viernes, 11 de mayo de 2012

De opinión

El impacto de la crisis sobre la democracia
La derecha pretende desmontar el Estado social con la excusa de salir de la recesión

La crisis es la primera de nuestras preocupaciones, pero que con ella la democracia pueda ir deteriorándose —a pesar de que se acumulan los síntomas, el último, volver a una televisión pública, mero instrumento de propaganda del Gobierno—, es cuestión que sigue en la penumbra.
Habría llegado el momento de cambiar el mercado laboral, reajustar la política social, la fiscalidad, las instituciones financieras, controlar las Comunidades Autónomas, todo habría que cambiarlo, menos corregir las deficiencias de nuestra democracia, por no cambiar, ni siquiera una ley electoral que tan descaradamente favorece el bipartidismo.
Desde la caída del bloque soviético, la democracia representativa por vez primera no compite con otras opciones. Ha llegado a la cima de su prestigio, pero habría que retroceder a los años treinta del siglo pasado para encontrar tamaño distanciamiento de las instituciones democráticas establecidas. Pese a que después del paro, la segunda preocupación de los españoles sean los políticos, estos no se dan por aludidos, escudados en la expectativa de que la crisis difumine valoración tan negativa.
En suma, cuando la democracia parece indiscutible, arrecia con fuerza la crítica a sus instituciones. Paradoja que en un primer momento podría explicarse por la misma consolidación de la democracia: que se critique cada vez más y mejor podría interpretarse como prueba de que estuviese más y mejor arraigada. Si se detecta una mayor crítica interna en un partido, asociación o institución, es señal de la buena marcha democrática, hasta el punto de que tal vez cabría afirmar que cuánto más críticas, más patente quedaría su buen funcionamiento.
Hay que robustecer los controles como forma de combatir la corrupción
Para dar cuenta del aumento de denuestos a la democracia se podría añadir un segundo argumento, y es que, al encontrarse sin competencia imaginable, criticarla implica mucho menor riesgo. En la “guerra fría” excederse en las críticas del modelo occidental se interpretaba como prueba de preferir el soviético; así que se andaba con mucho tiento a la hora de criticar la democracia representativa.
Aunque haya que tomar en cuenta las dos explicaciones anteriores, el malestar generalizado rebasa con mucho la mera confirmación del buen funcionamiento de la democracia y, desde luego, es algo de mucho mayor calado que una mera reacción coyuntural ante el comunismo, o su caída. Que el fenómeno no es tan simple queda de manifiesto en el hecho de que lustros antes del derrumbamiento de la Unión Soviética ya se detectaba un enfado creciente. En los años setenta, la izquierda hablaba de la “crisis de legitimidad del capitalismo tardío” y la derecha, de la creciente “ingobernabilidad” de las democracias establecidas. Con todo, en los últimos tiempos la irritación con el funcionamiento de la democracia se extiende a una velocidad preocupante, hasta el punto de que incluso en una minoría —que en algunos países europeos por desgracia crece a buen ritmo— se condensa en actitudes claramente antidemocráticas. De ahí que convenga distinguir las críticas y frustraciones que provienen de contraponer el ideal de lo que debería ser la democracia con su funcionamiento real, de aquellas otras que subrayan los males que se denuncian como consecuencia necesaria de unos principios que no podrían dar otros resultados, es decir, de la crítica de la democracia en cuanto tal. Incluso en una situación de relativa calma chicha como la de Alemania desde la unificación —los sueños se habían hecho realidad— con índices socioeconómicos entre los mejores de Europa, el concepto que ha terminado por prevalecer para designar las relaciones de la población con la política es Verdrossenheit, una mezcla de enojo y fastidio. El concepto de Politikverdrossenheit, hastío de la política, comporta una doble dimensión: de una parte, supone una valoración negativa de los políticos y de todo lo que tenga que ver con la política; de otra, un simple desentenderse de la política, por desinterés o cansancio. Ante la política el ciudadano se irrita, o pasa de ella.
¿De dónde proviene enojo tan generalizado? Formulemos una primera hipótesis. En un mundo con tantas y tan grandes mutaciones en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, las instituciones se muestran cada vez menos capaces de responder a los nuevos desafíos, pero, pese a esta manifiesta impotencia, permanecen petrificadas sin tener previsto, ni siquiera para un futuro más o menos lejano, mudanza alguna. Que las instituciones permanezcan inamovibles, cuando se producen tantos cambios y tan rápidos, explicaría el desasosiego que se detecta. El malestar lo produciría la velocidad del cambio con un anquilosamiento de las instituciones que, no solo son cada vez menos operativas para resolver los problemas a los que se enfrentan, sino que con su ineficacia salta a la vista el uso que de ellas hace una clase política que las utiliza como fuente exclusiva de poder y riqueza, que es lo que en un sentido lato habría que llamar corrupción. En suma, la velocidad del cambio social produce vértigo, a la vez que las aguas estancadas, inmundicia.
Para dar cuenta del amplio malestar que invade a Europa, el hecho crucial es una eficacia a la baja para resolver los problemas que son competencia de las instituciones. Para disimular esta tendencia se recubren de una falsa apariencia, mostrándolas muy distintas de lo que realmente son, con lo que aumenta hasta extremos insoportables la discrepancia entre realidad y apariencia —algo que, por lo demás, se da en toda sociedad— obligando a los ciudadanos a comulgar con ruedas de molino, con la amenaza de que, si se negaran a ello, se les difamará de enemigos de la democracia. Esta ambigüedad, cuando no confusión general, desemboca en una utilización de las instituciones para fines ajenos a los establecidos: y en esto consiste el concepto más amplio y genérico de corrupción. La falta de adecuación de las instituciones a las necesidades sentidas, con una ineficacia en aumento, es el problema de fondo; su utilización para fines espurios, la llamada corrupción, un subproducto derivado. De ahí que robustecer los controles como forma de combatir la corrupción, a la larga se revele poco eficaz, al menos mientras no se ataque la cuestión de fondo, la inadecuación creciente de las instituciones políticas a las exigencias económicas y sociales que al comienzo del tercer milenio demandan las sociedades europeas.
La crisis de la democracia no es un fenómeno circunstancial que pudiera resolverse con algunos arreglos superficiales, sino que exige cambios sustanciales, de esto somos cada vez más conscientes, pero también del escaso consenso que existe sobre su posible contenido y alcance. No solo a la izquierda se le ha hundido el suelo bajo los pies, arrastando consigo todos sus supuestos anteriores, es que la tesis de la derecha de que todo se reduce a librar a la sociedad y a la economía de las garras del Estado, si bien marcha en la dirección que indica la internacionalización de la economía, no nos engañemos, lleva en su seno el desmontaje del Estado social, pedestal sobre el que se levanta la democracia establecida.
Es necesario reaccionar a tiempo ante el sistemático desguace del Estado democrático, que se justifica como un elemento imprescindible para salir de la crisis, así como prestar mayor atención a las nuevas formas de organización democrática que vayan surgiendo en la sociedad.

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.

Fuente:elpais.com

Y después de declararse insolvente qué va a ocurrir...

Valencia justifica cobrar por una operación de cáncer a una ‘sin papeles’
La Consejería de Sanidad dice que su obligación es facturar
La pareja de la paciente debe pagar 20.800 euros por la intervención

Fan y Guillamó muestran la factura por el tratamiento. / P. OLIVARES
“Nuestra obligación es facturar los casos que sean facturables, ya sea a un ciudadano chino, norteamericano o ruso, y hacer lo que harían ellos en sus países”. El consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana justificó ayer la factura de 20.797 euros remitida a Eduardo Guillamó por la operación de cáncer de recto y ovario practicada en el Hospital General de Alicante a su compañera sentimental, Landi Fan, de nacionalidad china, que se encuentra en España en situación irregular y sin cobertura sanitaria.
Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por este diario abundaron en este argumento al insistir en que la Administración tiene el deber de reclamar el pago de los procesos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, como es el caso de esta paciente que no tenía ningún sistema de aseguramiento ya que no había conseguido ni ser beneficiaria de su pareja ni obtener la tarjeta sanitaria destinada a personas sin recursos. Además recordaron que Guillamó asumió por escrito “hasta en tres ocasiones distintas” correr con los gastos de la intervención. “Era la única forma de conseguir que la atendieran”, insistió ayer el compañero de la enferma, que se encuentra en el paro y recibe una prestación de 800 euros.
“Hemos actuado correctamente”, explicaron desde la Administración valenciana. “La factura recae sobre un tercero porque es quien se hizo cargo de la asistencia sanitaria y se ha trasladado la tasa correspondiente a la Agencia Tributaria para que se haga cargo del cobro”.
En su intervención, el consejero valenciano explicó que no es lo mismo facturar que cobrar. E indicó que si la persona que ha de hacer frente al pago no tiene los suficientes recursos económicos “evidentemente no tendrá que pagar esta asistencia sanitaria”. Desde el departamento valenciano de Sanidad aclararon que esto no quiere decir que se paralice el procedimiento: “La factura sigue adelante”, aclararon. Sino que la Agencia Tributaria no podrá cobrar al acreedor en el caso de que se declare insolvente.
El Ministerio de Sanidad tiene previsto dejar sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular a partir del próximo mes de septiembre.

más información

Fuente: elpais.com

jueves, 10 de mayo de 2012

Quid pro quo

Noruega ha prohibido a Arabia Saudí financiar mezquitas mientras no permitan construir iglesias en su país.
El Gobierno noruego ha dado un paso importante a la hora de defender la libertad en Europa frente al totalitarismo islámico.
Jonas Gahr Stor, ministro de Asuntos Exteriores, ha afirmado que se rechazarán las donaciones millonarias de Arabia Saudí y varios empresarios musulmanes para financiar la construcción de mezquitas en Noruega. Según dicho ministro, las comunidades religiosas tienen derecho a recibir ayuda financiera, pero el gobierno noruego, excepcionalmente y por razones lógicas, no apoya la financiación islámica con cientos de millones de euros. Jonas Gahr Stor apunta que "sería una paradoja, y antinatural aceptar las fuentes de financiación de un país donde no hay libertad religiosa”. El ministro también afirma que “la aceptación de ese dinero sería un contrasentido ”, recordando la prohibición que existe en el país árabe para la construcción de iglesias de otras religiones. Jonas Gahr Stor también anuncia que “Noruega llevará el asunto ante el Consejo de Europa” donde defenderá esta decisión basada en la más estricta reciprocidad con Arabia Saudita.
A lo mejor tenemos que hacer más "quid pro quo", aplicar el principio de reprocidad con otros países y recortar menos en sanidad y educación. Así, no se enriquecerían sólo unos cuantos y seguro, ganaríamos todos.

miércoles, 9 de mayo de 2012

Novedades en Normativa

Trámites de Extranjería: Tarjeta de residencia para familiar de español o ciudadano comunitario.
Normativa

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. o Instrucciones DGI/SGRJ/13/2007, relativas al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.
Instrucción DGI/SGRJ/03/2010, sobre aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de junio de 2010, relativa a la anulación de varios apartados del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero.

ATENCIÓN: MODIFICADO EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN COMUNITARIO.  A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2012 SE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE MEDIOS DE VIDA SUFICIENTES PARA OBTENER LA RESIDENCIA DE FAMILIAR DE COMUNITARIO Y SEGURO DE ENFERMEDAD.
Tipo de solicitud:

Los familiares de ciudadano o de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando se reúnan con él o le acompañen, y vayan a residir en España por un período superior a tres meses, deberán solicitar y obtener una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.
Requisitos para poder solicitar la tarjeta de familiar de comunitario
1. Acompañar o reunirse con el ciudadano de la Unión o de otro Estado parte.
2. Tener el siguiente parentesco con el ciudadano:
a. Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.
b. Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.
c. Descendientes directos del ciudadano o de su cónyuge o pareja registrada menores de veintiún años, o mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.
d. Ascendientes directos del ciudadano o de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo.

Documentación para el inicio de la Solicitud de tarjeta comunitaria:

1. Impreso de solicitud en modelo oficial (EX 16) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el familiar del ciudadano de la Unión.
2. Copia del pasaporte completo válido y en vigor. En el supuesto de que esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación. Deberá exhibirse el documento original en el momento de presentar la solicitud
3. Documentación acreditativa de la existencia de vínculo familiar:
a. Si solicita el cónyuge o pareja con relación análoga a la conyugal:
1. Certificado de matrimonio actualizado, o certificación expedida por el encargado del registro de parejas correspondiente. Se debe acreditar también el estado civil de los miembros de la pareja de hecho.
b. Si solicita el descendiente del ciudadano de la Unión:
1. Certificado de nacimiento.
2. Si el descendiente es mayor de 21 años, documentación acreditativa de vivir a cargo o estar incapacitado.
c. Si solicita el descendiente del cónyuge o pareja del ciudadano de la Unión:
1. Certificado de nacimiento.
2. Si el descendiente es mayor de 21 años, documentación acreditativa de vivir a cargo o estar incapacitado.
3. Certificado de matrimonio o certificado del registro de parejas del ciudadano de la Unión.
4. En caso de que el descendiente sea menor de edad, documentación acreditativa de que el cónyuge o la pareja del ciudadano de la Unión ejerce en solitario la patria potestad, o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo.
d. Si solicita el ascendiente del ciudadano de la Unión o su cónyuge:
1. Certificado de nacimiento del ciudadano de la Unión o de su cónyuge o pareja.
2. Documentación acreditativa de vivir a cargo.
3. Si es ascendiente del cónyuge o pareja del ciudadano de la Unión, certificado de matrimonio o certificado del registro de parejas del ciudadano de la Unión.
4. Copia del certificado de registro del ciudadano de la Unión al que acompañan o van a reunirse o D.N.I. del ciudadano español.
5. Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.
Nota importante: cuando se aporten documentos de otros países deberán estar traducidos al castellano o lengua cooficial del territorio donde se presente la solicitud. Todo documento público extranjero deberá ser previamente legalizado por la Oficina consular en España con jurisdicción en el país en el que se ha expedido dicho documento y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación salvo en el caso en que dicho documento haya sido apostillado por la Autoridad competente del país emisor según el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961.
Procedimiento para la presentación de la tarjeta comunitaria.
Sujeto legitimado para presentar la solicitud: el familiar del ciudadano de la Unión o de otro Estado parte, personalmente.
Lugar de presentación: Oficina de Extranjeros o, en su defecto, en la Comisaría de Policía de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su domicilio.
Plazo de presentación: tres meses contados desde la fecha de entrada en España. Se entregará un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud que es suficiente para acreditar la situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta.
Haber solicitado la tarjeta de residencia no es condición necesaria para el ejercicio de los derechos como familiar de ciudadano de la Unión, siempre que se pueda acreditar ser familiar por cualquier medio de prueba.
Tasas: en el momento de la presentación de la solicitud se hace entrega del impreso de tasas, cuyo importe es de 10,20 euros, a fin de que sean abonadas con anterioridad a la expedición de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.
La expedición de la tarjeta de residencia deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tiene efectos desde el momento de la solicitud.
Validez de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión: la tarjeta tiene una validez de cinco años a partir de la fecha de expedición.

Fuente: parainmigrantes

martes, 8 de mayo de 2012

¿ Y quién lo va a pagar?, ¿los de siempre?

El rescate a Bankia, comparado con los recortes

Tras la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato, la entidad financiera Bankia se enfrenta a un posible rescate. La inyección económica que necesitaría el banco para seguir a flote ascendería a 7.000 millones de euros. Vea lo que supone dicha cantidad comparada con los recortes, partidas presupuestarias y recaudación impositiva.

Fuente: elmundo.es

Y sólo hablamos de España... pobre África

Expertos afirman que los recortes son un retroceso de 30 años en la lucha antisida

Seisida advierte de que dejar fuera a los inmigrantes sin papeles o reducir el presupuesto del Plan Nacional sobre el Sida tendrán consecuencias "impredecibles"

 

A los extranjeros sin papeles solo se las tratará en urgencias.
"Dinamitar el sistema de salud español supone un retroceso de 30 años en el VIH y el sida". Este es el elocuente título de un comunicado de la Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida (Seisida), emitido con motivo de los recortes anunciados por el Gobierno en Sanidad. "Supondrá echar por tierra un trabajo de más de 30 años en prevención, formación, información y tratamiento de las personas con VIH y sida. Conllevará, al igual que ha pasado en países como Grecia, que también cercenaron servicios sociales y sanitarios esenciales, un aumento en el número de personas con VIH y que la epidemia tome un rumbo incontrolable y desconocido", indican.
Dos son los aspectos de la reforma que más preocupan a los expertos. El primero y más novedoso, es el de dejar a los inmigrantes en situación irregular sin asistencia sanitaria (salvo las urgencias). "Si recortamos en el acceso a los servicios de salud a las personas sin tarjeta sanitaria, muchos de los cuales pueden estar infectados por el VIH, ¿cómo vamos a controlar la infección? ¿cómo vamos a integrar al paciente con VIH en el sistema de salud?", se preguntan retóricamente.
Las consecuencias de este tipo de medidas impedirán diagnosticar y tratar a parte de los afectados en España. El Plan Nacional sobre el Sida, con datos de 2010, cifraba en el 38,4% la proporción de extranjeros (sin especificar situación legal) sobre el total de diagnósticos de VIH. Como muestra de lo que puede ocurrir, la sociedad recuerda que "todavía hoy se estima que cada año se infectan más de 3.000 personas, y casi un 50% de estos es diagnosticado cuando su sistema inmunológico estaba en mal estado, menos de 350 linfocitos CD4, lo que complica su tratamiento. Este número podría duplicarse e incluso triplicarse en una situación como la actual. Y no hay que olvidar que los costes médicos directos de los pacientes diagnosticados de forma tardía son casi el doble que los de los pacientes diagnosticados en las fases iniciales de la infección".
La sociedad médica recuerda que, actualmente, la línea maestra del abordaje es que "tratar es prevenir", y que esto no puede hacerse si se niega el acceso a las personas a los antivirales, que son de dispensación hospitalaria. Esta política fue considerada uno de los descubrimientos científicos de 2011 por la revista Science, y está avalada por la Sociedad Internacional del Sida (IAS).
La otra pata de la prevención, el Plan Nacional sobre el Sida (PNS), también ha sufrido los recortes. "Una reducción de más del 50% de su presupuesto mutila al PNS y puede tirar a la basura” todos los logros conseguidos en España en la infección por VIH, mientras que la desaparición de los fondos destinados a las comunidades autónomas y la desaparición o reducción en las ayudas a las ONG en el presupuesto para el PNS puede producir una cascada de acontecimientos, en la que poco a poco desaparezcan los planes autonómicos el sida debido, no sólo a la falta de financiación estatal, sino a los propios recortes que se están produciendo en las comunidades autónomas".
La conclusión es que, como ha dicho The Economist, “de todas las enfermedades que matan a los pobres, ninguna es tan letal como un mal Gobierno”, y piden reflexión sobre los planes.
Fuente: elpaís.com

lunes, 7 de mayo de 2012

Es bueno saber

Derechos sociales; el otro déficit
El Estado debe rendir cuentas a los mercados, pero también a la ciudadanía. Un pacto internacional suscrito en 1977 obliga a España a respetar derechos esenciales de la población como la sanidad y la educación.

RAQUEL MARÍN

Recientemente se ha debatido en el Congreso de los Diputados las enmiendas al presupuesto para el año 2012, calificado como el más restrictivo de la historia de la democracia española. A los 27.300 millones de euros de reducción en gasto público, se sumó una semana después, un recorte de 10.000 millones en salud y educación. El 83% de la reducción del presupuesto corresponde al gasto público directo, la mayoría en áreas sensibles de la política social. Estos recortes castigarán más duramente a las mujeres de bajos recursos, a los jóvenes y a la población inmigrante. Su impacto se sentirá más allá de nuestras fronteras debido al recorte dramático en cooperación al desarrollo, que se reduce en un 72%. En forma y en fondo, estas medidas se han adoptado de espaldas a los sectores sociales, a la creciente realidad de indefensión económica de las familias, y sobre todo, a las obligaciones que en materia de derechos humanos debe observar el Gobierno español.
Sin embargo, ni el recorte sin precedentes del gasto social para lograr una reducción acelerada del déficit, ni los débiles anuncios de mayor recaudación vía impuestos incluida la cuestionada amnistía fiscal, han servido para satisfacer las expectativas de Bruselas o las de los especuladores de la deuda. El creciente escepticismo de estos respecto a las cuentas públicas, unido al daño que las medidas de austeridad causarán en la economía doméstica, amenazan con profundizar la crisis económica.
Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿Puede el Estado adoptar medidas de respuesta a la crisis ignorando los derechos sociales? ¿A quién rinde cuentas el Estado en última instancia, a los mercados o a la ciudadanía? En definitiva, es necesario analizar, más allá de la eficacia de las cuentas, si es legítimo que el gobierno, en su afán de cerrar el déficit presupuestario, profundice el déficit en materia de derechos sociales.
España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que exija mayor carga fiscal a quiene más tienen.
España no ha sido capaz de avanzar en un modelo más equitativo que haga recaer el peso de la carga fiscal sobre quienes más tienen, las llamadas grandes fortunas o rentas de capital. Las medidas para aumentar la recaudación anunciadas por el Gobierno son tímidas e insuficientes. Estas no apuntan al objetivo de sentar las bases de una política fiscal progresiva. De este modo, si el Estado español no amplia su base de recaudación y no corrige el impacto discriminatorio de su actual modelo fiscal, seguirán siendo los sectores de la población más afectados por los recortes los que más obligados seguirán estando a contribuir al erario público.
El desequilibrio entre los esfuerzos (mínimos) por aumentar la recaudación y las medidas de austeridad (desproporcionadamente duros) marcan una tendencia regresiva en materia de derechos sociales. Según la última Encuesta de Condiciones Vida del año 2011, en España, el 22% de los hogares vive por debajo del umbral de pobreza. La tasa de pobreza creció en más de dos puntos entre 2009 a 2011. A finales del año pasado, 580.000 hogares en España no recibían ingresos ni del trabajo, ni de prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social; es decir, se encontraban en extrema pobreza.
El aumento de la desigualdad también es palpable. La diferencia porcentual entre las rentas más altas con respecto a las más bajas pasó de 6 a 7 puntos en solo un año entre 2009 y el ejercicio siguiente. Además del impacto directo de las medidas de austeridad, la regresividad se hace evidente en la falta de un esfuerzo diligente del Estado para contrarrestar el retroceso en derechos que evidencian estos y otros indicadores sociales en los últimos años.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga defender los estándares básicos de la población
Ahora bien, el Gobierno no ha explicado las razones ni los criterios utilizados para recortar más en un sector que en otro, ni proporciona elementos que permitan entender por qué se recorta cuatro veces más en cooperación al desarrollo internacional que en Defensa, o por qué se elimina la ayuda para implementar la Ley de Dependencia para las comunidades, por qué elimina el fondo de promoción del empleo, y en general, no da cuenta de los elementos que permitan entender el grado de razonabilidad e idoneidad de estas decisiones tal como lo exigen las norma internacionales de derechos humanos. Tampoco ha tenido en cuenta el Estado los derechos económicos y sociales contenidos en la Constitución como principios rectores de la política pública, según lo ordena este mismo instrumento. Más aún, no ha generado los mecanismos de participación y escrutinio por parte de la sociedad civil para opinar e influir en estas medidas.
La participación de la ciudadanía en las decisiones que le afectan no es una facultad optativa de los gobiernos; es un derecho fundamental e inalienable que da significado y contenido a la democracia. El Gobierno español debe rendir cuentas en el plano político pero también en función de las obligaciones que se derivan de firmar tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, las organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de Naciones Unidas para canalizar y articular sus reclamos o alternativas.
España ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en 1977 y, en consecuencia, el Estado está obligado a seguir las reglas y estándares que se desprenden de este tratado. Precisamente esta tarde y mañana 8 de mayo en Ginebra, donde se encuentra la sede del comité que supervisa ese Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Naciones, España será interrogada por este grupo de expertos sobre la situación actual de estos derechos en este país. El Gobierno y la sociedad civil tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos ante este comité sobre distintos ámbitos de preocupación en materia de estos derechos y el Estado español deberá asumir compromisos para implementar medidas correctoras en respuesta a las recomendaciones que emanarán de este comité. Con este fin, una coalición de 19 organizaciones ha presentado un informe conjunto proveyendo a los expertos de información alternativa a la presentada por el Gobierno. Este informe pone en evidencia la preocupante situación de desigualdad, discriminación y déficits en los distintos derechos protegidos por el PIDESC.
De acuerdo a los parámetros establecidos por el PIDESC, el comité tendrá la oportunidad de interrogar al Estado español si utilizó “el máximo de los recursos” de que dispone para lograr el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales de la población; si realizó un esfuerzo cuidadoso y serio de evaluación de los recursos de que dispone así como de otras alternativas de generar y utilizar otros recursos.
Las organizaciones de la sociedad civil le han pedido al comité que evalúe si el Estado actuó con la diligencia antes y durante el proceso de diseñar, implementar o supervisar las medidas de austeridad incluidos los recortes del gasto social; si dispuso de medidas destinadas a disminuir o contrarrestar el impacto de dichas medidas sobre la población más vulnerable y si se cuidó de manera prioritaria de respetar y asegurar la disponibilidad de los contenidos mínimos esenciales de derechos como la educación, salud, vivienda y otros establecidos por el pacto.
El Estado español puede aprovechar esta oportunidad para explicar y, por qué no, enmendar los excesos y errores de sus políticas de austeridad. Lo que el Ejecutivo no puede hacer es seguir subordinando los derechos sociales a las exigencias del mercado, aceptando a pie juntillas las condiciones de Bruselas mientras ignora sus obligaciones en materia de derechos humanos y las exigencias de la sociedad civil. Tampoco debe olvidar que la obligación de rendir cuentas a Ginebra emana del consenso de las naciones que en un momento de la historia decidieron que todos los derechos y libertades de las personas merecen la protección de la comunidad internacional. Es, por lo tanto, una obligación tan legítima como la que tiene frente a Bruselas.
Gaby Oré Aguilar es directora de Programas, Center for Economic and Social Rights

Fuente: elpais.com