de choque para resolver la saturación pero no ha llegado a tiempo, pese a que, tras firmar un convenio el pasado 25 de junio con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles, se han incorporado 1.000 oficinas a la revisión del papeleo. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, calcula que en verano estarán “en condiciones de cumplir”. A partir de ahí, agrega, una vez superado el atasco, el nuevo sistema de tramitación digital permitirá que los casos futuros estén listos en un plazo de entre seis meses y un año.

Mientras tanto, miles de familias lidian con los efectos negativos de la burocracia que se demora. Y se arman de paciencia. “El trámite de la nacionalidad lo inicié en 2008, pero no me dieron cita hasta 2009 y el expediente no se entregó hasta 2010”, explica Nelson Yucra. Lo último que ha sabido, el pasado 16 de julio, es que su petición está pendiente de “informes internos” que están bloqueados dentro de la propia Administración. “Yo ya no tengo que presentar nada”, explica.

Como él, la colombiana Gloria Ossa Quintero, que está en paro, cumplirá en mayo tres meses de espera. Al estar casada con un español, en teoría su solicitud, según le explicaron los funcionarios a los que la entregó, tenía una tramitación más ágil. “Hay una desorganización impresionante”, explica desde Valencia, donde vive. Ella está harta de consultar su expediente por vía telemática y recibir desde hace meses la misma contestación: “En estudio”. También acude con frecuencia al Registro Civil y se muestra comprensiva con los funcionarios que dan la cara en nombre de la Administración.

“Ahora me afecta porque estoy intentando reagrupar a mis hijos”, explica sobre los efectos de la espera. “La idea era que el año pasado estuvieran aquí”. Gloria está preocupada porque su hija cumple la mayoría de edad y piensa que ahora no le permitirán viajar a España.

En la familia de Leonardo Ruiz, traductor de origen peruano, con dos hijos de 18 y 19 años, solo su esposa Mónica, de nacionalidad polaca, no es aún española. Presentó la documentación en junio de 2010. Los Ruiz viven en Torredembarra (Tarragona) desde 2001, “cuando todavía había pesetas”, bromea. Él consiguió enseguida la nacionalidad, “a los dos años puntualmente”. Pero su esposa está harta de recibir el mensaje de “en estudio” cuando consulta su expediente.

Justicia halló cajas a rebosar de expedientes en unos sótanos

“En algunas informaciones hemos visto que el que tiene una casa, inmediatamente le dan la nacionalidad”, asegura Leonardo Ruiz. En realidad, este no es un requisito, pero la incertidumbre y la falta de información ha provocado que los rumores circulen con profusión. Y él, se indigna: “Nosotros tenemos casa y cumplimos: pagamos nuestros impuestos”.

Otra de las cuestiones de la que más se quejan los solicitantes de la nacionalidad es que ya no se respeta el turno por fecha de presentación de los expedientes. De ahí que haya peticiones presentadas en 2012 que ya se han resuelto, mientras aún quedan otras de años anteriores. Y eso les encrespa aún más. “Sabemos que ha habido gente de 2011 y 2012 a las que sí se le ha dado la nacionalidad”, afirma Ruiz. “Y eso nos molesta”.

La cuestión tiene fácil explicación, aunque resulte injusta. Cuando el Ministerio de Justicia puso en marcha su plan de choque utilizó los servicios de los registradores de la propiedad, pese a que no son funcionarios ni su habilitación les obliga a dominar la materia civil, para ayudar a los apenas 40 funcionarios que hasta entonces se ocupaban del papeleo. Eso permitió repartir 400 expedientes por registrador para agilizar los trámites. Pero, a la vez, se perdió el orden de entrada. “Cuando llegamos al Ministerio de Justicia en los sótanos de la calle de Jacinto Benavente [donde se ubica la Dirección General de Registros y Notariado] había varias salas llenas a rebosar de cajas apiladas de expedientes”, explica el subsecretario de Justicia.

El Ministerio de Justicia se ha encontrado con que cada año se registraban unos 150.000 expedientes y que solo tenía la capacidad de resolver 120.000. Eso suponía una bolsa de peticiones en espera que se iba hinchando cada año. La entrada masiva de inmigrantes entre 2007 y 2008 disparó las peticiones, de forma que, en 2011 aún había centenares de miles de carpetas de años anteriores en tramitación, la mayoría de ciudadanos de origen latinoamericano (sobre todo de Ecuador, Colombia y Perú), aunque también de Marruecos. Y la cosa iba a más.

El colapso del servicio

Justicia desarrolló su plan de choque y, junto al convenio con los registradores, diseñó una plataforma informática que permitía centralizar el proceso, para que la documentación pudiera consultarse en un mismo lugar y, además, para que los trámites que se realizan en distintas áreas de la Administración central pudieran llegar a un único soporte: trabajan conectados a 17 centros (Policía, Guardia Civil, Registro Civil, consulados, etcétera).

Eso abarcaba también la digitalización de los expedientes. Durante dos meses, camiones custodiados por el Cuerpo Nacional de Policía trasladaron las cajas acumuladas de la Dirección General al Colegio de Registradores, donde se volcaron en el soporte telemático. En la actualidad 400.000 de los 466.000 expedientes presentados, están ya subidos a la plataforma en diferentes fases de tramitación.

Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel

La reforma del Código Penal puesta en marcha por Gallardón deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de perseguir a quienes presten su hospitalidad a extranjeros no comunitarios 

Lejos de revisar sus polémicas medidas hacia los inmigrantes, el Gobierno sigue ahondando en la desprotección de este colectivo. Una modificación en la reforma del Código Penal prevista por el Ministerio de Justicia abre la puerta a que aquellas personas que colaboran con los inmigrantes en situación administrativa irregular prestándoles asistencia humanitaria puedan ser multadas y castigadas con hasta dos años de cárcel.

Según el artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma, pendiente aún de aprobación parlamentaria, "el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años".

Una plataforma integrada por juristas, sacerdotes, profesores y miembros de la sociedad civil que acogen en sus casas a inmigrantes en situación vulnerable, advierte del riesgo de que puedan ser tratados como "criminales" y ha lanzado una campaña para pedir al Alberto Ruiz Gallardón que corrija el "desafortunado" artículo.

"El nuevo artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan "sin papeles" por España", afirma en su comunicado el colectivo ‘Salvemos la hospitalidad'.

La normativa también prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares a "permanecer" en territorio comunitario, lo que a juicio de la plataforma implica que pueden ser incriminados quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú, aunque sea a bajo precio, a los extranjeros sin la documentación en regla.

El CGPJ pidió en un informe que la nueva regulación fuera más precisa

Paradójicamente, la mayor ambigüedad del nuevo texto reside en la redacción de la última parte del punto primero donde se afirma que "El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate", lo que deja abierta la posibilidad legal a que en realidad pueda hacerse efectiva la acusación.

"Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo grave, pues esta forma de criminalización es una opción de política criminal del legislador", denuncia la plataforma, que considera que la propia ley podría eximir directamente a quienes presten su hospitalidad añadiendo que "quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria".

Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que analiza la reforma del Código Penal también considera que el texto debería ser más concreto y aconseja que no quede implícitamente derivada al Ministerio Público la posibilidad de pedir las multas.

Justicia asegura que no se pretende endurecer las penas sino "todo lo contrario"

Desde el Ministerio de Justicia, en cambio, sostienen que el sentido de esta reforma no es endurecer las penas "sino todo lo contrario". En declaraciones a Público, el departamento que dirige Ruiz Gallardón ha justificado la modificación de la regulación vigente "para ajustarla a las exigencias estrictas de la normativa europea impuestas en la Directiva 2002/90/CE" y ha asegurado que, al contrario de lo que sucede actualmente, la nueva regulación "deja claro que solamente se sancionan las conductas por medio de las cuales se facilita directamente la entrada ilegal o el tránsito en España" y rebaja "radicalmente" las penas.

"Se puede no perseguir el delito cuando se actúa por motivos humanitarios", insiste el Ministerio, que recuerda que el texto no es definitivo y subraya que el sentido correcto de la reforma es "justamente el contrario" del que se ha trasladado por plataformas como ‘Salvemos la hospitalidad'.

"Falacia argumentativa"

JPD considera "inadmisible" y un "contrasentido" el nuevo artículo del Código Penal

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, considera sin embargo que las palabras de Justicia son una mera "falacia argumentativa". "Estamos en el terreno de la retórica, como cuando se habla de "modular" el derecho de huelga. En el nuevo artículo se incluyen supuestos que antes no estaban incluidos y si el Gobierno pretende cambiar la legislación es por algo", afirma en conversación con este diario.

"Es inadmisible que se puedan penalizar este tipo de conductas. Entendemos que de ningún modo la vía penal puede ser la solución a estos problemas porque lo que se pretende, una vez más, es meter en el ámbito de la delincuencia cuestiones sociales. Es un contrasentido. Hay que dejar el texto como está o bien eliminar cualquier duda interpretativa", añade.

Fuente: publico.es

Vídeo: http://www.publico.es/espana/448287/ayudar-a-inmigrantes-irregulares-podria-ser-penado-con-la-carcel

Cerremos los CIE

El rey Baltasar tiene orden de expulsión

Asociaciones vecinales de Carabanchel piden la liberación de un senegalés

Está ingresado en el CIE de Aluche tras haber sido detenido por robo

Su regreso a su país está autorizado y ya tiene fecha: el 10 de enero

Gamou Dieng, en la cabalgata del año pasado. / ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARABANCHEL

Diez asociaciones vecinales de Carabanchel y de padres de colegios de este distrito de la capital han reclamado hoy la liberación de un senegalés sin papeles que se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche y que iba a ser Baltasar en la cabalgata del barrio el próximo sábado. A juicio de Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, no tener papeles "no puede ser motivo para estar retenido y recluido en una cárcel". Sin embargo, el inmigrante lo está por no tenerlos y por más motivos.

Se trata de Gamou Dieng, de 24 años, que "lleva varios viviendo en España" y que según estas asociaciones que han querido interceder por él "ha participado en diversas ocasiones en las fiestas de reyes organizadas por entidades sociales del distrito", dando vida al rey negro "siempre de manera desinteresada". "La última vez fue en la cabalgata del año pasado, haciendo disfrutar, junto con Melchor y Gaspar, a las niñas y niños del barrio", señalan la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, la Asociación de Vecinos Parque Eugenia de Montijo, la Asociación de Mujeres de Carabanchel Alto, la Asociación Cultural Casa del Barrio, el Plan Comunitario de Carabanchel y el Alto Club Deportivo Antonio Machado, las asociaciones de madres y padres del CEIP Antonio Machado, el Colegio Amorós, el CEIP Maestro Padilla y el Colegio San Gabriel.

Cartel de la cabalgata popular de Carabanchel.

Las organizaciones han presentado esta mañana una carta ante la Delegación del Gobierno de Madrid en la que reclaman por "solidaridad" la puesta en libertad de Dieng "para que pueda desfilar también este año por las calles de su barrio". La Delegación se ha remitido a la Jefatura Superior de Policía, que ha explicado que Gamou Dieng, nacido en 1988, no fue detenido en una redada en busca de sin papeles sino por un delito de "robo con violencia e intimidación". Según un portavoz de la Policía, le pillaron cometiéndolo in fraganti el pasado día 11 en un parque de Cababanchel. Un policía fuera de servicio vio supuestamente cómo salía el joven de unos matorrales en los que se había escondido y trataba de pegarle un tirón del bolso a una mujer. "Forcejearon y el policía lo arrestó", añade el portavoz.

Al ser conducido a comisaría, se descubre que tiene "seis antecedentes contra la propiedad intelectual", es decir, por vender CD y DVD en el top manta, y "una orden de expulsión en vigor". Se le incoó el expediente el 9 de mayo de 2009, que se convirtió en decreto y que está en vigor hasta 2014. Según la policía, esta situación se le notificó a Dieng en septiembre de 2009.

El 12 de diciembre, el inmigrante indocumentado pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ordena su ingreso en el CIE. Dieng, según ha confirmado Interior, se encuentra en el CIE de Aluche a la espera de su regreso a Senegal. La expulsión está ya autorizada y tiene fecha: el 10 de enero.

Preguntado al respecto, el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel sostiene que desconocían que fuera un "presunto delincuente" y subrayan lo de "presunto" porque "en un estado de Derecho si hay o no delito lo dictamina un juez". Pedro casas explica que supieron que estaba en el CIE hace 15 días, cuando le llamaron para cerrar su presencia en el desfile de los Reyes Magos. Pensaban que lo llevaron allí por no tener papeles. "Uno no se pasa 20 días en la cárcel por un tirón. No lo justifico ni lo apruebo, es más, lo condeno, pero es curioso tanta severidad para unos mientras que otros, con delitos infinitamente más graves, están campando a sus anchas". El robo con violencia está penado con prisión de dos a cinco años.

Por el empeño de vecinos y comerciantes, Carabanchel tendrá su cabalgata, "este año más participativa que el anterior" según las asociaciones, para que disfruten los niños del barrio. Y todo, denuncian, "a pesar del Ayuntamiento" de Madrid, que solo "permite la cabalgata centralizada y comercial". Partirá el sábado día cinco a las cinco de la tarde de la avenida de la peseta y concluirá en la plaza del Parterre, donde los reyes entregarán un pequeño obsequio a los más pequeños. Ni un milagro haría que Dieng pueda ser uno de ellos, por lo que los vecinos están buscando a otro Baltasar.

Fuente: elpais.com

Cada vez es más difícil ser madre

Malí se une a Marruecos y cierra la puerta a la adopción internacional

La crisis y las restricciones puestas por varios países reducen a la mitad la entrega de niños en siete años

Tras estos vetos existen motivos religiosos

Malí era el cuarto país africano que más adopciones facilitaba. / ahmed ouoba (afp)

Después de Marruecos en septiembre, Malí se ha cerrado ahora a las adopciones internacionales reduciendo aun más el número de países en los que españoles pueden ser padres a través de esa vía. A mediados de la década pasada España se situó, con más de 5.000 adopciones anuales, en el segundo lugar del mundo justo detrás de Estados Unidos y por delante de Francia, Alemania o Canadá. Esa cifra ha caído a menos de la mitad (2.560 adopciones en 2011) en parte a causa de la crisis, pero también de las restricciones puestas por muchos países.

El ministro de Justicia maliense, Malick Coulibaly, envió el mes pasado una circular a los magistrados instándoles a aplicar en sus sentencias el nuevo Código de las Personas y de la Familia cuyo artículo 540 solo permite dar niños malienses en adopción a padres que tengan la misma nacionalidad.

En Marruecos los españoles eran los más numerosos en tramitar kafalas (la modalidad marroquí de la adopción que equivale en España a una tutela dativa en el ordenamiento jurídico español), pero en Malí son los franceses los más perjudicados. Aún así la circular del ministro deja en la estacada a cerca de 80 familias españolas, en su mayoría catalanas, que anhelaban poder adoptar en ese paupérrimo país africano sumido en una gran crisis desde marzo pasado.

A lo largo del año pasado llegaron todavía a España medio centenar de bebés malienses. Con 154 adopciones internacionales en 2011, y una tendencia al alza, Malí fue ese año el cuarto país africano en adopciones, solo superado por Etiopía, el Congo y Nigeria.

La Asociación Francesa de Adopción pidió en diciembre, a través del embajador de Francia en Malí, a Alwata Ichata Sahi, la ministra maliense de Promoción de la Mujer y de la Infancia, una derogación para los expedientes de adopción ya presentados, pero esta la denegó.

“Ahora nos queda la esperanza de que la movilización de un sector de la sociedad civil maliense, empezando por las asociaciones privadas que regentan orfanatos, incite a las autoridades a ser más flexible”, recalca un catalán que aún confía en que su solicitud de adopción prospere. Las adopciones son una fuente imprescindible de ingresos para los orfanatos porque los extranjeros que las efectúan suelen hacer donaciones mientras las tramitan y durante los años posteriores.

Detrás del veto de Malí a la adopción por extranjeros subyace, como en Marruecos, un componente religioso: el deseo de evitar que los niños sean educados fuera del islam. Aunque la gran mayoría de la población es musulmana Malí no es, a diferencia de Marruecos, un Estado confesional.

Nueve meses después de la llegada al Gobierno marroquí de los islamistas, el ministro de Justicia, Mustafá Ramid, que es uno de los dirigentes del partido confesional, también distribuyó una circular instando a los fiscales a oponerse a otorgar kafalas a extranjeros no residentes en el país. Alegó que era imposible hacer un seguimiento de la educación religiosa de los niños si estos ya no vivían en Marruecos.

Su decisión ha dejado atrapadas a 58 familias españolas, en su mayoría catalanas, y una veintena de otras nacionalidades. Pasan por una situación más dramática que la de los candidatos a adoptar en Malí porque todos tienen un niño asignado, a veces desde hace más de un año, al que conocen y visitan con regularidad en un orfanato del que no lo pueden sacar. Han solicitado a las autoridades marroquíes que no se les aplique retroactivamente la circular que se envió en septiembre, pero hasta ahora no lo han conseguido.

Fuente: elpais.com